LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD QUE CONFIERE EL RECONOCIMIENTO DE LA CALIFICACIÓN LEGAL DE MINUSVALÍA:
DIFERENCIAS SEGÚN EL PORCENTAJE CONCEDIDO POR LA ADMINISTRACIÓN


 
2
. Derechos que confiere la calificación legal de minusvalía en función del porcentaje asignado por la Administración

    2.2.1.4. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
2.2.2.3. Impuestos especiales
2.2.3. Impuestos Municipales

2.2. Beneficios fiscales

Buena parte de la normativa fiscal contempla beneficios fiscales destinados a las personas con discapacidad que han obtenido el reconocimiento legal de minusvalía. Cómo veremos, unas veces se exigen porcentajes de un 33 por 100 y otras de un 65 por 100, hecho que determina que los contribuyentes con discapacidad y sus familias aspiren a porcentajes altos en el reconocimiento de grado de minusvalía.

Estudiaremos cada impuesto, con los beneficios fiscales para las personas con discapacidad que contempla la normativa que lo regula. No todos los beneficios fiscales afectan a las personas con síndrome de Down, puesto que hay múltiples discapacidades de distintos orígenes (por ejemplo actos de terrorismo, accidentes...). Resaltaremos en negrita aquellos aspectos que puedan ser más interesantes para las personas con síndrome de Down.



2.2.1. Impuestos Directos

2.2.1.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) se tienen en cuenta las circunstancias personales y familiares puesto que se trata de un impuesto de carácter personal y directo. En el IRPF, las personas físicas pagamos un impuesto al Estado por las rentas que obtenemos como tales personas físicas.

Estudiaremos la normativa vigente con las novedades a partir del ejercicio 2006, cuya declaración se presentará a partir de la primavera de 2007. Las referencias a artículos se hacen al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo (BOE 10 marzo 2004).

Es importante destacar que a efectos del IRPF, tienen la consideración de discapacitados los contribuyentes que acrediten mediante el certificado de reconocimiento de minusvalía, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. También se considera acreditado un grado de minusvalía del 33 por 100 en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 cuando se trate de minusválidos cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado en la resolución administrativa del reconocimiento de grado de minusvalía (art. 58.6 texto refundido LIRPF).

A) Ámbito estatal

Los puntos relativos a discapacidad que habrán de tenerse en cuenta al hacer la declaración son los siguientes:

Rentas exentas

Existen una serie de rentas que no pagan impuestos, rentas exentas que no es preciso declarar (art.7 LIRPF):

a) Prestaciones públicas por actos de terrorismo y pensiones derivadas de medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.

b) Ayudas percibidas por afectados de VIH.

c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial dictada al efecto.

d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.
Igualmente estarán exentas las indemnizaciones por idéntico tipo de daños derivadas de contratos de seguro de accidentes, salvo aquellos cuyas primas hubieran podido reducir la base imponible o ser consideradas gasto deducible por aplicación de la regla 1ª del artículo 28 de esta Ley, hasta la cuantía que resulte de aplicar, para el daño sufrido, el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incorporado como anexo en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en su redacción dada por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

f) Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las Entidades que las sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez. Incluye las prestaciones no contributivas por invalidez y los subsidios de garantías de ingresos mínimos (Resolución de 15 de junio de 1995 de la Dirección General de Tributos). Esto es aplicable a los mayores de dieciocho años.

g) Las pensiones de incapacidad permanente del régimen de clases pasivas.

h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo, y las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a cargo, así como las pensiones y haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de orfandad. También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales. Esta exención es aplicable a personas con síndrome de Down de todas las edades que perciban las citadas rentas.


i) Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de menores, personas con minusvalía o mayores de sesenta y cinco años y las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o mayores de sesenta y cinco años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario interprofesional.

n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, sin límite de cantidad en el caso de prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos, en los términos del artículo 31 de la Ley 50/1998. La exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente discapacitado se hubiere integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.

s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio (RCL 2002, 1459). Estas ayudas no son otras que las concedidas a personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C.

Aportaciones al patrimonio protegido de las personas con discapacidad

Los patrimonios protegidos tendrán la consideración de entidades en régimen de atribución de rentas.

Régimen de las aportaciones para el beneficiario discapacitado (art. 16.4 texto refundido LIRPF):

- Cuando los aportantes sean contribuyentes del IRPF, tendrán la consideración de rentas del trabajo hasta 8.000 euros por aportante y 24.250 euros en conjunto pero sólo tributa el importe que exceda el doble del SMI (junto con las prestaciones en forma de renta de de los Planes de Pensiones para minusválidos de las que se trata más abajo en “Reducciones sobre los rendimientos íntegros” art. 17.3 texto refundido LIRPF). No está sujeto a retención o ingresos a cuenta. No hay sujeción al Impuesto de Sucesiones y Donaciones por el mismo importe. Cuando los aportantes sean sujetos pasivos del IS, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el IS con el límite de 8.000 euros anuales. Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del IS a favor de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los empleados del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio protegido y no para el trabajador.

- En el caso de aportaciones no dinerarias, el discapacitado se subroga en la posición del aportante respecto de la fecha y valor de adquisición, pero sin que, a efectos de ulteriores transmisiones, le resulte de aplicación los coeficientes de antigüedad que reducen el importe de las ganancias patrimoniales derivadas de elementos adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 1994.

- Los excesos de aportaciones sobre esos 8.000 euros estarán sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (que es un impuesto autonómico y por tanto no es igual en toda España). A la parte de la aportación no dineraria sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se le aplica el art. 34 del texto refundido de la Ley del IRPF (ganancias y pérdidas patrimoniales por transmisiones a título lucrativo) a efectos de calcular el valor y la fecha de adquisición.

