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Mayo 2011
Área jurídica - Novedades

NOVEDADES MAYO 2011

 

Leyes y otras normas publicadas:

 

Legislación estatal:

 

Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social. (BOE 30 marzo 2011)

 

Se denomina economía social al conjunto de las actividades económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con los principios recogidos en el artículo 4, persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien el interés general económico o social, o ambos.

 

Estos principios son los siguientes:

 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.

d) Independencia respecto a los poderes públicos.

 

Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios descritos anterioriormente.

 

Sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas, el ámbito de aplicación de esta Ley se extiende a todas las entidades de la economía social que actúen dentro del Estado.

 

La Ley tiene por objeto establecer un marco jurídico común para el conjunto de entidades que integran la economía social, con pleno respeto a la normativa específica aplicable a cada una de ellas, así como determinar las medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que les son propios.

 

Disposición adicional séptima. Programa de impulso de las entidades de economía social.

El Gobierno aprobará en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un programa de impulso de las entidades de economía social, con especial atención a las de singular arraigo en su entorno y a las que generen empleo en los sectores más desfavorecidos. Este programa entre otras reflejará las siguientes medidas:

1.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, revisará la normativa necesaria para eliminar las limitaciones de las entidades de la economía social, de forma que estas puedan operar en cualquier actividad económica sin trabas injustificadas.

2.º Previa consulta a las entidades representativas de la economía social, del Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las Comunidades Autónomas, remitirá a las Cortes un proyecto de ley que actualice y revise la Ley 4/1997, de 24 de marzo, de Sociedades Laborales.

3.º Previa consulta con las entidades que realizan acción social revisará la normativa de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que le es de aplicación, con el objeto de simplificar los procedimientos regulados en la misma.

 

Real Decreto 422/2011, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en los procesos electorales. (BOE 30 marzo 2011).

 

Véase al respecto nota del Cermi en el siguiente linK: (adjunto archivo)

 

http://www.cermi.es/es-ES/Novedades%20e%20informaci%c3%b3n%20de%20interes/Paginas/Inicio.aspx?TSMEIdPub=1172

 

Legislación autonómica:

 

Madrid:

 

Ley 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada. (BOCM 29 marzo 2011)

 

Su objetivo básico la protección integral de la mujer embarazada que se encuentre en especial riesgo social o en situación de desamparo. Aunque esta ley se asemeja a la Ley 5/2010, de 23 de junio, de la Comunidad de Galicia, por la que se establece y regula una red de apoyo a la mujer embarazada, la descripción de su objeto es menos ambiciosa y no hace mención alguna a la posible discapacidad de la gestante, como si hace la ley gallega, ni a la posible discapacidad del feto. Sin embargo, aunque no se haga mención a la discapacidad, sigue siendo aplicable a estos supuestos, y por esta razón se recoge aquí.

 

Constituye el objeto de la Ley madrileña la configuración del marco jurídico de actuación de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la protección y atención social a la maternidad, que comprende el diseño de medidas y actuaciones dirigidas a garantizar y proteger el derecho de la mujer embarazada a ser madre, especialmente el de las mujeres que se encuentren en situación de desamparo o riesgo social.

 

La Ley se aplicará con carácter prioritario a favor de toda mujer embarazada que acredite estar empadronada y tener su residencia en algún municipio de la Comunidad de Madrid y que, por razón de sus circunstancias personales o sociales, pueda acceder a los beneficios establecidos en la presente Ley y a aquellos que en virtud de la misma se desarrollen.

 

Las disposiciones previstas en la presente Ley serán aplicables a las administraciones públicas y a cualquier entidad de titularidad pública o privada que preste servicios sociales o sanitarios en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

 

Toda mujer embarazada que se encuentre en una situación de especial riesgo social o desamparo, tendrá derecho a ser asesorada e informada de forma personalizada sobre las ayudas y apoyos que puede recibir para ejercer su derecho a ser madre y la mejor atención a su hijo.

 

A estos efectos, desde la Consejería competente por razón de la materia, se promoverá la existencia de Centros o Servicios de asesoramiento, suministrando información detallada sobre los recursos de protección social existentes de ámbito estatal, autonómico y local, tanto públicos como privados, adecuados a sus necesidades y, en especial, los referentes a salarios de inserción social, ayudas a la maternidad, ayudas en materia de residencia y apoyos a la reinserción laboral.

 

Igualmente en estos Centros o Servicios, se orientará a la mujer sobre cómo acceder a esas ayudas colaborando en su tramitación y gestión cuando fuere necesario.

