Derechos en educación

Los derechos del niño y adolescente con síndrome de down en la educación

María José Alonso Parreño

Para Canal Down21

Es importante tener presente que los derechos del niño o adolescente con síndrome de Down en el ámbito de la educación se enmarcan dentro de los que corresponden al llamado “alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad” y que dichos derechos no derivan del certificado de reconocimiento y grado de minusvalía sino de una valoración distinta que realizan las autoridades educativas exclusivamente para el ámbito educativo. Por tanto, un mayor grado reconocido de minusvalía no reduce el derecho a la integración escolar.

En este artículo no se pretende ofrecer un estudio exhaustivo de materia tan compleja, sino una visión general de la evolución histórica para tener una idea de cómo hemos llegado a la situación actual, un resumen de los derechos presentes en la normativa vigente tanto estatal como autonómica y unos apuntes sobre los principales problemas que, a juicio de la autora, se presentan en el ejercicio de estos derechos. Finalmente aparece al final un listado de legislación estatal y autonómica vigente y algo de bibliografía.

  1. Evolución de los derechos educativos de los niños con discapacidad

Hasta 1978, en España la única oferta educativa para los niños con síndrome de Down era la de educación especial.

La Constitución Española de 1978 marcó un punto de inflexión en este tema como en tantos otros relativos a los derechos de las personas con discapacidad

Por una parte el art. 27 de la Constitución Española reconoce el derecho de TODOS a la educación y sitúa este derecho entre los superprotegidos de la sección Primera del capítulo II del Título primero.

Por otra parte el art. 49 CE obliga a los poderes públicos a realizar una política de integración de los niños con discapacidad, prestándoles la atención especializada que requieran y amparándolos para disfrutar de sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación. Dicho artículo está situado por el contrario en el Capítulo III del mismo Título I, es decir “Principios rectores de la política social y económica”.

La Ley 13/1982, de 7 de abril de Integración de los Minusválidos (LISMI) desarrolló estos preceptos constitucionales relativos a la educación en sus artículos 23 a 31, que siguen vigentes, estableciendo los principios de normalización y sectorización de los servicios, integración y atención individualizada que han de presidir las actuaciones de las Administraciones públicas, en todos sus niveles y áreas, en relación con las personas con alguna minusvalía.

El art. 23 de la LISMI establece:

“1. El minusválido se integrará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en su caso, los programas de apoyo y recursos que la presente Ley reconoce.

  1. La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la presente Ley.”

Por otra parte, el art. 27 de la LISMI afirma:

“Solamente cuando la profundidad de la minusvalía lo haga imprescindible, la educación para minusválidos se llevará a cabo en Centros específicos. A estos efectos funcionarán en conexión con los Centros ordinarios, dotados de unidades de transición para facilitar la integración de sus alumnos en Centros ordinarios.”

A partir de ahí se fue vertebrando todo un programa de integración escolar, que comenzó en el ya derogado Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial, el cual estableció un conjunto de medidas, tanto de ordenación como de planificación, tendentes a la progresiva transformación del sistema educativo con objeto de garantizar que los alumnos con necesidades especiales puedan alcanzar, en el máximo grado posible, los objetivos educativos establecidos con carácter general y conseguir de esta manera una mayor calidad de vida en los ámbitos personal, social y laboral. Este Real Decreto recogía que la educación especial era obligatoria y gratuita igual que en los niveles ordinarios del sistema educativo y que los centros escolares ordinarios debían ser dotados de los medios necesarios para prevenir el fracaso escolar, evitando la segregación y facilitando la integración en la escuela y en el medio social del alumnado con deficiencias. También se establecía la obligación de dotar a los centros ordinarios de apoyos para atender la valoración y orientación educativa, el refuerzo pedagógico y los tratamientos y atención personalizada. Finalmente se contemplaba la atención educativa temprana para los alumnos disminuidos o inadaptados y la posibilidad de prolongar el final de la escolarización siempre que existan causas que lo justifiquen.

La implantación oficial de la integración educativa tenía una duración prevista de ocho años, que contemplaba dos fases: una con carácter experimental de tres años de duración (1985-88) y otra de cinco años, finalizando en el curso 1992-93. A partir de este momento, podemos decir que, con la Reforma Educativa, se afianza y generaliza la integración.