Régimen de las aportaciones para el aportante (art.59 texto refundido LIRPF):

Las personas físicas que hagan aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad estarán obligadas a declarar en el IRPF (art. 97.4 texto refundido LIRPF).

Se contemplan tres supuestos:

- Aportaciones de pariente que sea contribuyente del IRPF: Las aportaciones efectuadas por personas que tengan con el discapacitado una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como su cónyuge o aquellos que lo tuviesen a su cargo en régimen de tutela o acogimiento, darán derecho a reducir la base imponible del aportante en 8.000 euros anuales. El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que efectúen aportaciones a favor de un mismo patrimonio protegido será de 24.250 euros anuales. Cuando hay un exceso de los 8.000 euros se dispone de cuatro ejercicios más para aplicar las reducciones pendientes. En el caso de aportaciones no dinerarias, la valoración se hará según el art. 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto en el aportante como consecuencia de las aportaciones a patrimonios protegidos estarán exentas del IRPF.

- Las aportaciones del propio contribuyente discapacitado no dan derecho a reducción. Tampoco las aportaciones de bienes afectos a una actividad económica del contribuyente aportante.

- Aportaciones efectuadas por empresas: Véase apartado 2.2.1.2 relativo a las empresas que tributen por el Impuesto de Sociedades.

Efectos de la disposición de cualquier bien o derecho del Patrimonio Protegido (art. 59 LIRPF)
Es importante señalar que la disposición, en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad, determinará las siguientes obligaciones fiscales:

- Si el aportante fue un contribuyente del IRPF, dicho aportante deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de disposición, las cantidades reducidas de la base imponible, correspondientes a las disposiciones realizadas más los intereses de demora que procedan.

- Cualquiera que haya sido el aportante, el titular del patrimonio protegido que recibió la aportación deberá integrar en la base imponible del período impositivo en que se produzca el acto de disposición, la cantidad que hubiera dejado de integrar en el período impositivo en que recibió la aportación más los intereses de demora que procedan.
En los casos en que la aportación se hubiera realizado al patrimonio protegido de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los trabajadores en régimen de tutela o acogimiento, por un sujeto pasivo del impuesto de Sociedades, la obligación descrita en el párrafo anterior deberá ser cumplida por dicho trabajador.

Se aclara que, cuando se trate de “bienes o derechos homogéneos”, se entenderá que fueron dispuestos “los aportados en primer lugar”.

Estas obligaciones fiscales, no serán de aplicación en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los trabajadores que hubieran realizado aportaciones a favor de sus familiares.

Rendimientos del trabajo

Se contemplan dos tipos de reducciones:

- Reducciones sobre los rendimientos íntegros (art.17.3 LIRPF)

Se consideran rendimientos del trabajo las prestaciones percibidas por las personas con minusvalía igual o superior al 65 por 100 derivadas de los Planes de Pensiones, Mutualidades de Previsión Social y planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con discapacidad.

Cuando se perciban en forma de renta, estos rendimientos íntegros tendrán derecho a una reducción en el IRPF hasta un importe máximo de dos veces el salario mínimo interprofesional (en adelante SMI).

Cuando se perciban en forma de capital, la reducción será del 50% siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

- Reducciones sobre rendimientos netos (arts. 51 y 58.3 texto refundido LIRPF)

Sobre los rendimientos netos del trabajo (es decir ya restados los gastos deducibles que marca la ley) se aplican una serie de reducciones en función de los ingresos de cada persona. La reducción máxima general es de 3.500 euros.

Pues bien los contribuyentes discapacitados (a partir de un 33 por 100 en el certificado de minusvalía) que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos reducirán la base imponible en 2.800 euros más a la reducción general que les corresponda. Si su porcentaje de minusvalía es igual o superior al 65 por 100 o acreditan necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida (lo que se acredita mediante el mismo certificado de minusvalía), dicha reducción adicional será de 6.200 euros.

Mínimo personal y familiar

El mínimo personal y familiar (Cap. III. Título II LIRPF) tiene como fin dejar exenta de tributación la cantidad que se considera el mínimo imprescindible para hacer frente al sustento básico del individuo y de su familia. Consiste en una reducción en la parte general de la renta del período impositivo, y si hubiera un remanente, se aplicará a reducir la parte especial de la renta de dicho período impositivo.

En el caso de que exista discapacidad bien en el contribuyente, bien en sus descendientes, ascendientes que convivan con él, se aplican una serie de reducciones adicionales (Cap. VI Título II LIRPF).

El mínimo personal general es de 3.400 euros anuales (art. 42 texto refundido LIRPF).

En cuanto al mínimo familiar, los contribuyentes pueden reducir en concepto de mínimo por descendientes (art. 43 texto refundido LIRPF), por cada uno de ellos soltero menor de veinticinco años o discapacitado cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros la cantidad de :

1.400 euros anuales por el primero.
1.500 euros anuales por el segundo.
2.200 euros anuales por el tercero.
2.300 euros anuales por el cuarto y siguientes.

Se asimilan a los descendientes las personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento.

Se considera que conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros especializados.

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del mínimo previsto respecto de los mismos descendientes (por ejemplo un padre y una madre con dos hijos), su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales.

Reducciones de la base imponible por discapacidad, por edad, por asistencia y por gastos de asistencia a los discapacitados

Si el contribuyente tiene discapacidad (calificación de minusvalía a partir de un 33 por 100), hay una reducción de la base imponible por discapacidad de 2.000 euros anuales. Si el grado de minusvalía es igual o superior al 65 por 100 la reducción es de 5.000 euros (art. 58.1 texto refundido LIRPF). Si el contribuyente tiene más de sesenta y cinco años, hay una reducción de la base imponible por edad de 800 euros anuales. Si el contribuyente tiene más de setenta y cinco años, hay una reducción de la base imponible por asistencia de 1.000 euros anuales.