 

De conformidad con los fines y principios establecidos, la orientación de las políticas de atención social a la maternidad quedará estructurada en atención a las siguientes directrices:

 

a) El apoyo a la maternidad y la protección del concebido no nacido como presupuestos del estado de bienestar social de la Comunidad de Madrid.

 

b) La potenciación de carácter transversal de las políticas sociales de protección de la maternidad y su respectiva organización e instrumentación, en todos los ámbitos de actuación de la Comunidad de Madrid.

 

c) El impulso de la formación afectivo sexual dirigida especialmente a los menores de edad.

 

d) El fomento de las medidas y programas sociolaborales de las mujeres gestantes tendentes a garantizar su autonomía personal y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

 

e) La promoción de la adopción y el acogimiento como alternativas eficaces para permitir a la mujer gestante seguir adelante con el embarazo.

 

f) La promoción de la corresponsabilidad de los hombres durante el embarazo de la mujer, así como su responsabilidad con los hijos.

 

Artículo 8.- Información

 

En todos los centros asistenciales y sanitarios radicados en el territorio de la Comunidad de Madrid se facilitará a las mujeres gestantes y a sus familias la información básica prevista en la presente Ley.

 

La información básica incluirá, como mínimo, una guía de recursos de apoyo y asistencia a la maternidad, además de la referente a la legislación vigente en la materia y la prevista para la prestación del consentimiento informado que exige la norma sanitaria.

 

La misma contemplará de manera destacada el teléfono de acceso general y gratuito previsto en el siguiente artículo.

 

La información se facilitará con carácter personalizado, sin perjuicio de entregar además la documentación correspondiente.

 

Artículo 10.- Convenios de colaboración y Subvenciones

 

1. La Comunidad de Madrid potenciará, en este ámbito, la cooperación entre la administración autonómica y los Municipios por medio de la celebración de convenios de colaboración, que mejoren la eficiencia de las medidas de apoyo y asistencia a la maternidad o de cualquier otra forma que se estime procedente.

 

2. En especial, los convenios a los que se refiere el apartado anterior, tendrán como objeto la difusión del conocimiento entre las mujeres potencialmente interesadas de la red de apoyo y asistencia a la maternidad y la colaboración de las Entidades Locales en la difusión, la aplicación y la eficacia de estas medidas.

 

3. El Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá igualmente conceder subvenciones y establecer convenios con los centros de iniciativa social que se presten a ofrecer el asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada previstos en esta Ley.

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un Plan Integral de Apoyo a la Embarazada que incluya acciones y objetivos para hacer realidad la existencia de una eficaz red de apoyo.

  

Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado I en la Comunidad de Madrid (BOCM 28 marzo 2011)

 

En esta Orden se establece el Catálogo de Servicios para personas con Grado I y se describe en que consisten los servicios de promoción de la autonomía personal.

 

a) Los servicios de promoción de la autonomía personal. Son servicios de promoción los siguientes:

i. Los de habilitación y terapia ocupacional.

ii. Atención temprana.

iii. Estimulación cognitiva.

iv. Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.

v. Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o discapacidad intelectual.

vi. Apoyos personales y cuidados en alojamientos especiales (viviendas tuteladas).

Los servicios de promoción de la autonomía personal y, en su caso, los planes de prevención de las situaciones de dependencia se desarrollarán por el órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid, conforme a los criterios establecidos en la Comisión Delegada del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y a la normativa específica de la Comunidad de Madrid.

b) Servicio de Teleasistencia.

c) Servicio de Ayuda a Domicilio.

i. Cuidados personales.

ii. Atención de las necesidades del hogar.

d) Servicios deAtenciónDiurna/Nocturna para personas en situación de dependencia:

i. Centros para personas mayores.

ii. Centros para personas con algún tipo de discapacidad.

e) Otros centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad, salvo la atención residencial.

f) Otros centros que presten servicios de atención a personas en situación de dependencia en el ámbito sociosanitario o socioeducativo, salvo la atención residencial.

 

Las personas a las que se reconozca Grado I no podrán optar a residencia, salvo que ya estuvieran disfrutando de ella. Esto significa que va a tener que utilizarse mucho más el recurso de pisos tutelados.

 

El artículo 4 regula las intensidades de todos los servicios para las personas con Grado I y establece que los servicios de promoción podrán prestarse a personas con grado II y Grado III con intensidad mínima la de Grado I nivel 2.

