(DOCE nº C 241, de 21 de Septiembre de 1992)

El Parlamento Europeo,

- Vistas las propuestas de resolución presentadas por:

a) el señor Casini y otros sobre una carta Europea de Derechos del Niño (B3-0035/92),

b) la señora Ceci y otros sobre la explotación sexual, la pornografía y la prostitución, así como el tráfico de niños en Europa (B3-0505/90),

c) el señor Ferri sobre una protección mayor de la infancia en particular por lo que se refiere a los casos de niños desaparecidos (B3-2166/90),

d) el señor Siso Cruellas sobre los niños maltratados (B3-1669/91),

- Vistas las peticiones:

a) número 430/90, presentada por la señora Kaloudakis, de nacionalidad griega, en nombre del "Movimiento independiente de Mujeres", relativa al abuso sexual de un menor por parte de su padre, y

b) número 588/90, presentada por el señor Bilburn, de nacionalidad británica, sobre pornografía infantil y pederastia,

- Vista su Resolución de 12 de julio de 1990 relativa al Convenio de los Derechos del Niño y su Resolución de 13 de diciembre de 1991 sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea.

- Vista su Resolución de 12 de abril de 1989 sobre la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales,

- Vista su Resolución de 26 de mayo de 1989 sobre la sustracción de menores,

- Vista su Resolución de 13 de mayo de 1986 sobre una Carta europea de los niños hospitalizados,

- Visto el Reglamento (CEE) número 1612/68 del Consejo relativo a la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad; el Reglamento (CEE) número 1251/70 de la Comisión relativo al derecho de los trabajadores de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ocupado un empleo y las Directivas del Consejo 90/364/CEE, relativa al derechos de residencia, 90/365/CEE, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional, y 90/366/CEE, relativa al derecho de residencia de los estudiantes,

- Vista la Directiva del Consejo 77/486/CEE, relativa a la escolarización de los niños de los trabajadores migrantes,

- Visto el Convenio de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989,

- Visto el Convenio Europeo de los Derechos del Hombre,

- Visto el Convenio 105 del Consejo de Europa sobre el reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de niños y el Convenio de la Haya de 1980, sobre los aspectos civiles de la sustracción de menores,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer (A3-0172/92),

A. Considerando que la infancia de todo individuo y las particulares circunstancias de su entorno familiar y social determinan en gran medida su vida posterior de adulto,

B. Subrayando en particular el papel primordial de la familia y su estabilidad en el desarrollo armonioso y equilibrado del niño,

C. Considerando que los niños son una de las categorías más sensibles de la población, con unas necesidades específicas que hay que satisfacer y proteger,

D. Considerando que numerosos textos internacionales han reconocido que dichas necesidades engendran una serie de derechos para los niños y generan en consecuencia, obligaciones para los padres, el Estado y la sociedad;

1. Recuerda que, en sus Resoluciones precitadas del 12 de julio de 1990 y de 13 de diciembre de 1991, solicitó a los Estados Miembros que se adhirieran sin reservas al Convenio de Naciones Unidas de 1989 sobre Derechos del Niño;

2. Piensa que la Comunidad deberá, así mismo, adherirse a dicho Convenio, tan pronto la hayan ratificado todos los Estados Miembros de la Comunidad Europea;

3. Opina, sin embargo, que los niños sufren en la Comunidad de unos problemas específicos y cree que éstos se verán particularmente afectados por ciertos fenómenos derivados del proceso de integración europea y por la realización del Mercado Interior;

4. Cree, por tanto, que serían necesarios instrumentos comunitarios específicos que, basándose en el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de los Niños, afrontarán los problemas especiales inherentes a la integración europea de los menores, para los que no existen disposiciones en la legislación de los Estados Miembros;

5. Pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que intensifique sus trabajos en materia de Derecho de familia y, especialmente, aquellos que se refieren a la aplicabilidad del Convenio de los Derechos del Hombre a los niños, y estudie la posibilidad de completar este Convenio mediante un protocolo que especifique mejor los derechos de los niños;

6. Pide a los Estados Miembros que nombre un defensor de los derechos del niños que esté habilitado a nivel nacional para salvaguardar los derechos e intereses de éste, para recibir las solicitudes y quejas y para velar por la aplicación de las leyes que los protegen, así como para informar y orientar la acción de los poderes públicos a favor de los derechos del niño;

7. Pide a la instancia comunitaria competente que proceda, igualmente, al nombramiento de un defensor de los derechos del niño, con los mismos poderes en el ámbito comunitario;

