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Prestaciones sociales y empleo
Empleo - Personas con discapacidad intelectual y el empleo
Indice del artículo
Prestaciones sociales y empleo
Incapacidad temporal y permanente
Asignación económica por hijo a menor acogido a cargo
Pensión no contributiva de invalidez
Pensión de orfandad
Todas las páginas

 

José Antonio González-Calero
Médico Evaluador jefe, INSS. Ciudad Real

 

 

La inclusión social de las personas con discapacidad intelectual debe ser una prioridad de cualquier programa de gobierno en un país desarrollado. El acceso cada vez mayor a mercados de trabajo normalizados debe ser uno de los pilares fundamentales de dicho programa; de hecho el porcentaje de personas con discapacidad intelectual que logran acceso a un puesto de trabajo normalizado debería ser uno de los indicadores que midieran el nivel de desarrollo de las sociedades modernas.

A pesar de lo anterior, las posibilidades de acceso a un mercado laboral en condiciones que permitan al discapacitado intelectual una plena autonomía económica durante toda su vida es difícil de alcanzar, especialmente en aquellas personas con mayor nivel de afectación o residentes en entornos socioeconómicos más desfavorables.

Las prestaciones económicas del sistema de seguridad social español constituyen en las citadas circunstancias una herramienta indispensable para compensar las dificultados de obtención de rentas regulares de trabajo de las personas discapacitadas. Dentro de estas prestaciones, relacionadas fundamentalmente con el grado de minusvalía o de discapacidad para el trabajo y en menor grado con el nivel de autonomía en actividades elementales de la vida diaria, destacan las prestaciones por hijo a cargo y por orfandad en relación con situaciones de minusvalía o incapacidad para el trabajo y las prestaciones de incapacidad permanente en sus modalidades contributiva y no contributiva.

Estas prestaciones presentan distintos niveles de compatibilidad con la obtención de rentas derivadas del trabajo y en aquellos casos en que el nivel de incompatibilidad es más rigurosa, está suele tener una temporalidad limitada a los periodos de actividad laboral, recuperándose habitualmente el derecho a la percepción económica tras el cese de dicha actividad.

Esta guía pretende aportar una información útil para el conocimiento de dichas prestaciones (naturaleza, cuantía, requisitos, compatibilidades, etc.) y servir, en consecuencia, como una herramienta de ayuda a las personas con discapacidad intelectual, padres y tutores en sus trámites con la administración a la hora de solicitar acceso a dichas prestaciones.

 

Pensiones contributivas y pensiones no contributivas

 

Las prestaciones son un conjunto de medidas que pone en funcionamiento la Seguridad Social para prever, reparar o superar determinadas situaciones de infortunio o estados de necesidad concretos, que suelen originar una pérdida de ingresos o un exceso de gastos en las personas que los sufren. En su mayoría económicas, las prestaciones pueden ser muy variadas, pero nosotros vamos a centramos en las que afectan directamente a las personas con discapacidad diferenciando entre las pensiones contributivas y las pensiones no contributivas.

 

Pensiones contributivas

 

Son prestaciones económicas y de duración indefinida, aunque no siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos. Su cuantía se determina en función de las aportaciones efectuadas por el trabajador y el empresario, si se trata de trabajadores por cuenta ajena, durante el período considerado a efectos de la base reguladora de la pensión de que se trate.

 

Dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social, con las salvedades que, en cada caso y para cada modalidad, se indican en el respectivo régimen especial, se incluyen las pensiones siguientes:

 

 

a) Por jubilación: jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista,  jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista, jubilación anticipada por reducción de la  edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, jubilación  anticipada de trabajadores discapacitados, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial  a los 64 años.

b) Por incapacidad permanente: total, absoluta y gran invalidez.

c) Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en favor de familiares.

 

Dentro de la acción protectora del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), se incluyen las pensiones de:

 

 a) Vejez

 b) Invalidez.

 c) Viudedad.

 

Pensiones no contributivas

 

Son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones siguientes:

 

a) Invalidez

b) Jubilación

 

La gestión de estas pensiones no contributivas está atribuida a los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma y a las Direcciones provinciales del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) en las ciudades de Ceuta y Melilla.