Las prestaciones económicas serán las siguientes:

1. La prestación económica vinculada al servicio, cuya finalidad es contribuir a la financiación del coste de un servicio del catálogo del artículo 2 de la presente Orden, prestado por un centro o entidad privada, con o sin ánimo de lucro. El centro o servicio deberá estar debidamente acreditado por la Comunidad de Madrid.

Cuando el beneficiario esté siendo atendido en un centro residencial o en una vivienda tutelada o supervisada, la prestación solo podrá vincularse a los servicios de prevención y promoción de la autonomía personal que pueda estar recibiendo.

2. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, cuya finalidad es que la persona en situación de dependencia reciba en su entorno familiar los cuidados que precise.

Artículo 8

Compatibilidades de los servicios y prestaciones para el grado I de dependencia Para las personas reconocidas en grado I de dependencia se prevé de forma exclusiva el siguiente régimen de compatibilidades:

 

a) El servicio de teleasistencia podrá ser compatible con cualquier servicio o prestación del catálogo.

b) Los servicios de promoción de la autonomía personal podrán ser compatibles con cualquier servicio o prestación del catálogo siempre que sean inferiores a la intensidad horaria mínima fijada en la presente Orden.

 

Este régimen es difícil de comprender, pues se une al aún vigente en el art. 67 de la Orden 2386/2008 y a los de las Ordenes 626/2010 y 627/2010.

 

 

Aragón:

 

Ley 2/2011, de 24 de febrero, de modificación de la Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón. (BOE 7 abril 2011)

 

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, establece en su artículo 71.52.ª que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deporte, y en su artículo 25.1, que los poderes públicos aragoneses promoverán medidas que garanticen la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidades, así como su participación en la vida de la comunidad.

 

La Ley 4/1993, de 16 de marzo, del Deporte de Aragón, establece la ordenación de la práctica físico-deportiva en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. El artículo 25 regula la constitución de las federaciones deportivas aragonesas, disponiendo el apartado cuarto que, en el ámbito territorial de Aragón, solo podrá reconocerse oficialmente una federación deportiva aragonesa por cada modalidad deportiva.

Este precepto legal impide el reconocimiento de federaciones deportivas aragonesas que integren únicamente a deportistas con discapacidad y atiendan a la promoción y desarrollo para estos de modalidades deportivas ya integradas en las federaciones deportivas aragonesas reconocidas.

El Comité Paralímpico Internacional aprobó en 2004 la Dirección Estratégica para favorecer la integración de las modalidades deportivas practicadas por las personas con discapacidad en las correspondientes federaciones de deporte convencional, iniciando un proceso de integración e inclusión deportiva a nivel internacional y nacional. No obstante, el desarrollo de este proceso necesitará un prolongado periodo de tiempo hasta alcanzar su culminación, y, aun en ese momento, las federaciones de deportes de personas con discapacidad podrían continuar desarrollando sus acciones dirigidas a determinados colectivos de deportistas discapacitados y a las especialidades deportivas practicadas únicamente por las personas con discapacidad.

Por todo ello, para garantizar en todo caso que las personas con discapacidad puedan realizar su práctica deportiva como integrantes de una federación deportiva aragonesa, atendiendo a las especificidades que concurren en su actividad deportiva y dentro del proceso de plena integración y equiparación de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, se hace necesario modificar la Ley del Deporte de Aragón con el fin de hacer posible la constitución de federaciones aragonesas de deportes de personas con discapacidad. La modificación se realiza visto el informe elaborado por la Dirección General de Servicios Jurídicos y el informe preceptivo del Consejo Aragonés del Deporte.

 

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón. (BOE 7 abril 2011)

 

Artículo 7. Reservas sociales de contratos.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos deberán reservar la participación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de contratos de servicios, suministros y gestión de servicios públicos a centros especiales de empleo, cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales, y a empresas de inserción, así como reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido, en los términos establecidos en este artículo. En el caso de reservas de ejecución en el marco de programas de empleo protegido, dichas reservas se podrán efectuar igualmente en contratos de obras.

En todo caso, será necesario que las prestaciones se adecuen a las peculiaridades de tales entidades.

Los órganos de contratación podrán, en el ámbito de sectores objeto de contratación centralizada, contratar al margen de la misma si optan por reservar el contrato, siempre que los pliegos de cláusulas administrativas particulares del correspondiente procedimiento de contratación centralizada hayan previsto esta excepción.

2. La reserva podrá afectar al objeto íntegro del contrato o solo a uno o varios de los lotes del mismo.

3. Las entidades a las que se refiere el apartado 1 que quieran ser contratadas en cumplimiento de las medidas reguladas por este artículo deberán inscribirse previamente en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Aragón.