En octubre de 1990 fue promulgada la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). En esta ley orgánica se recogía por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales (concepto acuñado a partir del informe Warnock de 1978) como alternativa a los términos de minusválido, deficiente, disminuido, inadaptado, discapacitado, etc. De este modo se deja de centrar la atención en las limitaciones de la persona para poner el énfasis en las respuestas que es necesario darle desde la escuela, desde el máximo nivel normativo y en una ley del sector de la educación. A partir de este momento la pregunta que deben hacerse los centros es ¿Qué debemos hacer en nuestra organización y metodología para ser capaz de dar respuesta educativa a todos los alumnos, sin exclusiones?

El art. 36 de la LOGSE (hoy derogado por la LOCE) establecía que “el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.”

Además se decía que “la atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar.”

Por otra parte la identificación y valoración de las necesidades educativas especiales (en adelante “NEE”) se encomendaba a equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que debían establecer en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los alumnos. Al final de cada curso se debían evaluar los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales, en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial.

Dicha evaluación permitiría variar el plan de actuación en función de sus resultados.

También especificaba la LOGSE en su ya derogado art. 37 que:

“1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativo deberá disponer de profesores de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos.

  1. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos y las Administraciones educativas competentes garantizarán su escolarización.
  2. La escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración.
  3. Las Administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.”

En 1994 es de obligatoria mención la Declaración de Salamanca, efectuada al final de la Conferencia Internacional sobre necesidades educativas especiales que tuvo lugar en nuestro país organizada por la UNESCO. Dicha Declaración, aunque no vinculante, ha tenido una influencia decisiva en la legislación de numerosos países. En el nuestro, además de consolidar un cambio –ya iniciado con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)– en lo que se refiere a la manera de actuar en los centros educativos en relación con los alumnos con necesidades educativas especiales, generó todo un desarrollo legislativo en aras de una mejora en dicha atención, no solamente a nivel escolar, sino también a nivel personal y social. De manera general empezaron a surgir leyes, reales decretos, decretos, órdenes y resoluciones, que pretendían contribuir al cambio mencionado.

Así las necesidades educativas especiales fueron definidas en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, cuya disposición adicional segunda, hoy derogada, las definía de la siguiente manera:

“Se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.”

Esta misma ley imponía una distribución equilibrada de los alumnos con NEE entre todos los centros de una zona.

Luego destaca el Real Decreto 696/1995, de 28 de abril de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales, que regula las condiciones para la atención educativa a estos alumnos–que comenzará tan pronto como se detecten sus necesidades– y las garantías para la calidad de la enseñanza. Este Real Decreto dio lugar a la aparición de otros decretos de contenido similar en las Comunidades Autónomas que paulatinamente iban asumiendo del Estado las competencias en materia de educación (Cataluña, Valencia, Galicia, Canarias…).

Pero no hay que olvidar en esta década la aprobación en diciembre de 2002 de la Ley de Calidad del Sistema Educativo, en cuyos planteamientos algunos autores han vislumbrado cierto retroceso en todo lo logrado hasta el momento por mencionarse las características de los alumnos y no el entorno familiar, social y sobre todo educativo, que les rodea. Sin embargo la vigente Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) contiene cuatro artículos dedicados a los alumnos con NEE, los artículos 44 a 48, que no parecen suponer un retroceso en absoluto en términos de recursos y posibilidades de atención a los alumnos con NEE aunque utilice un lenguaje diferente al de la LOGSE.

En cuanto a las modalidades de escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, el art. 45.1 de la LOCE establece cuatro modalidades:

- integración en grupos ordinarios

- aulas especializadas en centros ordinarios,

- centros de educación especial

- escolarización combinada.

Por último, es preciso hacer referencia al Proyecto de Ley Orgánica de Educación, en el que vuelve a aparecer una definición de los alumnos con NEE, y en el que se elude hablar de modalidades de escolarización aunque en su espíritu esta implícito el derecho del alumno a un régimen con la mayor integración posible. Este Proyecto de Ley vuelve a imponer una distribución equilibrada de los alumnos con NEE entre todos los centros de la zona.