Si el contribuyente tiene un descendiente con discapacidad se aplica una reducción por discapacidad de 2.000 euros a partir de un 33 por 100 en la calificación de minusvalía y 5.000 euros a partir de un 65 por 100 (art. 58.2 texto refundido LIRPF), por cada descendiente con discapacidad, cualquiera que sea su edad.

Sin embargo la reducción por cuidado de hijos del art. 54 texto refundido LIRPF (por la que se reduce la base imponible en 1.200 euros anuales adicionales, por cada descendiente menor de tres años que genere derecho a la aplicación del mínimo por descendientes) y la deducción por maternidad en la cuota de 1.200 euros anuales del art. 83 texto refundido LIRPF (reservadas a madres de menores de tres años que realicen una actividad remunerada y cuyo cobro se puede anticipar), no contemplan beneficios adicionales por discapacidad.


En cuanto a los ascendientes, la base imponible del contribuyente se reducirá en 800 euros anuales por cada ascendiente mayor de sesenta y cinco años o discapacitado cualquiera que sea su edad que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros (art. 55. 2 texto refundido LIRPF). Si el ascendiente tiene más setenta y cinco años, hay una reducción de la base imponible por asistencia de 1.000 euros anuales.

Cuando el ascendiente tiene discapacidad, dicha reducción de la base imponible aumenta en 2.000 euros a partir de un 33 por 100 en la calificación de minusvalía y en 5.000 euros a partir de un 65 por 100 (art. 58.2 texto refundido LIRPF).

Además existe la reducción por gastos de asistencia de los discapacitados (art. 58.4 texto refundido LIRPF). Se trata de una reducción que permite:

• A los contribuyentes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, en concepto de gastos de asistencia, reducir la base imponible en 2000 euros anuales adicionales.

• Por cada ascendiente o descendiente con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, en concepto de gastos de asistencia, reducir la base imponible en 2.000 euros anuales adicionales.

En el cuadro se recogen las cifras resultantes de las reducciones estudiadas. Para ver el cuadro pinche aquí.

[VÍNCULO AL CUADRO]

Reducción por aportaciones a Planes de Pensiones y Mutualidades de Previsión Social constituidos a favor de personas con minusvalía (art. 61 texto refundido LIRPF)

Las aportaciones a Planes de Pensiones, a Mutualidades de Previsión Social y planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 dan derecho a reducir la parte general de la base imponible con los siguientes límites máximos:

• Cuando las aportaciones las realice quien tenga relación de parentesco (en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive o cónyuge) o tutoría con la persona con discapacidad, 8.000 euros anuales (ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan realizar a sus propios planes de pensiones).

• Cuando las realice la propia persona con discapacidad, 24.250 euros anuales.

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, incluidas las del propio minusválido, no podrá exceder de 24.250 euros anuales.

Las aportaciones a los planes de pensiones, mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con minusvalía no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Deducción por inversión en vivienda habitual: Obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad

Además de las deducciones por adquisición o rehabilitación de vivienda, los contribuyentes con discapacidad o sus familiares (cónyuge, ascendiente o descendiente que conviva con él), sean propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o usufructuarios de la vivienda, podrán aplicar esta deducción (en la cuota íntegra) cuando efectúen obras e instalaciones de adecuación:

en su vivienda habitual
en los elementos comunes del edificio, así como en los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía pública (escaleras, portales, ascensores, etc.)
Para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o promoción de su seguridad.

Las obras e instalaciones de adecuación deberán ser calificadas como necesarias para la accesibilidad y comunicación sensorial de la persona con discapacidad, mediante certificado emitido por el IMSERSO u órgano competente de las Comunidades Autónomas, basándose en el dictamen emitido por los Órganos Técnicos de Valoración.

La base máxima de esta deducción es de 12.020,24 euros anuales, y es independiente, o sea, puede acumularse a la base general de deducción.

Los porcentajes de deducción son los siguientes:

Financiación propia: Inversión realizada hasta 12.020, 24 €, deducción del 10,05 %.
Financiación ajena:

- Inversión realizada durante los dos primeros años: Hasta 6.010,12 euros, deducción del 16,75 %. Exceso hasta 12.020,24 euros, deducción del 10,05 %.
- Inversión realizada con posterioridad a los dos años: Hasta 6.010,12 euros, deducción de 13,4 %. Exceso hasta 12.020,24 euros, deducción del 10,05 %.

En este supuesto de obras e instalaciones necesarias para la adecuación de la vivienda habitual realizadas por minusválidos, cuando las mismas hayan sido sufragadas mediante financiación ajena, debe tenerse en cuenta, además, lo siguiente:

- Que el importe financiado de las obras o instalaciones de adecuación debe suponer, al menos, un 30 por 100 de dicha inversión.
- Que durante los tres primeros años no podrán amortizarse cantidades que superen en su conjunto el 40 por 100 del importe total solicitado.

B) Ámbito autonómico

En el ámbito autonómico nos encontramos con las siguientes situaciones:

- Comunidades Autónomas de régimen tributario especial (País Vasco y Navarra)
- Comunidades Autónomas de régimen tributario común (todas las demás)

B). 1 Comunidades Autónomas de régimen especial

B).1.1. País Vasco

El IRPF tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma, que se exige por la Diputación Foral correspondiente.

La normativa fiscal de las tres Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) es casi idéntica.