4. La reserva a centros especiales de empleo o para la ejecución en el marco de programas de empleo protegido podrá aplicarse a contratos de cualquier cuantía.

En el caso de las empresas de inserción, la reserva únicamente se efectuará sobre contratos no sujetos a regulación armonizada, exceptuando los contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, de cuantía superior a 193.000 euros o a la que resulte de aplicación por la normativa comunitaria.

5. Anualmente, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fijará los porcentajes mínimo y máximo del importe de estas reservas sociales a aplicar sobre el importe total anual de su contratación de suministros y servicios precisos para su funcionamiento ordinario realizada en el último ejercicio cerrado. Estos porcentajes podrán fijarse de manera diferenciada en función de los órganos de contratación o sectores materiales afectados.

A los efectos de elaborar el anteproyecto de Ley de Presupuestos, el Departamento competente en materia de inserción laboral de los colectivos beneficiarios de la reserva, previa consulta con las asociaciones empresariales representativas de dichos sectores, presentará al Departamento competente en materia de Economía la cifra de negocios correspondiente al año anterior de los distintos sectores empresariales beneficiarios de la reserva.

6. La concreción de los ámbitos, departamentos, organismos o contratos sobre los que se materializarán estas reservas se realizará mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta del Departamento de Presidencia y del Departamento competente en materia de Economía.

7. En los anuncios de licitación correspondientes deberá hacerse referencia a la presente disposición.

8. Cuando, tras haberse seguido un procedimiento de un contrato reservado, no se haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas, se podrá licitar de nuevo el contrato sin efectuar la reserva inicialmente prevista, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. No obstante, el importe de dicho contrato computará a efectos de integrar los porcentajes mínimo y máximo citados en el apartado 5.

 

Artículo 12. Criterio de resolución de empates en la valoración de ofertas.

Cuando por la aplicación de los criterios de adjudicación se produjera un empate en la puntuación entre dos o más licitadores y no se hayan previsto criterios de desempate, o cuando previstos y aplicados el empate persistiera, este se dirimirá a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, siempre que este no sea inferior al 2 por 100; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor porcentaje de trabajadores temporales, siempre que este no sea superior al 10 por 100, y persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realización de buenas prácticas en materia de igualdad de género, o, en última instancia, a través de un sorteo.

A tal efecto, la Mesa de contratación o la unidad gestora del contrato requerirán la documentación pertinente a las empresas afectadas, otorgándoles un plazo mínimo de cinco días naturales para su aportación.

 

 

Extremadura:

 

Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura. (BOE 13 abril 2011)

 

Art. 22. 3. Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de ciudadanía de todas las mujeres, promover su participación política, económica, social, laboral y cultural, así como el acceso a los recursos y servicios en igualdad de oportunidades, los Poderes Públicos de Extremadura podrán poner en marcha de forma prioritaria acciones positivas para aquellos colectivos en los que confluyan diversos factores de discriminación. Fundamentalmente se atenderá a los factores de hábitat de residencia, orientación sexual, discapacidad, etapa del ciclo vital, etnia y raza, condición migratoria, problemas de salud mental, privación de libertad y drogodependencia.

 

Artículo 43. Incentivos a la contratación de mujeres.

La Junta de Extremadura fomentará la contratación estable de las mujeres, bien incentivando contratos fijos o mediante la transformación en indefinidos de los contratos temporales, pudiendo cualificar estas ayudas en función de los sectores o categorías profesionales en los que las mujeres se encuentren subrepresentadas. Asimismo, establecerá medidas de fomento de la contratación de aquellas mujeres que presenten mayor vulnerabilidad y riesgo de discriminación por su temprana o tardía edad, su discapacidad, su condición de inmigrante, su vecindad en el ámbito rural, el haber sido víctima de violencia de género o cualquier otra condición de especial vulnerabilidad, conforme se determine reglamentariamente.

 

Art. 57. 3. Organización de espacios, horarios y creación de servicios. La Administración educativa y la Administración asistencial, tanto de menores en edad no escolarizados, de mayores, personas con discapacidad o con algún grado de dependencia, promoverán la existencia de centros de educación infantil y centros de cuidados de personas mayores, con algún tipo de discapacidad o dependencia, con horarios compatibles con las jornadas, de descansos y permisos que favorezcan la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.