Como es bien sabido, la adquisición de competencias en materia de educación ha tenido una evolución desigual en las distintas comunidades. Así, desde 1980 en que adquirieron competencias Cataluña y el País Vasco, hasta 1999 en que lo hicieron Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León y Murcia, progresivamente se han ido incorporando el resto de comunidades: Galicia y Andalucía en 1982, Comunidad Valenciana y Canarias en 1983, Comunidad Foral de Navarra en 1990, Baleares en 1997 y Cantabria, La Rioja y Aragón en 1998. La excepción son Ceuta y Melilla, únicos territorios en los que el Gobierno Central mantiene las competencias educativas.

  1. Resumen de derechos del niño y adolescente con síndrome de Down en el ámbito educativo

En primer lugar es preciso insistir en que los apoyos proporcionados a cada niño se fundan en la valoración de las necesidades educativas especiales del alumno en cuestión que efectúa la Administración educativa, valoración que se incluye en el dictamen de escolarización de cada alumno con NEE.

En segundo lugar es importante destacar que es la Administración educativa la que escolariza a los alumnos con NEE y determina la modalidad educativa (integración o especial) para cada uno de estos, sin perjuicio de los derechos de los padres a dar su opinión, estar informados y recurrir.

A partir de aquí, los derechos del niño con NEE asociadas a discapacidad, que puedan ser aplicables al niño con síndrome de Down, reconocidos en el ámbito educativo, tanto en la legislación estatal como autonómica, no siempre formulados con la misma rotundidad ni en los mismos términos, pueden resumirse en los siguientes:

1º Derecho a una atención educativa específica desde el momento de la detección de las NEE, con los apoyos que cada alumno necesite.

En cuanto al proceso de escolarización y su seguimiento:

2º Derecho a una evaluación psicopedagógica que determine sus NEE y que sirva de base para hacer adaptaciones curriculares individualizadas y decidir sobre los apoyos complementarios precisos. Todo ello conforme al dictamen o informe de escolarización.

3º Escolarización en integración salvo que las NEE del alumno no puedan ser razonablemente satisfechas, en cuyo caso se acudirá a la modalidad de educación especial.

4º Seguimiento continuado y revisión de la modalidad.

5º Flexibilización de edades en las distintas etapas (generalmente un año por etapa).

6º Acceso a estudios superiores con los medios necesarios (Bachillerato, Formación profesional, Universidad, Programas de Garantía Social).

7º Orientación posescolarización

En cuanto al contenido de los apoyos y ayudas:

8º Adaptaciones curriculares en integración. Currículo adaptado para las discapacidades psíquicas más severas en educación especial.

9º Uso de sistemas alternativos de comunicación y medios técnicos y didácticos facilitadores.

10º Becas y ayudas económicas individuales.

11º Servicios escolares en hospitales y en algunas CCAA como Cataluña y País vasco incluso a domicilio para enfermedades de larga duración.

12º Accesibilidad de los nuevos centros educativos y programas para hacer accesibles los antiguos.

13º Disminución de ratios profesor-alumnos en integración y de ratios mucho más pequeños en educación especial. Establecimiento de medios personales complementarios con arreglo a dichos ratios (profesor de apoyo, auxiliar técnico educativo, logopeda, fisioterapeuta, etc.).

14º Variantes más inclusivas de educación especial:

o Aulas de educación especial en centros ordinarios.

o Escolarización combinada educación especial/educación en integración.

15º Posibilidad de acuerdos de colaboración de las administraciones educativas con otras Administraciones o entidades públicas o privadas.

16º Preparación para el empleo a través de las adaptaciones curriculares en integración en la ESO o a través de los Programas de Transición a la Vida Adulta en especial y los Programas de Garantía Social tanto en integración como en especial.

En cuanto a los derechos de los padres:

17º Derecho de los padres a elegir centro entre los que reúnan los recursos personales y materiales necesarios.

18º Derecho a la información continuada de los padres sobre las decisiones que afecten a sus hijos.

19º Orientación a los padres para la cooperación escuela/familia.

20º Derecho a recurrir la resolución si no se está de acuerdo con el centro designado por la Administración.

Si bien las distintas CCAA han regulado los mismos derechos, lo han hecho en normas de diferente rango, y con un grado de compromiso muy variable por parte de las distintas CCAA, destacando el País Vasco por su avance en la inclusión y Madrid y Asturias por su escaso desarrollo normativo.

3.Principales problemas que se plantean en el ejercicio de estos derechos

A juicio de la autora de este artículo, los principales problemas que se plantean en relación con los alumnos con discapacidad intelectual son los siguientes:

  1. a) En cuanto a la determinación de la modalidad de escolarización que efectúa la Administración.