 

 


Incapacidad temporal y permanente

 

Incapacidad temporal

 

La prestación económica por incapacidad temporal trata de cubrir la falta de ingresos que se produce cuando el trabajador, debido a una enfermedad o accidente, está imposibilitado temporalmente para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social. Esta prestación económica está incluida dentro de la acción protectora del Régimen General y de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

 

Tienen la consideración de situaciones determinantes de la incapacidad temporal:

 

  • Las debidas a enfermedad, común o profesional, y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador esté impedido para el trabajo y reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
  • Los períodos de observación por enfermedad profesional, en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos.

 La incapacidad temporal puede constituir el hecho causante de una incapacidad permanente.

 

 

Incapacidad permanente

 

 

Prestación económica que, en su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona, cuando estando afectada por un proceso patológico o traumático derivado de una enfermedad o accidente, ve reducida o anulada su capacidad laboral de forma presumiblemente definitiva.

 

Las prestaciones a que dan lugar los diferentes grados de incapacidad, están incluidas dentro de la acción protectora del Régimen General y de los Regímenes Especiales, con las particularidades y salvedades que, en cada caso, se indican en el respectivo Régimen. Junto a ellas, pervive la pensión de invalidez del SOVI.

 


Asignación económica por hijo a menor acogido a cargo

 

  • Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual: Aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma.
  • Incapacidad permanente total para la profesión habitual: La que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.
  • Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo: La que inhabilita por completo al trabajador para toda profesión u oficio.
  • Gran invalidez: La situación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

 

Causantes

 

Se considera hijo o menor acogido a cargo a los hijos o menores acogidos que convivan y dependan económicamente del beneficiario, siempre que sean menores de 18 años o mayores afectados por una minusvalía igual o superior al 65%. Se consideran a cargo, aun cuando realicen un trabajo lucrativo, siempre que continúen conviviendo con el beneficiario y los ingresos por su trabajo no superen el 100% del SMI (624 € mes, año 2009) vigente en cada momento, en cómputo anual. No rompe la convivencia la separación transitoria motivada por estudios, trabajo de los progenitores, adoptantes o acogedores, rehabilitación u otras causas similares.

 

Los progenitores, adoptantes o acogedores que cumplan los requisitos exigidos por la ley:

 

- Residir legalmente en territorio español.

- Tener a su cargo hijos o menores acogidos, menores de 18 años o mayores afectados por una discapacidad en un grado igualo superior al 65% y residentes en territorio español.

- No tener derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

- No percibir ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a los límites establecidos. No se exige límite de ingresos para el reconocimiento de la condición de beneficiario por hijo o menor acogido a cargo discapacitado. Los hijos discapacitados mayores de 18 años que no hayan sido incapacitados judicialmente y conserven su capacidad de obrar. (Esto se presume cuando no se acredite dicha incapacitación judicial) Los huérfanos de ambos progenitores o adoptantes, menores de 18 años o discapacitados en un grado igualo superior al 65%.

 

Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus progenitores o adoptantes, siempre que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, y reúnan los requisitos de edad o minusvalía del punto anterior.    

 

 

Determinación de los beneficiarios

 

Sólo puede ser beneficiario uno de los dos progenitores o adoptantes y se aplican las siguientes reglas:

  • De común acuerdo
  • Si no hay acuerdo lo determinará el INSS siguiendo las reglas en cuanto a patria potestad y guarda que establece el Código Civil

En caso de separación o divorcio:

  • Quien tenga a su cargo el hijo o menor
  • Cuando por resolución judicial se hubiera acordado el ejercicio compartido de la guarda y custodia, la prestación se reconocerá a cada uno de ellos en proporción al tiempo en que le haya sido reconocida la custodia del hijo o menor.

En caso de huérfanos de ambos progenitores o adoptantes o abandonados por aquellos:

  • Representantes legales de menor o discapacitado incapacitado judicialmente, siempre que cumplan la obligación de mantenerlo y educarlo.
  • El propio huérfano o abandonado.

 

Cuantías

 

La cuantía de la asignación económica es distinta según la edad y el grado de discapacidad del hijo o menor acogido a cargo.

 

  • El abono se realiza sin pagas extraordinarias (se realizan 12 pagas)
  • Semestralmente, en enero y julio, cuando se trate de menores de 18 años.
  • Mensualmente, a mes vencido, en los casos de discapacitados mayores de 18 años.