 

Art. 59. 3. Conciliación en el empleo público. En la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación, se otorgará preferencia, durante un año, a quienes se hayan reincorporado al servicio activo o actividad laboral procedentes de un permiso, excedencia o suspensión de contrato por maternidad, paternidad o guarda legal, incluidos los supuestos de adopción y acogimiento y el cuidado de personas con algún tipo de enfermedad, discapacidad o dependencia, conforme se determine reglamentariamente.

 

Art. 63. 5. Igualdad en las políticas de inclusión social. La Junta de Extremadura en todas las campañas de información sobre las medidas y normas contempladas en la ley, en especial las de sensibilización contra la violencia de género, utilizará los medios adecuados para hacer llegar sus mensajes a todas las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad y a las mujeres inmigrantes.

 

Art.75.2 Medios de comunicación social.

La Junta de Extremadura, con la finalidad de evitar la discriminación de las mujeres en el sector de la información y la comunicación de titularidad pública y, en especial, en relación con la organización y actividad propia de la entidad audiovisual autonómica:

c) Garantizará que, en los medios de titularidad pública se pongan en marcha, de forma periódica, campañas institucionales de información y difusión dirigidas a poner en valor la necesaria presencia y participación social y política de las mujeres y la eliminación de la desigualdad entre los dos sexos y, en especial, de sensibilización contra la violencia de género, el acoso sexual y la explotación sexual de las mujeres. A estos efectos, velará por la utilización de los mecanismos adecuados para hacer llegar estos mensajes, también, a las mujeres con alguna discapacidad sensorial, estableciendo, para ello, los servicios de traducción necesarios.

 

Artículo 92. Actuaciones de sensibilización, prevención e información.

2. Las Administraciones Públicas de Extremadura desarrollarán periódicamente actuaciones destinadas a informar y sensibilizar a mujeres y hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como una problemática social que atenta contra nuestro sistema de valores. Dichas acciones, asimismo, deberán dirigirse a la población en general. En su caso, se adaptarán a las especiales circunstancias de niños y niñas, personas en edad adolescente y juvenil, personas inmigrantes, personas que viven en el medio rural y personas con discapacidad.

 

Andalucía:

 

Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato (BOJA 25 febrero 2011).

 

Se garantiza plaza escolar gratuita desde los tres años. Se dice que no habrá discriminación por ninguna circunstancia personal, pero a renglón seguido se dice lo siguiente: “Con objeto de proporcionar la respuesta educativa adecuada, este alumnado podrá escolarizarse en aquellos centros que dispongan de recursos específicos que resulten de difícil generalización.

 

10. La Administración educativa realizará una distribución equilibrada del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo entre los centros docentes sostenidos con fondos públicos, en condiciones que faciliten su adecuada atención educativa y su inclusión social.”

 

Artículo 8. Información al alumnado y a las familias

 

1. Las personas que ejercen la dirección o la titularidad de los centros docentes sostenidos con fondos públicos informarán a los padres, madres o tutores legales del alumnado que desee ser admitido en los mismos y, en su caso, a éste si es mayor de edad de las etapas educativas sostenidas con fondos públicos que se imparten, del contenido del Plan de Centro y, en su caso, de la adscripción autorizada con otros centros docentes.

 

Igualmente, informarán de los recursos específicos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial y de los servicios complementarios que tengan autorizados.

 

El art. 7 se refiere a la elección de centro docente pero esta elección queda limitada por el art. 37. Hay un baremo general que se aplica en la admisión, en el que la discapacidad del alumno o sus hermanos, tutores o guardadores, puntúa.

 

Artículo 37. Admisión del alumnado con necesidades educativas especiales

 

1. Con objeto de garantizar las condiciones más favorables para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales a que se refiere el artículo 113.2 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, la admisión de este alumnado se llevará a cabo, en función de la identificación y valoración de sus necesidades que realice el personal con la debida cualificación, en centros docentes ordinarios y, excepcionalmente, en centros específicos de educación especial sostenidos con fondos públicos, oídos los tutores legales.

 

2. Los Consejos Escolares de los centros docentes públicos y las personas físicas o jurídicas titulares de los centros docentes privados concertados, resolverán la admisión de este alumnado junto con la de los demás alumnos o alumnas cuando dispongan de recursos para su escolarización.

 

3. En caso de que el centro al que se ha dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos o el alumno o alumna no haya obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantías de admisión le adjudicará una plaza escolar en un centro docente de su ámbito de actuación que cuente con plaza vacante y disponga de dichos recursos.

 

Si no es posible adjudicar al alumno o alumna una plaza escolar en el ámbito territorial de la comisión, la solicitud será remitida a la correspondiente comisión provincial de garantías de admisión que le asignará una plaza escolar en un centro que disponga de recursos para su escolarización.