En educación Infantil y Primaria, generalmente se asigna a los niños con SD la modalidad de integración. No obstante, para algunos niños la modalidad más adecuada sería la de integración pero se les asigna la modalidad de especial porque los centros de educación ordinaria no tienen la accesibilidad ni los medios personales y materiales adecuados. Esto ocurre evidentemente en aquellas CCAA donde sus Administraciones están menos comprometidas y sus normas redactadas de una manera más ambigua. No obstante el tema de la modalidad más adecuada plantea dilemas difíciles de resolver. A este respecto, Marchesi ha reflexionado de la siguiente manera:

“El nuevo enfoque de los alumnos con necesidades educativas especiales ha contribuido a ampliar su integración en la escuela ordinaria y a impulsar cambios que contribuyan a su mejor educación. Sin embargo, los debates se mantienen sobre qué tipo de enseñanza es la más adecuada para cada uno de los alumnos y en qué tipo de centros encuentra una mejor respuesta a sus demandas educativas. De hecho, en casi todos los países se mantienen las escuelas específicas para los alumnos con mayores problemas y su existencia y reconocimiento social coexiste con el que se proporciona a las escuelas ordinarias que integran alumnos con alguna discapacidad.

La pluralidad de opciones educativas existentes refleja claramente el carácter interactivo del concepto de necesidades educativas especiales y el conflicto que existe entre dos tipos de derechos de los alumnos: a una educación común no segregada y a una educación eficaz y de calidad. Algunos alumnos exigen una respuesta educativa estrictamente individual, especializada y continuada que casi ningún centro ordinario puede proporcionar, al menos en las condiciones actuales. Incluso sin llegar a ese extremo, los centros educativos deberían realizar modificaciones drásticas para garantizar el aprendizaje de determinados alumnos con necesidades educativas especiales. En estos casos, el riesgo que existe si se opta por la modalidad integradora es que no se asegure el progreso de estos alumnos de acuerdo con sus posibilidades.”

  1. b) El derecho a la libre elección de centro y sus límites. Puesto que es la Administración la que escolariza, y en concreto las Comisiones de escolarización, limitándose los padres simplemente a opinar y elegir entre los centros que la Administración les ofrece, con los medios materiales y personales adecuados, muchas veces las posibilidades de elección son muy limitadas y alejadas del domicilio del niño, porque la Administración escatima el poner nuevos recursos en centros que no los tenía, y porque muchas veces los centros concertados de muchas CCAA no desean escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales y se guardan mucho de solicitar los medios personales y materiales adecuados y de admitir un número de alumnos con NEE que justifique dichos medios. Este criterio de los medios materiales y personales adecuados que, en principio, debería ser una garantía de calidad de la atención de los alumnos con NEE, podría entrar en colisión con el derecho constitucional de los padres o tutores legales a elegir centro educativo para escolarizar a sus hijos, dado que se limita y condiciona la oferta de centros a los dotados de los recursos necesarios.

En definitiva, las normas no garantizan un puesto escolar adecuado cercano al domicilio del niño o en el centro donde se educan sus hermanos. En cualquier caso el compromiso por parte de la Administración varía de unas CCAA a otras, destacando la del País Vasco, cuyas normas están redactadas en términos que realmente garantizan los derechos educativos del niño con discapacidad.