La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Álava: Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, modificada en varias ocasiones.
Guipúzcoa: Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, modificada en varias ocasiones.
Vizcaya: Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, modificada en varias ocasiones.

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Rentas exentas (art.9)

Prestación familiar por hijo a cargo y prestaciones públicas de orfandad
Pensiones de invalidez, incapacidad permanente, etc.

Reducciones sobre rendimientos netos (art.19)

La bonificación general mínima es de 2.850 € y la general máxima de 4.500 €. Se calcula en función de los rendimientos netos del contribuyente.

La bonificación que corresponda se incrementará:

- En un 75 por 100 para aquellas personas trabajadoras activas con discapacidad con un grado de minusvalía mayor o igual a un 33 por 100 pero inferior a un 65 por 100

- En un 150 por 100 para aquellas personas trabajadoras activas con discapacidad con un grado de minusvalía mayor o igual a un 33 por 100 pero inferior a un 65 por 100, y que se halle en alguno de los siguientes supuestos:

• Supuestos previstos en las letras A), B) o C)
• o con 7 puntos o más en los supuestos de las letras D), E), F), G) o H) del Baremo del Anexo 3 (para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos, del RD 1971/1999).

- En un 200 por 100 para aquellas personas trabajadoras activas con un grado de minusvalía igual o superior a un 65 por 100.

Deducción por discapacidad (art.74)

Discapacidad del contribuyente:

- Si el grado de minusvalía es mayor o igual a un 33 por 100 pero inferior a un 65 por 100: 625 €

- Si el grado de minusvalía es mayor o igual al 65 por 100: 957 €

- Si el grado de minusvalía es mayor que el 75 por 100 y obtiene entre 15 y 39 puntos en el baremo de ayuda de 3ª persona: 1.145 €

- Si el grado de minusvalía es mayor que el 75 por 100 y obtiene 40 o más puntos en el baremo de ayuda de 3ª persona: 1.457 €

La misma deducción por discapacidad cabrá aplicar por cada descendiente, ascendiente, cónyuge o por cada pariente colateral hasta el cuarto grado inclusive, cualquiera que sea su edad que, dependiendo del contribuyente y no teniendo, aquellos familiares, rentas anuales, excluidas las exentas, superiores al doble del SMI en el periodo impositivo de que se trate, sean personas con discapacidad. Se aplica igualmente en los supuestos de tutela o acogimiento no remunerado.

Hay además una deducción, incompatible con la anterior, por convivencia con personas que no reúnan los requisitos para ser consideradas familiares, pero que tengan una edad igual o superior a los 64 años, ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional y que sean discapacitadas, por una cuantía igual al 50 por 100 de las deducciones por discapacidad.


Deducción por ascendientes (art.73)

211 € cada uno, con unos requisitos distintos del régimen estatal

Deducción por edad del contribuyente (art. 74. bis)

Cuando el contribuyente tiene más de 65 años: 209 €
Cuando el contribuyente tiene más de 75 años: 417 €

Deducción por descendientes (art.71.1)

Por el 1º: 479 €
Por el 2º: 588 €
Por el 3º: 885 €
Por el 4º: 1.145 €
Por el 5º y sucesivos: 1.561 €

Por cada descendiente menor de seis años, 261 € adicionales.

B).1.2. Navarra

El IRPF se exige por la Comunidad Foral de Navarra, la cual tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, con sujeción a las normas sobre Convenio Económico a que se refiere el art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:

Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, modificada en varias ocasiones,

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Rentas exentas (art.7)

Prestación familiar por hijo a cargo y prestaciones públicas de orfandad
Pensiones de incapacidad, invalidez, etc.

Mínimo personal (art.55.3)

Con carácter general: 3.440 €
Si el contribuyente es mayor de 65 años: 800 € adicionales
Si el contribuyente es mayor de 75 años: 1.800 € adicionales
Si el contribuyente tiene un grado de minusvalía mayor o igual al 33 por 100 pero inferior al 65 por 100: 1.960 € adicionales
Si el contribuyente tiene un grado de minusvalía mayor o igual al 65 por 100: 6.960 € adicionales

Mínimo familiar (art.55.4)

Por cada ascendiente que conviva con el contribuyente y con rentas anuales, excluidas las exentas, menores o iguales al SMI:

800 € si es mayor o igual a 65 años o si es discapacitado
1.800 € si es mayor o igual a 75 años

Por cada descendiente soltero, menor de treinta años o discapacitado, que conviva con el contribuyente, y con rentas anuales, excluidas las exentas, menores o iguales al SMI:

Por el 1º y 2º: 1.535 €
Por el 3º: 2.250 €
Por el 4º: 3.000 €
Por el 5º: 3.500 €
Por el 6º y sucesivos: 4.000 €

Por cada descendiente o adoptado menor de tres años, 1.200 euros.

En caso de discapacidad de ascendiente o descendiente, cualquiera que sea su edad, que perciba rentas, excluidas las exentas menores o iguales al SMI se aplicarán los siguientes incrementos:

Si el grado de minusvalía es mayor o igual al 33 por 100 pero inferior al 65 por 100: 1.960 €
Si el grado de minusvalía es superior al 65 por 100: 6.960 €

Deducción por contratación de cuidadores (art. 55.5)

También se deducen las cuotas pagadas a la Seguridad Social por la contratación de trabajadores del hogar para el cuidado de personas con discapacidad.

Aportaciones a Planes de Pensiones (disp. adic. Decimoquinta apartado 1 y segundo párrafo del apartado 2)

Igual que en el régimen común.

Deducción por trabajo

Los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo podrán deducir la cantidad de 685 euros.