8. Pide a la Comisión que presente, por una parte, propuestas concretas dirigidas a llevar a cabo acciones adecuadas a favor de una política familiar y, por otra, un proyecto de Carta comunitaria de los derechos del niño que contenga los principios mínimos y se base en la definiciones que figuran a continuación:

Se entenderá por niño todos ser humano hasta la edad de dieciocho años, salvo que éste, en virtud de la legislación nacional que le sea aplicable, haya alcanzado con anterioridad la mayoría de edad. A efectos penales, se considerará la edad de dieciocho años como mínima para serle exigida la responsabilidad correspondiente.

Todo niño, ciudadano de la Comunidad Europea, deberá gozar de todos los derechos enumerados en esta Carta, de acuerdo con las modalidades que establezcan las legislaciones nacionales y los principios del Derecho comunitario.

Todo niño, independientemente de su origen, a cargo de un nacional de un Estado miembro que esté o haya estado empleado, o que resida en otro Estado miembro, deberá gozar en este territorio de todos aquellos derechos y ventajas que la legislación comunitaria en materia de libre circulación de trabajadores y de derecho de residencia reconoce a su familia.
Los niños originarios de terceros países, cuyos padres residan legalmente en un Estado miembro de la Comunidad, así como los niños refugiados o apátridas reconocidos como tales y que residan en este Estado miembro, deberán poder gozar en el mismo de los derechos enumerados en esta Carta, de acuerdo con su legislación nacional y sin perjuicio de las limitaciones que para alguno de estos derechos pudieran resultar del ordenamiento comunitario.

Ningún niño podrá ser objeto, en el territorio de la Comunidad, de discriminación alguna por razón de nacionalidad, filiación, orientación sexual, etnia, color, sexo, lengua, origen social, religión, creencias, estado de salud y otras circunstancias, ni por ninguna de estas causas referidas a sus padres.

Los niños procedentes de terceros países cuyos padres residan legalmente en un Estado miembro deberán gozar en este territorio de la misma igualdad de trato que los nacionales en aquellas materias contempladas en los correspondientes Acuerdo de Asociación o Cooperación celebrados entre la Comunidad y estos terceros países.

Las disposiciones de esta Carta no podrán, en ningún caso, limitar los derechos y libertades que puedan ser reconocidos a los niños por las legislaciones nacionales o por los instrumentos internacionales de los cuales los Estados sean parte.

Todos niño tiene derecho a la vida. En caso de que los padres o personas encargadas del niño no estén en condiciones de asegurar su supervivencia y desarrollo, los Estados deberán garantizar al mismo la protección y los cuidados necesarios, así como unos recursos mínimos dignos, fomentando y facilitando la prestación de estos cuidados por parte de personas o familias dispuestas a ello, o mediante la intervención directa de los poderes públicos cuando lo anterior no sea posible.

Todo niño deberá ser registrado desde su nacimiento y tendrá derecho a un nombre y a una nacionalidad. Cualquier niño que en el momento de su nacimiento no tuviera derecho a adquirir la nacionalidad de sus padres o de uno de ellos, deberá poder adquirir la nacionalidad de aquel Estado en cuyo territorio hubiera nacido, siempre que este supuesto estuviera contemplado por la legislación de dicho Estado.

Todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y, dado el caso, deberá poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las limitaciones que impongan las legislaciones nacionales para la protección de los derechos de terceras personas. Se deberán determinar las condiciones bajo las cuales se otorgarán al niño las informaciones relativas a sus orígenes biológicos así como las condiciones necesarias para proteger al niño de la divulgación de dichas informaciones por terceros.

Todo niño tiene derecho a gozar de unos padres o, en su defecto, a gozar de personas o instituciones que los sustituyan. El padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación. Corresponde a los padres en prioridad el dar al niño una vida digna y, en la medida de sus recursos financieros, los medios para satisfacer sus necesidades. Los Estados deberán asegurar a los padres la oportuna asistencia en las responsabilidades que les competen, a través de los correspondientes organismos, servicios y facilidades sociales. Los padres trabajadores deberán asimismo gozar de licencias para el cuidado de sus niños.