  1. c) El profesorado de los centros ordinarios no está suficientemente formado en todas las CCAA y tiene sobrecarga de trabajo. Muchas veces no se siente suficientemente formado ni responsable de educar a los alumnos con NEE.
  2. d) Escasez de centros educativos de integración. En ocasiones son obligadas las largas distancias del domicilio al centro unido a escasas ayudas económicas para el comedor, transporte escolar y apoyos a la integración.
  3. e) Elevado coste económico de los centros educativos privados sin que haya oferta pública suficiente ni becas de transporte y comedor suficientes. Es preciso recalcar que la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas incluyó en su art. 12.2.b) incluía una disposición que decía que “se otorgará un subsidio a las familias numerosas que tengan en su seno a hijos discapacitados o incapacitados para trabajar que presenten necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad. Sin embargo el proyecto de Reglamento de la ley de Familias Numerosas con el que actualmente se está trabajando lo único que hace es decir que ese subsidio son las becas del Ministerio de Educación y Ciencia que se han venido convocando desde hace muchos años para las familias numerosas y que sufragan aproximadamente un tercio del coste de comedor y transporte escolar en los centros privados concertados. Parece que en la práctica, este nuevo subsidio para apoyar la educación de los niños con discapacidad va a quedar en nada.
  4. f) Insuficiencia de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), subdivididos en Equipos de Atención Temprana (EAT), Equipos generales y Equipos Específicos. En la práctica, en pocas CCAA prestan a los niños los servicios de orientación y seguimiento que recogen las normas por falta de personal suficiente y formación adecuada.
  5. g) Los centros de educación especial no se están transformando en centros de recursos para todo el sistema educativo como se preveía en el art. 24 RD 696/1995 y legislación autonómica concordante.
  6. h) No se realizan suficientes programas de formación a familias para la coordinación con la escuela.
  7. i) No hay coordinación ni colaboración suficiente entre los órganos de las Administraciones públicas ni con las Asociaciones para dar a los niños con discapacidad una educación de calidad.

En definitiva las normas no son lo suficientemente precisas a la hora de garantizar los derechos, muchas de las personas que trabajan en la Educación aún no tienen suficientemente interiorizado el modelo inclusivo de educación y la mayoría de las Administraciones Públicas siguen escatimando recursos, considerando que hacen caridad y no que están dando cumplimiento a derechos subjetivos de los niños.

Desde el ámbito educativo se habla de un estancamiento en este proceso, de que hay grandes diferencias entre lo dicho y lo hecho, de que hay un riesgo de quedarse en la superficie, de que el modelo inclusivo se quede en una moda. Se achaca incluso, por parte de algunos, la bajada de nivel en la enseñanza a la presencia de los alumnos con nneeee sin prueba alguna.

El propio sistema educativo, al que reclamamos con insistencia su papel en pro de la inclusión educativa y social, puede ser frecuentemente el primer ámbito de exclusión que experimenten muchos alumnos.

Sin embargo, aunque veamos momentos de parada, ya no cabe un retroceso en el modelo de integración implantado en España y hay muchas personas impulsando el avance continuo hacia una escuela verdaderamente inclusiva.

LEGISLACIÓN

De alcance estatal

LISMI Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos

LOGSE Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo (arts. 36 y 37, entre otros muchos, derogados)

LOPEGCD Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (Disp. adic. Segunda, entre otros muchos artículos, derogada)

LOCE Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación

LOE Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Real Decreto 696/1995, de 28 de abril de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales

De alcance autonómico

Para no hacer interminable este listado, no se incluyen las normas que tienen carácter anual relativas a ayudas individuales, programas de garantía social, diversificación curricular en la ESO y formación del profesorado. La lista de normas autonómicas se amplía constantemente.

Andalucía

Ley 1/1999, de 31 de marzo de atención a las personas con discapacidad en Andalucía (BOJA 17 abril 1999) Título III atención a las necesidades educativas especiales

Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación (BOE 2 diciembre 1999) arts 6 a 11

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.

Aragón

Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Infancia y la Adolescencia (BOE 8 agosto 2001) Art. 20.2, Art. 27

Decreto 217/2000, de 19 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de atención al

alumnado con necesidades educativas especiales.

Baleares

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de ordenación e Innovación, por la que se regula provisionalmente las condiciones mínimas de las aulas de Educación Especial ubicadas en centros ordinarios (BOCAIB 119/2000 28 septiembre 2000).

Canarias

Decreto 286/1995, de 27 de julio, de ordenación de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales (BOC 11/10/95).

Orden de 9 abril 1997, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre escolarización y recursos para alumnos/as con necesidades educativas especiales por discapacidad derivada de déficit, trastornos generalizados del desarrollo y alumnos/as hospitalizados (BOC 25/04/07).

Cantabria

Decreto 98/2005, de 18 de agosto, del Consejo de Gobierno de Cantabria, sobre la ordenación de la atención a la diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria (BOCTB 29 agosto 2005).

Castilla-La Mancha

Ley 3/1999, de 31 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre Menores (BOE 25 mayo 1999) Art. 20.4

Decreto 138/2002, de 8 de octubre de 2002, por la que se ordena la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DO Castilla-La Mancha 11 octubre 2002).