Para los sujetos pasivos que obtengan rendimientos del trabajo como trabajadores activos y acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, la deducción a que se refiere el párrafo anterior será de 1.085 euros. La deducción será de 3.000 euros para los que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

El importe de la deducción prevista en este apartado no podrá exceder del resultante de aplicar el tipo medio de gravamen a que se refiere el apartado 2 del artículo 59 a los rendimientos netos del trabajo sujetos efectivamente al Impuesto.

Deducción por inversión en vivienda habitual


Se recoge la posibilidad de aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual en aquellos casos en que los sujetos pasivos efectúen obras e instalaciones de adecuación de su vivienda habitual, incluidos los elementos comunes del edificio y los que sirvan de paso necesario entre la finca y la vía publica, con determinadas especialidades.

Las características y requisitos de la deducción son muy similares a los de la normativa aplicable en territorio común, salvo que cabe practicar la deducción por razón de la minusvalía de la pareja estable del sujeto pasivo y que la normativa estatal establece, como base máxima de deducción 12.020,24 euros para personas discapacitadas y la normativa foral no establece especialidad alguna, por lo que resulta aplicable el límite de 9.015 euros señalado anteriormente.


B). 2 Comunidades Autónomas de régimen común

Desde 1997 las CCAA de régimen común (todas menos País Vasco y Navarra) pueden establecer sus propias deducciones en la cuota por circunstancias personales y familiares, por inversiones no empresariales y por aplicación de renta.

Conforme al nuevo régimen de financiación autonómica, vigente desde el año 2002, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre (BOE 31 diciembre), el Estado y las CCAA de régimen común se reparten la cuota líquida del IRPF entre el 67 % del Estado y el 33% de las CCAA.

Las CCAA son competentes (art. 38 L. 21/2001) para:

- Determinar la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, debiendo ser progresiva y con idéntico número de tramos que la del Estado.
- Pueden aprobar deducciones por:

Circunstancias personales y familiares
Por inversiones no empresariales
Por aplicación de renta

Siempre que no supongan, directa o indirectamente, una minoración del gravamen efectivo de alguna o todas las categorías de rentas.

Para estas deducciones, las CCAA pueden determinar:

- Su justificación
- Los límites
- Su sometimiento o no al requisito de la comprobación patrimonial
- Reglas especiales en casos de: tributación conjunta, período impositivo inferior al año natural y determinación de la situación familiar.

Si no adoptan competencias en estas materias, aplicarán las reglas del Estado, denominándose en su caso, las tarifas del 33 % que le correspondan a las CCAA complementarias, así como el porcentaje de deducciones.

La novedad más importante del nuevo régimen es la introducción del llamado tramo autonómico o complementario de la deducción por inversión en vivienda habitual.

En el ejercicio de estas competencias normativas las CCAA han establecido medidas que afectan directa o indirectamente a los discapacitados.

Las CCAA que han adoptado competencias en estas materias, incluyendo en su cuota autonómica deducciones por discapacidad, son las siguientes:

B) 2.1. Andalucía

Legislación: Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Deducción para declarantes con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, en la cuota íntegra autonómica del IRPF de 50 euros, siempre que su base imponible no sea superior a 18.000 euros en caso de tributación individual o a 22.000 euros en caso de tributación conjunta.

B) 2.2. Asturias

Legislación: Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales

Deducción por adquisición o adecuación de vivienda habitual en el Principado de Asturias para contribuyentes discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 65 %. El 3 % de las cantidades satisfechas por la adquisición o adecuación de la vivienda habitual, excepción de la parte correspondiente a intereses, siempre que se trate de obras estrictamente necesarias o de una nueva vivienda con instalaciones que faciliten su comunicación sensorial y accesibilidad, extremos a acreditar ante el órgano de la Administración tributaria por el certificado emitido por la Consejería competente en materia de valoración de minusvalías.
La base máxima de esta deducción será de 12.380,85 €/año.

Deducción por adquisición o adecuación de la vivienda habitual para contribuyentes con los que convivan sus cónyuges, ascendientes o descendientes minusválidos siempre que convivan con el contribuyente durante más de 183 días al año. En este supuesto, para tener derecho a la deducción no pueden disponer de rentas, incluidas las exentas, superiores al SMI.
La base máxima de esta deducción será de 12.380,85 €/año.

B) 2.3. Cataluña

Legislación: Ley 31/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas

Deducción por el alquiler de la vivienda habitual. Los contribuyentes podrán deducir el 10% hasta un máximo de 300 €/año de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo en concepto de alquiler de vivienda habitual si:

- Tienen 32 años o menos en la fecha del devengo del IRPF o han estado en paro durante 183 días o más del ejercicio o tienen un grado de discapacidad igual o superior al 65% o son viudos o viudas y tienen 65 años o más
- Su base imponible no es superior a 20.000 €/año.
- Las cantidades satisfechas en concepto de alquiler superan el 10% de los rendimientos netos del contribuyente.

Si pertenecen a una familia numerosa, el límite máximo anterior se eleva a 600 €/año. En el supuesto de tributación conjunta, el límite máximo es de 600 €/año y el de la base imponible de la unidad familiar, de 30.000 €/año.
Esta deducción es incompatible con la compensación por deducción por arrendamiento de vivienda de la LIRPF estatal.

Deducción por inversión en la vivienda habitual. Se establecen los siguientes porcentajes de deducción en el tramo autonómico:

- Con carácter general, el 3.45%
- Cuando el contribuyente utiliza financiación ajena, los porcentajes incrementados del art. 55.1.1. LIRPF serán del 6,75% y del 5,10%, respectivamente.