En caso de fallecimiento de los padres, los Estados miembros deberán establecer los mecanismos necesarios para velar por el futuro de los niños que han quedado huérfanos. En este sentido, prevalecerá la voluntad de los padres fallecidos, si ésta hubiera quedado expresada y si su cumplimiento fuera posible. Los Estados miembros deberán responsabilizarse de este cumplimiento y adoptar las medidas necesarias para preservar el mantenimiento de la unidad de los huérfanos de una misma familia, evitando en todo caso su separación. Los Estados miembros deberán, asimismo, crear los centros necesarios para la acogida de los niños huérfanos.

En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligaciones, incluso si alguno de ellos viviese en otro país, salvo si el órgano competente de cada Estado miembro lo declarase incompatible con la salvaguardia de los intereses del niño. Se deberán adoptar pronto las medidas oportunas para impedir el secuestro de los niños, su retención o no devolución ilegales -perpetrado por uno de los padres o por un tercero-, ya tenga lugar en un Estado miembro o en un tercer país. Los procedimientos legales adoptados deberán ser aptos para resolver las discrepancias de manera económica y expedita y deberán ser fácilmente aplicables en toda la Comunidad.

Toda decisión familiar, administrativa o judicial, en lo que se refiere al niño, deberá tener por objeto prioritario la defensa y salvaguardia de sus intereses. A tales efectos, y siempre que ello no implique riesgo o perjuicio alguno para el niño, éste deberá ser oído desde el momento en que su madurez y edad lo permitan en todas las decisiones que le afecten. Con objeto de ayudar a tomar una decisión a las personas competentes, el niño deberá ser oído, especialmente en todos aquellos procedimientos y decisiones que impliquen la modificación del ejercicio de la patria potestad, la determinación de la guardia y custodia, la designación de su tutor legal, su entrega en adopción o su eventual colocación en una institución familiar, educativa o con fines de reinserción social. A este respecto, en la totalidad de los procedimientos deberá ser parte obligatoriamente el ministerio fiscal o su equivalente, cuya función primordial será la salvaguardia de los derechos e intereses del niño.

Todo niño cuyos padres, o uno de los padres, se encuentren cumpliendo una pena de privación de libertad, deberá poder mantener con los mismos los contactos adecuados. Los niños de corta edad que convivan con sus madres en las cárceles deberán poder contar con las infraestructuras y cuidados oportunos. Los Estado Miembros deberán garantizar a estos niños su escolarización fuera del ámbito carcelario. Los Estado deberán fomentar, siempre que sea posible y de acuerdo con las legislaciones nacionales y los convenios internacionales, la adopción de los niños que se encuentren en su territorio, previa autorización de sus padres o tutores o tras un período de abandono efectivo definido por la ley. Los niños abandonados, así como los niños privados definitiva o temporalmente de su medio familiar, deberán poder gozar en todo caso de una protección y una ayuda especiales. Todo niño tiene derecho a vivir con sus padres naturales, legales o adoptivos. Cualquier niño, nacional o no de un Estado de la Comunidad, tiene derecho:

a establecerse con su padre o madre, trabajador/a nacional de un Estado Miembro donde aquél/lla esté o haya estado empleado/a, a residir en el territorio de otro Estado Miembro donde su padre o madre sea titular de un derecho de residencia, de acuerdo con alguna de las modalidades que sobre este derecho son contempladas por la legislación comunitaria. Los Estados Miembros permitirán, de acuerdo con sus legislaciones nacionales, que los niños originarios de terceros países se reúnan con su/s padre/s, ciudadanos de países terceros, cuando residan legalmente en el territorio de un Estado de la Comunidad. También se permitirá la reunión de los hijos con s sus padres, aun cuando la concesión a éstos de la residencia o nacionalidad estuviera pendiente de un proceso administrativo o judicial. Todo niño nacional de un Estado Miembro tiene derecho a circular libremente por el territorio de la Comunidad, a salir del mismo y a regresar a éste cuando lo desee, respetando en todo caso los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad. Todo niño tiene derecho a la integridad física y moral de su persona. En caso de que sea sometido a tortura, tratamientos inhumanos, crueles o degradantes por parte de cualquier persona pública o privada, esta circunstancia se considerará como un agravante especial. Los Estados Miembros deberán asegurar a estos niños la continuación de su educación y el tratamiento adecuado para su reinserción social. La Comunidad y los Estados Miembros deberán incluir en sus programas de ayuda al desarrollo proyectos específicos de colaboración con países no comunitarios para combatir tanto la delincuencia infantil organizada como la represión brutal contra los niños. Todo niño tiene el derecho a la objeción de conciencia, de acuerdo con las legislaciones en vigor de los Estados Miembros. Ningún niño menor de dieciocho años podrá ser obligado a participar directamente en hostilidades bélicas y otros conflictos armados. Todos niño tiene derecho a la libertad. Ningún niño podrá ser objeto de detención o de incomunicación ilegal o arbitraria. Todo niño tiene derecho a la seguridad jurídica. Los niños presuntos autores de un delito tiene derecho a beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento regular, incluyendo el derecho a gozar de una asistencia jurídica especial y adecuada para la presentación de su defensa. En el caso de que el niño sea declarado culpable de un delito, así evitará que sea privado de su libertad, o recluido en una institución penitenciaria para adultos. En este supuesto, se facilitará al niño un tratamiento adecuado -llevado a cabo por personal espcializado-, al objeto de su reeducación y posterior reinserción social. Todo niño tiene derecho a recibir y a divulgar ideas e informaciones, así como a expresar su opinión. A tales efectos tiene derecho a constituir asociaciones, en tanto no perjudique los derechos de terceras personas, y de conformidad con las normas establecidas al respecto por las legislaciones nacionales.

