2.2. Beneficios fiscales

2.2.1.2 Impuesto sobre Sociedades

El Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) es un tributo estatal de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta obtenida por sociedades y demás entidades jurídicas.

Los beneficios fiscales por razón de discapacidad se centran fundamentalmente en incentivos fiscales a las sociedades y entidades jurídicas sometidas al mismo y que inciden favorablemente en la contratación de trabajadores con discapacidad.

Se consideran personas con discapacidad o personas minusválidas a aquellas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100. Cuando se trate de trabajadores, tendrán que estar en edad laboral (entre los 16 y los 65 años).

Las referencias a artículos de la Ley del Impuesto de Sociedades son referencias al texto refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

A) Ámbito estatal

Los puntos relativos a discapacidad que habrán de tenerse en cuenta a la hora de hacer la declaración son los siguientes:

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 41 LIS)

Cuantía: Las empresas que contraten a personas con discapacidad podrán deducir de su cuota íntegra la cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento de la plantilla de trabajadores con discapacidad (los cuales tendrán que estar inscritos antes de su contratación en el Registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo del INEM)

Beneficiarios:


- Contribuyentes del Impuesto de Sociedades
- Contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades empresariales o profesionales y que determinen su rendimiento neto mediante el método de estimación directa.


Modalidad del contrato: El contrato será por tiempo indefinido, con jornada completa y el empleador habrá solicitado del INEM a los trabajadores con discapacidad que precise (art.39 LISMI).

Grado de discapacidad: 33 por 100, con una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje. (Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, Disposición Adicional Sexta).

Deducción por actividades de investigación y desarrollo en software (art. 35.1.a) LIS)

Se considera deducible del Impuesto de Sociedades, como actividad de investigación y desarrollo, la concepción de software avanzado siempre que esté destinado a facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de la sociedad de la información.

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e inmaterial excluidos los inmuebles y terrenos, minorada en el 65 por 100 de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.

El porcentaje de deducción es el 30 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto (con algunos ajustes) y el 10 por 100 de las inversiones en elementos de inmovilizado material e inmaterial, excluidos los inmuebles y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.


Deducción por inversión en plataformas de accesos para personas con discapacidad o en anclajes de fijación de sillas de ruedas instaladas en vehículos de transporte público de viajeros por carretera (art. 38.5 LIS)

Cuantía: Podrá deducirse de la cuota íntegra el 10 por 100 del importe de dichas inversiones (aunque no da derecho a deducción la parte de la inversión financiada con subvenciones).

Deducción por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad (art. 43 LIS)

Las empresas que tributen por el Impuesto de Sociedades podrán efectuar aportaciones a los patrimonios protegidos de sus empleados (con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros) o de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de su cónyuge o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, con derecho a deducción de acuerdo con las siguientes reglas:

- Las aportaciones que generen el derecho a deducción no podrán exceder de 8.000 euros por empleado o por discapacitado. Estas aportaciones serán deducibles en la cuota íntegra en un 10 por ciento de las aportaciones. Si las aportaciones son mayores se podrán deducir en los cuatro ejercicios impositivos siguientes.

- Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las contribuciones empresariales a patrimonios protegidos.

- Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros la deducción se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales.

Efectos de la disposición de cualquier bien o derecho del Patrimonio Protegido (art. 59 LIRPF)

Es importante señalar que la disposición, en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad, determinará las siguientes obligaciones fiscales:

En el supuesto de que la aportación fuese realizada por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, se establece que el trabajador titular del patrimonio protegido debe comunicar a éste las disposiciones que se hayan realizado en el periodo impositivo, quedando la entidad obligada a ingresar la cantidad deducida con los correspondientes intereses de demora en el periodo en el que se hayan incumplido los requisitos.

La falta de la citada comunicación constituye infracción tributaria simple sancionable con multa de 100 a 800 euros.

Se aclara que, cuando se trate de “bienes o derechos homogéneos”, se entenderá que fueron dispuestos “los aportados en primer lugar”.