 

4. Para favorecer el agrupamiento de hermanos y hermanas, las personas titulares de las delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación, a solicitud de los tutores o guardadores legales y con anterioridad al inicio del curso escolar, podrán autorizar con ocasión de vacante la matriculación de los hermanos o hermanas en el centro en el que se encuentre matriculado el alumnado al que se refiere el apartado anterior.

 

Este artículo no garantiza una educación inclusiva de calidad a todos los niños con discapacidad en la comunidad en la que vivan como señala el art. 24 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es más, en lugar de poner recursos en el colegio donde van los hermanos de un niño con discapacidad, para que cada vez haya más colegios con recursos, la solución que propugnan es trasladar a los hermanos al colegio donde escolarizan al que tiene discapacidad porque ya tenía recursos antes.

 


Navarra:

 

Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres. (BOE 12 abril 2011)

 

Aunque no se menciona la discapacidad si se dice que se tendrá en consideración como prioritario el interés de los hijos menores o incapacitados.


art. 3.3. El Juez decidirá sobre la modalidad de custodia más conveniente para el interés de los hijos menores, teniendo en cuenta la solicitud que haya presentado cada uno de los padres, y atendiendo, además de a lo dispuesto en esta Ley Foral, a los siguientes factores:

a) La edad de los hijos.

b) La relación existente entre los padres y, en especial, la actitud de cada uno de los progenitores para asumir sus deberes, respetar los derechos del otro y, en especial, cooperar entre sí y garantizar la relación de los hijos con ambos progenitores y sus familias extensas.

c) El arraigo social y familiar de los hijos.

d) La opinión de los hijos, siempre que tengan suficiente juicio y, en todo caso, si son mayores de doce años, con especial consideración a los mayores de catorce años.

e) La aptitud y voluntad de los padres para asegurar la estabilidad de los hijos.

f) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres.

g) Los acuerdos y convenios previos que pudieran existir entre los padres y que estos le hayan justificado.

h) Cualquier otra circunstancia de especial relevancia para el régimen de convivencia.

4. En cualquier caso, la decisión buscará conciliar, siempre que sea posible, todos los intereses en juego, considerando como prioritarios los intereses de los hijos menores o incapacitados y asegurando la igualdad de los padres en sus relaciones con los hijos en todo lo que vaya en beneficio de estos.


Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el que se regula el profesional de referencia de servicios sociales de Navarra (BON 9 febrero 2011)

 

Se entiende por profesional de referencia el profesional que trabaja en los servicios sociales de atención primaria y en los servicios sociales de atención especializada, que asume la atención a una persona y/o familia y canaliza los distintos servicios y prestaciones que necesitan, asegurando una atención sistemática, integral y continuada, garantizando la coherencia de los itinerarios y la coordinación con los demás sistemas de protección social.

 

Esta regulación es un buen indicador de calidad de los servicios sociales.



País Vasco:

 

Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social (BOPV 9 febrero 2011).

 

 

La Rioja:

 

Decreto 4/2011, de 28 de enero, por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 4 febrero 2011).

 

Decreto 5/2011, de 28 de enero, por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 4 febrero 2011).

 

Decreto 8/2011, de 18 de febrero, del Servicio de Ayuda a Domicilio en el ambito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOLR 23 febrero 2011).

 

Incluye el servicio contemplado en el Sistema de Dependencia pero también otras modalidades. Las entidades locales determinan el coste que tendrá que pagar el usuario sin que nadie pueda quedar excluido por falta de recursos.

 

Valencia:

 

Ley 5/2011, de 1 de abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. (BOE 25 abril 2011)

 

Se promueve el pacto de convivencia familiar. A falta de este, se aplicarán las siguientes medidas judiciales:

 

Artículo 5. Medidas judiciales.

Art. 5. 1. A falta de pacto entre los progenitores, será la autoridad judicial, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la que fijará los extremos enumerados en el apartado 2 del artículo 4 de esta ley.

2. Como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida, el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones entre ellos.