Resolución de 17 de junio de 2002, de la Dirección General de Coordinación y Política Educativa, por la que se aprueban instrucciones sobre las unidades de Educación Especial en los centros de Educación Infantil y Primaria para la atención educativa a alumnos con necesidades educativas especiales. (DOCM 24 junio 2002).

Orden de 12 de julio de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen criterios para la suscripción de convenios de colaboración con entidades sin finalidad de lucro en los ámbitos de formación permanente del profesorado no universitario, atención al alumnado con necesidades educativas específicas y educación en valores en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM 26 julio 2004).

Orden de 24 de junio de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de programas de diversificación curricular en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en centros privados concertados (DOCM 6 julio 2004).

Orden de 24 de junio de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se fijan los criterios para la dotación de recursos destinados a la atención a la diversidad del alumnado en centros privados concertados.

Castilla y León

Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León (BOE 17 agosto 2002) Art. 17 y 38

Cataluña

Ley 8/1995, de 27 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de Atención y Protección de los Niños y los Adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciembre, sobre Medidas de Protección a los Menores Desamparados y de la Adopción (BOE 30 agosto 1995) Art. 30.

Decreto 299/1997, de 25 de noviembre, sobre atención educativa al alumno con necesidades educativas especiales (DOGC 28 noviembre 1997).

Decreto 154/2003, de 10 de junio, sobre la comisión interdepartamental de coordinación de actuaciones de la administración de la generalidad dirigidas a la infancia y a la adolescencia con discapacidades o con riesgo de padecerlas.

(DOGC 4 julio 2003).

Orden ENS/304/2002, de 1 agosto, Regula los programas adaptados de garantía social y los programas de formación para la transición a la vida adulta destinados a chicos y chicas con necesidades educativas especiales, derivadas de discapacidades, escolarizados en centros de educación especial o unidades de educación especial en centros ordinarios (DOGC 13 septiembre 2002)

Decreto 123/2002, de 16 abril, Ordenación general de Programas de Garantía Social (DOGC 2 mayo 2002).

Galicia

Ley 3/1997, de 9 de junio, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de Familia, Infancia y Adolescencia (BOE 11 julio 1997) Art. 8

Orden de 27 diciembre 2002, establece las condiciones y criterios para la escolarización en centros sostenidos con fondos públicos del alumnado de educación no universitaria con necesidades educativas especiales (DOG 30 enero 2003).

Decreto 120/1998, de 23 de abril, por el que se regula la orientación educativa y profesional en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 14 mayo 1998).

Orden de 31 de octubre de 1996, por la que se regula la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general, y se establece el procedimiento y los criterios para la realización del dictamen de escolarización (DOG 19 diciembre 1996).

Decreto 320/1996, de 26 de julio, de ordenación de la educación de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales (DOG 6 agosto 1996).

Decreto 87/1995, de 10 de marzo, por el que se regula la admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria. (DOG 25 mayo 1995).

Madrid

Ley 6/1995, de 28 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia (BOE 2 agosto 1995) Art. 46.2.a)

Instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa para el funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en centros educativo-terapéuticos durante el curso escolar 2003/2004.

Instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa para el funcionamiento del Servicio de Apoyo educativo domiciliario durante el curso escolar 2003-2004.

Orden 992/2002, de 11 de diciembre, de las Consejerías de Educación y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la que se establece la colaboración entre ambas Consejerías, para la atención educativa de la población hospitalizada en edad de escolaridad obligatoria (BOCAM 23 enero 2003).

Instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa para el funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en instituciones hospitalarias durante el curso escolar 2002-2003.

Murcia

Instrucciones de la Secretaría Sectorial de Educación, por las que se establece el procedimiento para la admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación Secundaria, para el curso 2004-2005.

Orden de 25 de septiembre de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas en los centros de educación especial (BORM 15 octubre 2003).

Orden de 25 de septiembre de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el funcionamiento de los centros de educación especial como centros de recursos (BORM 15 octubre 2003).

Resolución de 7 de mayo de 2002, de la Dirección General de Formación Profesional, Innovación y Atención a la Diversidad, por la cual se establece el procedimiento para la concesión y reutilización de ayudas técnicas individuales destinadas al alumnado con necesidades educativas especiales.

Navarra

Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Navarra, de Servicios Sociales (BOE 22 junio 1983) Art. 3. c) Minusvalías

Resolución 402/2001, de 11 mayo, aprueba las instrucciones para la actuación del profesorado de pedagogía terapéutica (BON 13 junio 2001).