Estas obligaciones fiscales, no serán de aplicación en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los trabajadores que hubieran realizado aportaciones a favor de sus familiares.

Es importante destacar que se trata de los primeros beneficios fiscales por ayudas de empresas a hijos discapacitados de empleados.

Bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades aplicables a las cooperativas de trabajo asociado que integren socios con discapacidad (Disp. Adic. Tercera de Ley 20/1990 de Régimen fiscal de las Cooperativas)

Bonificación: 90 por 100 de la cuota íntegra del IS.

Beneficiarios: Cooperativas de Trabajo Asociado en las que al menos un 50 por 100 de los socios sean personas con discapacidad. En el momento de constituirse la cooperativa dichos socios deben encontrarse en situación de desempleo.

Período de bonificación: Durante los cinco primeros años de actividad social (manteniendo durante el citado periodo el porcentaje establecido de 50 por 100 de socios discapacitados).

Centros Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales

Los Centros Especiales de Empleo y los Centros Ocupacionales pueden tener carácter público o privado. Cuando tengan carácter privado, y no tengan ánimo de lucro, su tributación por el IS dependerá de si cumple con los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o no. En el primer caso estarán sujetos al régimen fiscal establecido en la citada ley y en el segundo al régimen especial recogido en la propia LIS.

B) Ámbito autonómico

B). 1. País Vasco

El IS tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma, para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco que se exige por la Diputación Foral correspondiente, por la Administración del Estado o por ambas, dependiendo del volumen de operaciones, y de dónde se han efectuado éstas.

La normativa fiscal de las tres Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) es casi idéntica.

La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco

Álava: Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, modificada varias veces

Guipúzcoa: Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, modificada varias veces

Vizcaya: Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, modificada varias veces.

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Deducción por determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas

Darán derecho a una deducción de la cuota íntegra del 10 por 100, en Álava y en Guipúzcoa, las inversiones en plataformas de accesos para personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

Las deducciones contempladas con carácter general se incrementarán en 3.005,06 euros (500.000 pesetas) en el supuesto de contratación de personas dentro de los colectivos con especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo. Las personas con discapacidad son uno de estos colectivos (Decretos 3/1998, 319/2002 y 329/2003 del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del País Vasco sobre empleo y ayudas a la inserción laboral).

B).2. Navarra

El IS se exige por la Comunidad Foral de Navarra, la cual tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, con sujeción a las normas sobre Convenio Económico a que se refiere el art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:

Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, modificada.

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad

La cuantía es de 6.000 euros por cada persona/año con discapacidad contratada cuando haya un incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de la media del ejercicio inmediato anterior con dicho tipo de contrato. Si se mantiene el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, pero se produce un incremento superior en la plantilla con contrato de trabajo indefinido respecto del promedio de la plantilla total, la deducción de la cuota íntegra es de 2.705 euros (art.71.3 Ley 24/1996).

Deducción por software avanzado

Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de software avanzado que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la “sociedad de la información”. La deducción es en la cuota íntegra del 40 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo de que se trate.

Deducción por determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas

Darán derecho a una deducción de la cuota íntegra del 15 por 100 las inversiones en plataformas de accesos para personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.

B).3 Otras Comunidades Autónomas

Al tratarse de un tributo no cedido a otras CCAA no caben beneficios fiscales autonómicos en las mismas.

 

Bibliografía:

BLESA BÁGUENA, Ángel y CARVAJO VASCO, Domingo: Prontuario Fiscal 2003, Valencia, CISS, 2003.

IMSERSO: Beneficios fiscales para personas con discapacidad (Guía para familias), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

LANDWELL; FUNDACIÓN ONCE: “Informe sobre la situación del discapacitado en el ámbito tributario”, Madrid, Fundación Once Price Waterhouse Coopers, octubre 2004.

María José Alonso Parreño para CANAL DOWN 21. 17 mayo 2006.

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