3. Antes de fijar el régimen de convivencia de cada progenitor con los hijos e hijas menores, y a la vista de la propuesta de pacto de convivencia familiar que cada uno de ellos deberá presentar, la autoridad judicial tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) La edad de los hijos e hijas. En los casos de menores lactantes, se podrá establecer un régimen de convivencia provisional, de menor extensión, acorde con las necesidades del niño o de la niña, que deberá ser progresivamente ampliado a instancia de cualquiera de los progenitores.

b) La opinión de los hijos e hijas menores, cuando tuvieran la madurez suficiente y, en todo caso, cuando hayan cumplido 12 años.

c) La dedicación pasada a la familia, el tiempo dedicado a la crianza y educación de los hijos e hijas menores y la capacidad de cada progenitor.

d) Los informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan.

e) Los supuestos de especial arraigo social, escolar o familiar de los hijos e hijas menores.

f) Las posibilidades de conciliación de la vida familiar y laboral de los progenitores.

g) La disponibilidad de cada uno de ellos para mantener un trato directo con cada hijo o hija menor de edad.

h) Cualquier otra circunstancia relevante a estos efectos.

4. La autoridad judicial podrá otorgar a uno solo de los progenitores el régimen de convivencia con los hijos e hijas menores cuando lo considere necesario para garantizar su interés superior, y a la vista de los informes sociales, médicos, psicológicos y demás que procedan. En ese supuesto, deberá establecer un régimen de relaciones familiares adaptado a las circunstancias propias del caso, que garantice el contacto de los hijos e hijas menores con ambos progenitores.

 

Nada se dice sobre discapacidad del hijo pero podemos entender esta como una circunstancia relevante.

 

Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana (BOE 25 abril 2011).

 

Artículo 56. Centros de atención al público.

3. La Generalitat promoverá las actuaciones que considere necesarias para facilitar la contratación de los servicios al público a través de cualesquiera sistemas tecnológicos y aquellos que se consideren adecuados para atender a personas con discapacidades y limitaciones sensoriales. Igualmente promoverá las formas de colaboración que resulten convenientes entre los diversos centros de atención, especialmente en aquellos aspectos que impliquen la mayor difusión de los servicios ofertados para su concertación fuera de la Comunitat Valenciana, o en coordinación con otros operadores de transporte.

 

Artículo 97. Infracciones muy graves en materia de transporte de viajeros.

Se consideran infracciones muy graves en materia de transporte de viajeros:

17. La realización de servicio público de transporte de viajeros por carretera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

c) Denegar la venta de título de transporte o el acceso al vehículo a quienes lo hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen.

Especialmente se considerará incluido en la anterior circunstancia impedir o dificultar el acceso o utilización de los servicios de transporte a personas con discapacidad, aun en el supuesto de que no exista obligación de que el vehículo se encuentre especialmente adaptado para ello, siempre que, en este último supuesto, dichas personas aporten los medios que les resulten precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria.

 

Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).

 

Se reconoce a las personas con discapacidad como Colectivo con una especial protección.

 

Artículo 6. De los colectivos de especial protección.

1. Se consideran colectivos necesitados de una especial protección en la actuación de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, los colectivos de consumidores en los términos del artículo 2 que se encuentren en situación de inferioridad, subordinación, indefensión o desprotección más acusada por razón de su edad, origen o condición, y, en particular:

b) Las personas con discapacidad.

 

Artículo 7. Actuaciones de protección prioritarias.

1. Serán objeto de atención, vigilancia y control prioritario por parte de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana los productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, y, en especial, los bienes y productos de primera necesidad y los servicios esenciales o de interés general.

2. La protección se extremará cuando se trate de productos o servicios utilizados habitualmente por los colectivos establecidos en el artículo anterior. En particular, se atenderá a:

a) La seguridad de los juguetes y artículos destinados a la infancia.

b) La idoneidad y composición de los productos infantiles, su etiquetado y la información que sobre ellos se ofrece.

c) La supervisión de la publicidad dirigida al público infantil y adolescente.

d) La accesibilidad de las personas con discapacidad.

e) La veracidad de los mensajes publicitarios sobre los productos dietéticos, nutricionales, ecológicos y funcionales para que no conduzcan a error ni sean utilizados para generar una información falsa, tendenciosa o insuficiente.

f) La eficacia y agilidad en la resolución de controversias cuando las estancias que realicen los consumidores o los empresarios en la Comunitat Valenciana sean temporales.

 

Ley 2/2011, de 22 de marzo, del deporte y la actividad física de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011)

 

Artículo 3. Líneas generales de actuación.

La Generalitat desarrollará su política deportiva de acuerdo con las siguientes líneas generales de actuación:

 

32. Fomentar el deporte y la actividad física de las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial y de todos aquellos otros colectivos que precisen de especial atención.

 

Artículo 62. Exclusividad y ámbito.

1. Sólo podrá existir una federación por cada modalidad deportiva reconocida, a excepción de las federaciones de deportes adaptados y de discapacitados intelectuales de la Comunitat Valenciana.