Orden Foral 39/2001, de 20 de febrero, del Consejero de Educación y Cultura, sobre el procedimiento para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, motórica y sensorial (BON 21 marzo 2001).

Orden Foral de 8 de mayo de 1998, por la que se dan instrucciones para la escolarización y atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica, sensorial y motórica en centros ordinarios de secundaria para continuar la enseñanza básica (BON 15 junio 1998).

Resolución de 11 de junio de 1996, por la que se dan instrucciones para la organización de la atención a la diversidad durante la implantación del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria en los centros públicos de la Comunidad Foral de Navarra (BON 12 julio 1996).

Resolución de 11 de junio de 1996, por la que se dan instrucciones para la organización de la atención a la diversidad durante la implantación del segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria en los centros privados concertados y/o subvencionados de la Comunidad Foral de Navarra (BON 12 julio 1996).

Resolución 609/1995, de 23 de mayo, por la que se dan instrucciones para la organización de la atención a la diversidad en el primer ciclo de la ESO en los centros públicos (BON 19 junio 1995).

Resolución 608/1995, de 23 de mayo, por la que se dictan instrucciones para la organización de la atención a la diversidad en el 1º ciclo de la ESO en los centros privados concertados y/o subvencionados (BON 19 junio 1995).

País Vasco

Ley 10/1994, de 17 de junio, (BOPV 15 julio 1994) establece en su artículo único que se procurará la adopción de medidas individuales que compensen minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales.

Decreto 118/1998, de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, en el marco de la escuela comprensiva e integradora (BOPV 13 julio 1998).

Orden de 30 de julio de 1998, por la que se establecen criterios de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales y dotación de recursos para su correcta atención en distintas etapas del sistema educativo (BOPV 31 agosto 1998).

Orden de 24 de julio de 1998, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la autorización de las adaptaciones de acceso al currículo y las adaptaciones curriculares individuales significativas para alumnado con necesidades educativas especiales así como el procedimiento de elaboración y desarrollo y evaluación de las mismas en las distintas etapas del sistema educativo no universitario (modificada parcialmente por la Orden de 22 de diciembre de 1998).

Orden de 23 de mayo de 2001, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se adapta para su aplicación durante el ejercicio 2001 la Orden de convocatoria de ayudas para los centros docentes concertados que escolaricen alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales y necesiten contratar Auxiliares de educación especial para el curso escolar 2001/2002.

Orden de 3 de abril de 1998, por la que se convocan ayudas destinadas a la supresión de barreras arquitectónicas y la adecuación de espacios para la correcta escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes concertados.

Orden de 24 de julio de 1996, por la que se convocan asignaciones individualizadas de transporte escolar para alumnos que cursen estudios de FP I, REM I y casos excepcionales de e. infantil (2º ciclo), primaria/eso (1º ciclo) y educación especial en centros públicos.

La Rioja

Ley 4/1998, de 18 de marzo, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, del Menor (BOE 2 abril 1998) Art. 26 Derecho a enseñanza básica (primaria y secundaria obligatoria) de todos los niños, no se refiere específicamente a los que tienen discapacidad.

Decreto 21/2004, de 18 de marzo, sobre elección de centro, criterios de admisión de alumnos en centros no universitarios sostenidos con fondos públicos y acceso a determinadas enseñanzas (BOLR 20 marzo 2004).

Orden 8/2004, de 23 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula el procedimiento para la admisión de alumnos en centros de enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 25 marzo 2004).

Comunidad Valenciana

Ley 7/1994, de 5 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, de la Infancia (BOE 25 enero 1995). Art. 19.

Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Comunidad Valenciana sobre el Estatuto de las personas con Discapacidad (BOE 22 mayo 2003)Art. 4 Principios generales 4. Principio de integración, Art. 18 acción educativa, Art. 19. Medidas de actuación en materia educativa, Art. 20. Derechos de las personas con discapacidad en materia educativa.

Bibliografía

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RETORTILLO FRANCO, Felipe; PUERTA CLIMENT, Estrella: “Marco normativo de las necesidades educativas especiales en las edades tempranas”, Boletín del Real Patronato sobre Discapacidad, nº 57, junio 2004.

Diciembre 2005