Todo niño tiene derecho a la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión, sin perjuicio de las responsabilidades que las legislaciones nacionales reserven a estos ámbitos a los padres o personas encargadas de los mismos. Con el fin de proteger a los menores, conviene un control más estricto de las actividades de las sectas o nuevos movimientos religiosas que puedan tener repercusiones negativas en el ámbito educativo, cultural y social de los niños y hace suya la Recomendación 1178 del Consejo de Europa de 5 de febrero de 1992 que exige en particular: que el programa del sistema general de educación comprenda una información concreta sobre las religiones más importantes y sus principales variantes, sobre los principios del estudio comparativo de las religiones y sobre la ética y los derechos personales y sociales.
Todo niño tiene derecho a gozar de su propia cultura, a practicar su propia religión o creencias y a emplear su propia lengua.

Todos niño tiene derecho al ocio, al juego y a la participación voluntaria en actividades deportivas. Deberá poder, asimismo, disfrutar de actividades sociales, culturales y artísticas. Todo niño tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada, en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales contra su honor.

Todo niño tiene derecho a la salud. Todo niño deberá poder beneficiarse de un medio ambiente no contaminado, de un alojamiento salubre y de una alimentación sana. Ningún niño podrá ser sometido a tratamientos inútiles, a experimentos científicos o terapéuticos o a pruebas para detectar posibles enfermedades, sin la debida autorización de los padres o personas encargadas de aquél. Ningún niño podrá asimismo ser objeto de trato discriminatorio, por razón de enfermedad, en los centros de asistencia familiar o sanitaria. Recuerda su Resolución de 13 de mayo de 1986 sobre una Carta Europea de los niños hospitalizados (A2-25/86) y expresa su deseo de que se incluya como anexo complementario en la Carta Europea de Derechos del Niño; pide, por tanto, a la Comisión que presente propuestas concretas en este sentido. El niño deberá ser protegido frente a las enfermedades sexuales. A tales efectos, se le deberá facilitar la información oportuna. Igualmente, deberá proporcionársele una educación en materia sexual y las atenciones médicas necesarias con inclusión de las medidas dirigidas al control de la natalidad, dentro del respeto de las convicciones filosóficas y religiosas. Todo niño deberá gozar de unos servicios sociales adecuados en el terreno familiar, educativo o de reinserción social. Todo niño deberá poder beneficiarse de las prestaciones de seguridad social, de acuerdo con las modalidades de cada legislación nacional. A todo niño se le deberá garantizar, en el seno de la Comunidad, la igualdad de oportunidades en lo que respecta al acceso a la educación y a la seguridad social. Todo niño minusválido deberá poder:

gozar de una atención y nos cuidados especiales; recibir una educación y una formación profesional adecuadas, que permitan su integración social, bien en un establecimiento ordinario, bien en un establecimiento especializado.
Participar en actividades sociales, culturales y deportivas.
Cualesquier niño que sufra una minusvalía deberá poder acceder a un empleo de acuerdo con sus aspiraciones, formación y capacidades.

Todo niño tiene derecho a recibir una educación. Los Estados miembros deberán asegurar a todo niño una enseñanza primaria, obligatoria y gratuita. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar a todos la posibilidad de acceso a la enseñanza secundaria y universitaria.
La educación de los niños deberá favorecer al mismo tiempo su preparación a la vida activa y el desarrollo de su personalidad y deberá también aspirar al respeto de los derechos humanos, de las diferencias culturales nacionales de otros países o regiones y a la erradicación del racismo y la xenofobia. Dicha educación deberá, asimismo, permitir el conocimiento de las modalidades de funcionamiento de la vida política y social.

