LOS
DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE CONFIERE EL RECONOCIMIENTO
DE LA CALIFICACIÓN LEGAL DE MINUSVALÍA:
DIFERENCIAS SEGÚN EL PORCENTAJE CONCEDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN
2. Derechos que confiere la calificación legal de minusvalía en función del porcentaje asignado por la Administración
2.1.1.
Prestaciones familiares |
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| 2.1.1.1 | Excedencia y cotización efectiva | ||
| 2.1.1.2 | Asignación económica por hijo a cargo | ||
| 2.1.1.3 | Prestación por nacimiento o adopción de un tercer o sucesivos hijos. | ||
| 2.1.4.1 | Pensión de orfandad (art.175 LGSS) | ||
| 2.1.4.2 | Prestación a favor de familiares (art. 176 LGSS) | ||
2.1.5. Prestaciones
de la LISMI |
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2.1.5.1. Subsidio
de ingresos mínimos |
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2.1.5.2. Subsidio
por ayuda de tercera persona |
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2.1.5.3. Subsidio
de movilidad y compensación para gastos de transporte |
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2.1.5.4. Asistencia
sanitaria y prestación farmacéutica |
|||
2.1.6.
Ayudas individuales |
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| 2.1.2. Pensiones no contributivas de invalidez |
Persona con discapacidad mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años
La persona con discapacidad que trabaje y esté dada de alta en la Seguridad Social, tendrá derecho (o podrá causar derecho) a todas las prestaciones económicas aplicables a cualquier trabajador (prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad laboral transitoria, invalidez en su modalidad contributiva, jubilación en su modalidad contributiva, desempleo en sus niveles contributivo y asistencial; muerte y supervivencia).
Puede ser que la persona con discapacidad, al alcanzar la mayoría de edad, por diferentes razones no trabaje o que trabajando, no perciba ingresos suficientes. Veremos a continuación en qué supuestos podrá tener derecho a la pensión no contributiva de invalidez regulada en los artículos 144 a 149 de la LGSS de 1994 y el Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo.
Requisitos:
Tendrán derecho a la pensión de invalidez,
en su modalidad no contributiva, las personas que cumplan los siguientes
requisitos:
| a) |
Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años |
|
| b) |
Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión. | |
| c) |
Estar afectadas por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en un grado igual o superior al sesenta y cinco por cien. | |
| d) |
Carecer de rentas o ingresos
suficientes. Se considera que existen rentas o ingresos insuficientes
cuando los ingresos de que disponga anualmente sean inferiores a la
cuantía anual de la prestación (que se fija en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado). Esta pensión no es incompatible
con el trabajo.
Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, si convive con otras personas en una misma unidad económica, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de la unidad económica sea inferior al límite de acumulación de recursos obtenido conforme a las siguientes reglas:
|
|
| - | Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado. | |
| - | Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica serán equivalentes a la cuantía anual de la pensión más el resultado de multiplicar el setenta por cien de dicha cifra (la de la pensión) por el número de convivientes menos uno. | |
| - | Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de acumulación de recursos serán dos veces y media la cuantía que resulte de la aplicación del párrafo anterior. | |
| - | Se considerarán ingresos o rentas computables cualesquiera bienes y derechos derivados tanto del trabajo como del capital así como los de naturaleza prestacional. Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas para el IRPF, con la excepción de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las asignaciones periódicas por hijo a cargo (pero el beneficiario tiene la incompatibilidad de que no puede ser a la vez la causa de una prestación familiar por hijo a cargo). | |
Cuantía de la pensión
La cuantía de la pensión se fija en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para el año 2004 la cuantía ha quedado fijada en 3.868,20 € anuales, es decir 276,30 € / mes (hay 14 pagas).
Ahora bien, a diferencia de la prestación familiar por hijo a cargo, en esta pensión si se tienen en cuenta los ingresos que percibe la familia, tanto para reunir los requisitos para tener derecho a la pensión (como ya hemos visto) como a la hora de calcular la cuantía de la misma. En cuanto a la cuantía, se aplican las siguientes normas:
- Cuando en una misma unidad económica concurra
más de un beneficiario con derecho a pensión de esta misma
naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá
determinada en función de las reglas 1ª y 2ª establecidas
en el artículo 145.1 LGSS (que las reduce un poco)
- La cuantía anual se reducirá en un importe igual al de
las rentas o ingresos anuales de que disponga cada beneficiario.
- Cuando el beneficiario conviva en una unidad económica con personas
no beneficiarias, si entre todos sumando la pensión superan el
límite de acumulación de recursos descrito en el apartado
de requisitos, la pensión se reducirá para no sobrepasar
dicho límite.
- En cualquier caso, la cuantía de la pensión reconocida
será como mínimo del 25 por cien del importe fijado por
la Ley de Presupuestos (reducido en su caso por las reglas establecidas
para cuando hay más de un beneficiario en una unidad económica).
Complemento por necesidad de tercera persona
Cuando una persona cumpla los requisitos a), b) y d) anteriormente señalados (edad, residencia, situación de necesidad) y además esté afectada por una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al setenta y cinco por cien y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrá derecho a un complemento equivalente al cincuenta por cien del importe de la pensión establecido en la Ley de Presupuestos.
La cuantía para el año 2004 es de
1934,10 € anuales, es decir 14 pagas de 138,15 €.
Obligaciones
Los preceptores de las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva estarán obligados a comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación o la cuantía de aquellas. En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forma parte, referida al año inmediato precedente.
Incompatibilidades
Esta pensión tiene las siguientes incompatibilidades:
- Es incompatible con la percepción de las pensiones
asistenciales reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, así
como con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y
de ayuda por tercera persona establecidos en la Ley 13/1982 de 7 de abril
(se trata de prestaciones ya derogadas que sólo subsisten para
los que venían percibiéndolas con anterioridad a la derogación)
- Si el beneficiario fuese un hijo con minusvalía es incompatible
con el derecho de los padres o de él mismo (cuando sea huérfano)
a percibir la asignación económica por hijo a cargo.
Efectos
Los efectos económicos del reconocimiento del
derecho a las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva se
producirán a partir del día primero del mes siguiente a
aquel en que se presente la solicitud.
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Ley General de la Seguridad Social (RDL 1/1994 de 20 de junio) Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por
el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas la
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la
Seguridad Social prestaciones no contributivas. |
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