- Los contribuyentes que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

Tengan 32 años o menos en la fecha de devengo del impuesto y su base imponible no sea superior a 30.000 €
Hayan estado en paro durante al menos 183 días del ejercicio
Tengan un grado de discapacidad igual o superior al 65%
O formen parte de una unidad familiar que incluya 1 hijo, al menos, en la fecha del devengo del IRPF

tendrán derecho a los siguientes porcentajes de deducción:

Con carácter general, el 6,45%
Cuando se aplique financiación ajena, el 9,75% y el 8,10% (art.55.1.1.LIRPF)

Estos porcentajes serán aplicables, asimismo, en el supuesto de gastos de adecuación de la vivienda habitual, art. 55.1.4 LIRPF.


B) 2.4. Castilla y León

Legislación: Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOE 25 enero 2005)

Deducciones por familia numerosa: Art. 2. Se establece una deducción de 236,25 euros por familia numerosa que será de 472,50 euros cuando alguno de los cónyuges o descendientes tenga un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

Deducción en el IRPF para las personas mayores de 65 años que sean discapacitadas (grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100) y que precisen la ayuda de terceras personas incrementándola a 630 euros siempre que concurran determinadas circunstancias:

a) Que la renta disponible del contribuyente no exceda de 18.900 euros si la tributación es individual o 31.500 euros si se trata de tributación conjunta.
b) Que acredite la necesidad de ayuda de tercera persona.
c) Que el contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comunidad de Castilla y León.


B) 2.5. Baleares

Legislación: Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOE 1 febrero 2006)

Deducción por declarantes con discapacidad física o psíquica o con descendientes solteros y ascendientes con esta condición que residan en las Islas Baleares.

Art. 40. IRPF. Equipara la deducción autonómica para declarantes con minusvalía psíquica o con descendientes con esta condición igual o superior al 33 % a la deducción por minusvalía física igual o superior al 65 %, es decir 120 euros en ambos casos, mientras que la deducción por minusvalía física igual o superior al 33% es de 60 euros.

En el caso que los cónyuges hayan optado por la tributación individual y tengan derecho a la reducción prevista en concepto de mínimo por descendientes establecido en el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cada uno tendrá derecho a aplicarse íntegramente la deducción. Tienen derecho a esta deducción aquellos contribuyentes cuya parte general de la renta del período no supere la cuantía de 12.000,00 euros en el caso de tributación individual, y de 24.000,00 euros en el caso de tributación conjunta.


B) 2.6. Madrid

Legislación: Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 2 marzo 2006)

Deducción de 900 euros por cada persona discapacitada con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que conviva con el contribuyente durante más de ciento ochenta y tres días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación, cuando no diera lugar a la obtención de ayudas o subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Cuando la persona acogida genere el derecho a la deducción para más de un contribuyente simultáneamente, el importe de la misma se prorrateará por partes iguales en la declaración de cada uno de ellos si optaran por tributación individual.

B) 2.7. Valencia

Legislación: Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad (BOE 21 febrero 2006).

El Artículo 30. Uno.IRPF. modifica el artículo Cuarto de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, de La Generalitat, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos. Las deducciones son las siguientes:

- Por nacimiento o adopción, durante el período impositivo, de un hijo discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que dicho hijo haya convivido con el contribuyente ininterrumpidamente desde su nacimiento o adopción hasta el final del citado período, la cantidad que proceda de entre las siguientes:

210 euros, cuando se trate del primer hijo que padezca dicha discapacidad, sea el primer hijo, por orden, del contribuyente, o sea otro posterior.
260 euros, cuando se trate del segundo o posterior hijo que padezca dicha discapacidad, sea el segundo hijo, por orden, del contribuyente, o sea otro posterior, siempre que sobrevivan los anteriores discapacitados.

Cuando ambos progenitores o adoptantes tengan derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará por partes iguales. La aplicación de esta deducción resultará compatible con las recogidas en las letras a), relativa al nacimiento o adopción de un hijo, y b), relativa al nacimiento o adopción múltiples.

- Por ostentar, a la fecha del devengo del impuesto, el título de familia numerosa, expedido por el órgano competente en materia de servicios sociales de La Generalitat o por los órganos correspondientes del Estado o de otras Comunidades Autónomas, la cantidad que proceda de entre las siguientes:

190 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría general.
435 euros, cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.

Asimismo, tendrán derecho a esta deducción aquellos contribuyentes que, reuniendo las condiciones para la obtención del título de familia numerosa a la fecha del devengo del impuesto, hayan presentado, con anterioridad a la misma, solicitud ante el órgano competente en materia de servicios sociales para la expedición de dicho título. En tal caso, si se denegara la solicitud presentada, deberá pagarse la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la deducción practicada, así como sus intereses de demora.

Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación por categorías se determinarán con arreglo a lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.

Esta deducción se practicará por el contribuyente con quien convivan los restantes miembros de la familia que originen el derecho a la deducción. Cuando más de un contribuyente tenga derecho a la aplicación de esta deducción, su importe se prorrateará entre ellos.

La aplicación de esta deducción resulta compatible con las recogidas en las letras a), b) y c) precedentes, relativas, respectivamente, al nacimiento o adopción de un hijo, al nacimiento o adopción múltiples y al nacimiento o adopción de hijo discapacitado.

- Para contribuyentes discapacitados de edad igual o superior a 65 años: 168 euros por cada contribuyente, siempre que éste cumpla, simultáneamente, los dos siguientes requisitos:

1) Tener al menos 65 años a la fecha de devengo del impuesto;
2) Ser discapacitado con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

En cualquier caso, no procederá esta deducción si como consecuencia de la situación de discapacidad contemplada el contribuyente percibe algún tipo de prestación que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se halle exenta en el mismo.