2. El ámbito de competencias de las federaciones se extenderá a todo el territorio de la Comunitat Valenciana.

 

Artículo 86. La Normativa Básica de Instalaciones y Equipamientos Deportivos.

  1. La Normativa Básica de Instalaciones y Equipamientos Deportivos en materia de construcción, uso y mantenimiento de instalaciones y equipamientos deportivos se aprobará por Decreto del Consell y regulará:

g) Criterios que faciliten el acceso y utilización a las personas con discapacidad.

 

Artículo 108. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

5. La realización durante la celebración de competiciones deportivas de actos de contenido político ajenos a los fines deportivos, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que provocaren discriminación, odio o violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, origen nacional, sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad.

 

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de comercio de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).

 

Artículo 32. Normas para el tratamiento de la actividad comercial en el planeamiento urbanístico.

6. Los establecimientos comerciales y los espacios urbanos de alta concentración comercial deberán cumplir las normas y condiciones básicas que garanticen la accesibilidad y no discriminación, en el acceso y uso de los mismos, de las personas que cuenten con cualquier tipo de discapacidad, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en la materia, y, en particular, por la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, y disposiciones que la desarrollan.

 

Ley 4/2011, de 23 de marzo, de bibliotecas de la Comunitat Valenciana. (BOE 16 abril 2011).

 

Artículo 9. Plan de Fomento de la Lectura de la Comunitat Valenciana.

  1. El Plan de Fomento de la Lectura considerará la lectura como una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura, en el marco de la sociedad del conocimiento, y subrayará el interés general de la lectura en la vida cotidiana de la sociedad, mediante el fomento del hábito lector. El Plan de Fomento de la Lectura tendrá especial consideración con la población infantil y juvenil y con los sectores sociales más desfavorecidos, con especial atención a las personas con discapacidad, así como con el aprendizaje continuo de los ciudadanos de cualquier edad, e impulsará el apoyo a la lectura por parte de las administraciones públicas.

 

Los distintos recursos según el tamaño de los municipios, es decir, Bibliotecas centrales de red urbana municipal, Bibliotecas públicas municipales y Agencias de lectura pública municipales, deberán reunir entre los requisitos mínimos, el de cumplir la normativa específica sobre personas con discapacidad, y en materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

 

Decreto 13/2011, de11 de febrero, por el que se desarrolla la Ley de Protección a la Maternidad (DOCV 16 febrero 2011).

 

Desarrolla la Ley 6/2009, de 30 de junio (LCV 2009, 267) , de la Generalitat, de Protección a la Maternidad.

Tiene en cuenta a la mujer con discapacidad gestante en las definiciones del art. 3

Prevé un Manual de Buenas Practicas, un curso de formación, se elaborará material informativo una página web, un teléfono gratuito, centros de atención a la maternidad y redes de voluntariado. Nada se dice sobre discapacidad en el feto pero la ley es aplicable y es de interés el art. 18.

 

Artículo 18. Superior interés del menor en la crianza

 

1. Junto a las medidas de protección a la maternidad, y guiados por el superior interés del menor, se impulsarán medidas de apoyo a la crianza en el ejercicio de las funciones parentales.

 

2. La conselleria competente en materia de bienestar social desarrollará los protocolos informativos y de actuación que estime oportunos, con el fin de garantizar el interés del menor, sobre los siguientes aspectos:

 

a) Acogimiento familiar preadoptivo y adopción.

 

b) Desamparo del recién nacido, dentro y fuera del ámbito sanitario.

 

c) Atención a la menor embarazada con medidas de protección.

 

 

Legislación en curso:

 

Proyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad.

 

Proposición de Ley sobre garantía de los derechos y mejora de la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.

 

Proposición de Ley sobre integración de los trabajadores discapacitados en el sector público.

 

Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la financiación de la Ley de Dependencia.

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, para su adaptación a la convención sobre derechos humanos de las personas con discapacidad.

 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la Función Pública, en su redacción dada por la Ley 53/2003, en relación con el cupo de reserva de empleo público para personas con discapacidad.

 

Proposición no de Ley sobre medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el ámbito de la cultura.

 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo (procedente del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero).

 

Proposición no de Ley para garantizar el acceso físico y jurídico a la justicia de las personas con discapacidad.

 

Proposición no de Ley con el objeto de crear una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia a través del Instituto Nacional de Estadística.

 

Proposición no de Ley sobre el empleo de las personas con discapacidad.