La admisión de un niño en todo establecimiento que se beneficie de fondos públicos no podrá realizarse en función de la situación económica de sus padres, de sus orígenes sociales, raciones o étnicos, orientación sexual ni de sus creencias religiosas o no. Todo niño tiene derecho a recibir información y educación sexual apropiada.

La escolarización de un niño no podrá verse afectada o interrumpida por razones de enfermedad no infecciosa o contagiosa para los otros niños.

Corresponde a los Estados proteger en particular a los niños, en relación con su edad, de los mensajes pornográficos y violentos.

Todo niño nacional de un Estado miembro tendrá especialmente derecho a:

recibir, en el territorio de este Estado, la enseñanza en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro:
gozar en el territorio de otro Estado miembro -donde uno de los padres, trabajador nacional de un Estado miembro, ejerza o haya ejercido una actividad asalariada. De la enseñanza gratuita en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado de acogida.
Los Estados miembros fomentarán además, siempre que sea posible, la enseñanza de cualquiera de sus lenguas a sus niños nacionales que residan en otros Estados miembros;

trasladarse al Estado miembro de su elección para realizar sus estudios, en las condiciones previstas en la Directiva 90/366/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los estudiantes.

Todo niño debe ser protegido contra toda explotación económica. Ningún niño deberá realizar cualquier trabajo que ponga en peligro su salud, su desarrollo, su psicología o su derecho a la educación básica.

Ningún niño deberá acceder a un empleo permanente antes de los dieciseis años, y en ningún caso antes de haber finalizado su período de escolarización obligatoria.

Se deberán aproximar las legislaciones de los Estados miembros, en la línea de la legislación nacional más protectora para el niño, en relación, entre otros, a los siguientes aspectos:

La edad mínima de admisión al empleo.

La definición y condiciones de todas las excepciones que se puedan constituir a esta regla y, en particular, las excepciones relativas a los trabajos considerados ligeros, los trabajos en el mundo del espectáculo y la cultura, los trabajo en la empresa familiar, y el trabajo temporal en empresas o escuelas de formación profesional contemplado en los programas de educación, así como el trabajo de temporada.

Se establece en todo caso la prohibición de emplear a los niños en trabajos con sustancias peligrosas, trabajos subterráneos o nocturnos, así como horas extraordinarias.

Las condiciones en que se prohibirán los trabajos susceptibles de poner en peligro su salud, su educación o provocar su agotamiento moral o físico.

Todo niño mayor de dieciséis años que realice un trabajo tendrá derecho a un salario digno y suficiente. Cuando ocupe un puesto de trabajo de igual valor y en las mismas condiciones que un adulto, deberá gozar de la igualdad de trato en lo que se refiere a salario, acceso a la formación profesional, seguridad social, condiciones de trabajo y normas de higiene y seguridad.

Todo niño, a la salida del sistema escolar, tendrá derecho a un régimen adecuado de ayudas para la búsqueda de empleo en caso de desempleo y, en particular, en caso de desempleo de larga duración.

Todo niño deberá ser protegido contra toda forma de esclavitud, de violencia o explotación sexuales.

Se adoptarán las medidas oportunas para impedir que ningún niño se, en el territorio de la Comunidad, secuestrado, vendido o explotado con fines de prostitución o de producciones pornográficas o que desde la Comunidad se prepare o apoye la explotación sexual de los niños fuera de su territorio.

Todo niño tiene derecho a ser protegido contra la droga, por lo que es obligación de los Estados miembros la promoción de campañas sobre los riesgos del consumo de droga, sobre su prevención y rehabilitación, en términos asequibles a su inteligencia y que no hiera su sensibilidad.

Todo niño tiene derecho a ser protegido contra la utilización de su imagen de forma lesiva para su dignidad.
Los niños originarios de terceros países que soliciten el estatuto de refugiado en un Estado miembro, deberán poder beneficiarse en el mismo de la debida protección y asistencia, en tanto se examine su demanda.
Los Estados miembros están obligados a aplicar y hacer efectivos los derechos previstos en la Carta mediante leyes, disposiciones administrativas, compromiso de gastos y todo otro tipo de intervención idónea.
9. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo y al Consejo de Europa.