- Por ascendientes mayores de 75 años, y por ascendientes mayores de 65 años que sean discapacitados físicos o sensoriales, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, o discapacitados psíquicos, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre que, en ambos casos, convivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros: 168 euros por cada ascendiente en línea directa por consanguinidad, afinidad o adopción, siempre que la base liquidable general del contribuyente no sea superior a 22.219 euros, en declaración individual, o a 32.218 euros, en declaración conjunta y que la base liquidable especial del contribuyente no sea superior a 635 euros, en cualquier régimen de declaración.

Para la aplicación de esta deducción se deberá tener en cuenta las normas establecidas en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.

- Por cantidades destinadas a la adquisición de vivienda habitual por discapacitados, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100: el 3 por 100 de las cantidades satisfechas, durante el período impositivo, por la adquisición de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente, excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente a intereses. A estos efectos, se estará al concepto de vivienda habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto. En cualquier caso, para la práctica de esta deducción se requerirá que la base imponible no sea superior a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), correspondiente al período impositivo.

La aplicación de esta deducción resultará compatible con la deducción relativa a la adquisición de primera vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años.

 

B. 2.8) Cantabria

Legislación: Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 (BOE 18 enero 2006).

Art. 11. Uno. IRPF. Deducciones autonómicas en la cuota del Impuesto:

Se mantiene la deducción por arrendamiento de vivienda habitual: El contribuyente podrá deducir el 10 por ciento de las cantidades satisfechas hasta un límite de 300 euros anuales si reúne los siguientes requisitos:

a) Tener menos de 35 años, más de 65 años o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

b) Que la base imponible del periodo antes de las reducciones por mínimo personal y familiar sea inferior a 22.000 euros en tributación individual o a 31.000 euros en tributación conjunta.

c) Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler excedan del 10 por 100 de la renta del contribuyente.


Por cuidado de familiares: El contribuyente podrá deducir 100 euros por cada descendiente menor de tres años, por cada ascendiente mayor de setenta y por cada ascendiente o descendiente con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 que reúna los siguientes requisitos:

a) Convivir más de 183 días del año natural con el contribuyente obligado a declarar.

b) No tener rentas brutas anuales superiores a 6.000 euros, incluidas las exentas, ni obligación legal de presentar declaración por el Impuesto de patrimonio.

B.2.9) Extremadura

Legislación: Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos (BOE 16 febrero 2006)

Art.2. IRPF. Introduce una nueva deducción por alquiler de vivienda habitual en la cuota autonómica del IRPF para personas con discapacidad, entre otros.

El contribuyente podrá aplicar sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deducción del 10% de las cantidades satisfechas en el período impositivo en concepto de alquiler de su vivienda habitual, con el límite de 300 euros anuales, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

1.º) Que concurra en el contribuyente alguna de las siguientes circunstancias:

b) Que forme parte de una familia que tenga la consideración legal de numerosa.
c) Que padezca una discapacidad física, psíquica o sensorial, siempre que tenga la consideración legal de minusválido con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

2.º) Que se trate del arrendamiento de la vivienda habitual del contribuyente, ocupada efectivamente por el mismo.

3.º) Que el contribuyente no tenga derecho a la compensación económica prevista en la Disposición Transitoria Decimotercera del Real Decreto Legislativo 3/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

4.º) Que se haya satisfecho por el arrendamiento y, en su caso, por sus prórrogas el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

5.º) Que el contribuyente no tenga derecho durante el mismo período impositivo a deducción alguna por inversión en vivienda habitual, con excepción de las cantidades depositadas en cuentas vivienda.

6.º) Que ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra vivienda situada a menos de 75 kilómetros de la vivienda arrendada.

7.º) Que la suma de las partes general y especial de la base imponible no sea superior a 18.000 euros en declaración individual o a 22.000 euros en declaración conjunta.

Una misma vivienda no puede dar lugar a la aplicación de un importe de deducción superior a 300 euros. Si con relación a una misma vivienda dos o más contribuyentes tuvieran derecho a la deducción, su importe se prorrateará entre ellos.

Art. 3. IRPF. Deducción por cuidado de familiares discapacitados.
El contribuyente podrá deducir de la cuota íntegra autonómica 150 euros por cada ascendiente o descendiente con discapacidad física, psíquica o sensorial que tenga la consideración legal de minusválido con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

Para que haya lugar a la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el ascendiente o descendiente discapacitado conviva de forma ininterrumpida al menos durante la mitad del período impositivo con el contribuyente. Cuando dos o más contribuyentes con el mismo grado de parentesco tengan derecho a la aplicación de esta deducción respecto de una misma persona, su importe se prorrateará entre ellos por partes iguales. Cuando los contribuyentes tengan distinto grado de parentesco respecto del discapacitado, la aplicación de la deducción corresponderá al de grado más cercano.

b) Que la suma de las partes general y especial de la base imponible del contribuyente no sea superior a 18.000 euros en declaración individual, o a 22.000 euros en declaración conjunta.

c) Que el ascendiente o descendiente discapacitado no obtenga rentas brutas anuales superiores al doble del salario mínimo interprofesional, incluidas las exentas, ni tenga obligación legal de presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio.

d) Que se acredite la convivencia efectiva por los Servicios Sociales de base o por cualquier otro organismo público competente.

B.2.10) Aragón

Legislación: Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOE 18 febrero 2005)

Art. 1.2. Contempla una deducción por nacimiento o adopción de segundo hijo cuando este presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100. La cuantía es de 500 euros salvo que la suma de la parte general y la parte especial de la base imponible de todas las personas que formen parte de la unidad familiar no exceda de 32.500 euros, caso en que se eleva a 600 euros.

B.2.11) Galicia

Legislación: Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo (BOE 3 febrero 2005)

Art. 1. Uno. 2) IRPF. El contribuyente que ostente el título de familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto podrá deducir 250 euros cuando se trate de familias numerosas de categoría general y 400 euros cuando se trate de una de categoría especial. Cuando alguno de los cónyuges o descendientes a los que sea de aplicación el mínimo personal y familiar del impuesto tenga un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, la deducción anterior será de 500 y 800 euros respectivamente.

4) Los contribuyentes de edad igual o superior a 65 años, afectados por un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 y que precisen ayudas de terceras personas podrán aplicar una deducción del 10 % de las cantidades satisfechas a los terceros, con un límite máximo de 600 euros siempre que:

a) La renta no exceda de 22.000 euros en tributación individual o de 31.000 euros en tributación conjunta.

b) Se acredite la necesidad de ayuda de terceras personas.

c) El contribuyente no sea usuario de residencias públicas o concertadas de la Comunidad Autónoma de Galicia o beneficiario del cheque asistencial de la Xunta de Galicia.

B.2.12) Canarias

Legislación: Ley 2/2004, de 28 de mayo, de medidas fiscales y tributarias (BOE 18 junio 2004)

IRPF: Se añade un nuevo art. 5 a la Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por la que se regula el tramo autonómico del IRPF en la Comunidad Autónoma de Canarias, de forma que los contribuyentes con residencia habitual en las Islas Canarias que realicen una donación en metálico a sus descendientes o adoptados menores de treinta años con destino a la adquisición o rehabilitación de la primera vivienda habitual del donatario en las Islas Canarias podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 1 por 100 del importe de la cantidad donada, con el límite de 240 euros por cada donatario. Cuando estas donaciones tengan como destinatarios a descendientes o adoptados legalmente reconocidos como minusválidos, con un grado superior al 33 por 100, podrán deducir de la cuota íntegra autonómica el 2 por 100 del importe de la cantidad donada, con el límite de 480 euros por donatario, y si el grado de minusvalía fuese igual o superior al 65 por 100 podrán deducir el 3 por 100 con un límite de 720 euros.

Asimismo será de aplicación la presente reducción cuando la donación se realice con destino a la rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la residencia habitual del contribuyente y tenga como destinatario a descendientes o adoptados minusválidos con un grado superior al 33 por 100. Se equiparan a los adoptados las personas sujetas a un acogimiento familiar permanente o preadoptivo y a los adoptantes las personas que realicen un acogimiento familiar permanente o preadoptivo.

Además se añade un artículo 6 nuevo, cuyo apartado 2 contempla una deducción de 300 euros en la cuota íntegra autonómica por cada contribuyente discapacitado con un grado de minusvalía superior al 33 por 100.

B.2.13) Castilla-La Mancha

Legislación: Ley 21/2002, de 14 de noviembre, de Medidas fiscales de apoyo a la familia y determinados sectores económicos y de gestión tributaria

Deducción por cuidado de descendientes o ascendientes discapacitados


Por cada descendiente soltero o ascendiente que sea discapacitado y acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, se establece una deducción de 300 euros, siempre que el descendiente soltero o ascendiente dependa y conviva más de 183 días del año natural con el contribuyente, no deba presentar declaración por el Impuesto sobre el Patrimonio y no tenga rentas brutas anuales superiores a 6.000 euros, incluidas las exentas.

Deducción por discapacidad del contribuyente


Por cada contribuyente discapacitado que acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, se establece una deducción de 300 euros.

Esta deducción sólo podrá ser aplicada por el contribuyente cuando su base imponible, determinada por la suma de la parte general y especial, antes de la aplicación de las reducciones por el mínimo personal y familiar, sea inferior a 22.000 euros en el caso de tributación individual o a 30.000 euros en el caso de tributación conjunta.

Legislación:

Estatal:

Ley 40/ 1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes.

Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999

Autonómica:

País Vasco: Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Álava: Norma Foral 35/1998, de 16 de diciembre, modificada por varias Normas Forales.

Guipúzcoa: Norma Foral 8/1998, de 24 de diciembre, modificada por varias Normas Forales.

Vizcaya: Norma Foral 10/1998, de 21 de diciembre, modificada por varias Normas Forales.

Navarra: Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre, modificada por varias Leyes Forales.

Andalucía: Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Asturias: Ley 6/2003, de 30 de diciembre, de medidas presupuestarias, administrativas y fiscales

Cataluña: Ley 31/2002, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas

Castilla y León: Ley 9/2004, de 28 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOE 25 enero 2005)

Baleares: Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOE 1 febrero 2006)

Madrid: Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 2 marzo 2006)

Valencia: Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad (BOE 21 febrero 2006).

Cantabria: Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 (BOE 18 enero 2006).

Extremadura: Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos (BOE 16 febrero 2006).

Aragón: Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOE 18 febrero 2005).

Galicia: Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo (BOE 3 febrero 2005).

Canarias: Ley 2/2004, de 28 de mayo, de medidas fiscales y tributarias (BOE 18 junio 2004).

Castilla-La Mancha: Ley 21/2002, de 14 de noviembre, de Medidas fiscales de apoyo a la familia y determinados sectores económicos y de gestión tributaria

Bibliografía:

BLESA BÁGUENA, Ángel y CARVAJO VASCO, Domingo: Prontuario Fiscal 2003, Valencia, CISS, 2003.

IMSERSO: Beneficios fiscales para personas con discapacidad (Guía para familias), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

LANDWELL; FUNDACIÓN ONCE: “Informe sobre la situación del discapacitado en el ámbito tributario”, Madrid, Fundación Once Price Waterhouse Coopers, octubre 2004.

María José Alonso Parreño para CANAL DOWN 21. 17 abril 2006.

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