La prestación está exenta del IRPF. La prestación se revalorizará cada año de acuerdo con el IPC.

 

Otros aspectos de interés

 

  • La asignación económica se percibirá mientras no se produzcan variaciones familiares que determinen su aumento, disminución o extinción.
  • Todos los beneficiarios tienen la obligación de presentar en el INSS, en el plazo de 30 días, contado desde la fecha en que se produzcan, comunicación debidamente acreditada de las variaciones que hubieran tenido lugar en su situación y pudieran dar lugar a la modificación o extinción del derecho a la prestación.
  • Antes del 1 de Abril de cada año el beneficiario deberá presentar una declaración expresiva de los ingresos habidos durante el ejercicio anterior.
  • Si como consecuencia de las variaciones se produce la extinción del derecho, las asignaciones mensuales o diferencias de más que se hubieran percibido, tendrán la consideración de prestaciones indebidamente percibidas.

 

Denegación/Extinción

 

  • La prestación se deniega o extingue por las siguientes causas:
  • El fallecimiento del causante. Si el que fallece es el beneficiario, la titularidad del derecho pasaría al progenitor sobreviviente. si tiene el causante a su cargo.
  • El cumplimiento de la edad de 18 años, salvo cuando se trate de causante mayor de dicha edad afecto de una minusvalía igual o superior al 65%.
  • La desaparición o supresión de la minusvalía por mejoría del causante.
  • El cese de la dependencia económica del causante respecto al beneficiario. (Cuando los ingresos del hijo superen el 100% del salario mínimo en computo anual).
  • La superación, en el año anterior, de los límites de ingresos legalmente establecidos para el mantenimiento del derecho.

 

Incompatibilidades

 

  • Cuando concurran en ambos progenitores o adoptantes las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios de las prestaciones familiares, el derecho a percibir la prestación sólo podrá ser reconocido en favor de uno de ellos.
  • Las prestaciones familiares serán incompatibles con la percepción, por parte de los progenitores o adoptantes o, en su caso, de los acogedores, de cualquier otra prestación análoga establecida en los restantes regímenes públicos de protección social. En el supuesto de que uno de los progenitores o adoptantes esté incluido, en razón de la actividad desempeñada o por su condición de pensionista. en un régimen público de Seguridad Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen, siempre que aquél reúna los requisitos necesarios para ser beneficiario de dicha prestación. Cuando los beneficiarios puedan tener derecho a la misma prestación por un mismo sujeto causante en varios regímenes públicos de protección social, deberán optar por uno de ellos.
  • La percepción de las asignaciones económicas por hijo minusválido a cargo mayor de 18 años, es incompatible con la condición. por parte del hijo, de pensionista de jubilación o invalidez en la modalidad no contributiva y con la condición de beneficiario de las pensiones asistencia les reguladas en la Ley 45/1960, de 21 de julio, o de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos (LISMI). En estos supuestos, deberán ejercerse la opción en favor de alguna de las prestaciones declaradas incompatibles. Si los beneficiarios de las prestaciones incompatibles fuesen diferentes, la opción se formulará previo acuerdo de ambos. A falta de acuerdo, prevalecerá el derecho a la pensión de invalidez o jubilación no contributiva o, en su caso, a la pensión regulada en la Ley 45/1960, o a los subsidios de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona, establecidos en la Ley 13/1982.

 

Solicitud y gestión

 

La gestión y el reconocimiento del derecho a las prestaciones familiares corresponde al INSS y la determinación y, en su caso, la revisión del grado de minusvalía, así como la necesidad del concurso de tercera persona, está atribuida al órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma. El procedimiento se inicia ante el INSS con la presentación de la correspondiente solicitud, aportando los documentos necesarios. El derecho al reconocimiento de la prestación prescribe a los 5 años, contados desde el día siguiente a aquél en que se produce el hecho causante

 

 


Pensión no contributiva de invalidez

 

  • Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE del 29 de junio).
  • Real Decreto 357/1991 de 15 de marzo, por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas (integrada en el Real Decreto Legislativo anterior), (BOE del 21 de marzo).

 

El Estado a través de la Seguridad Social garantiza a las personas comprendidas en su campo de aplicación, por realizar una actividad profesional contributiva o por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la Ley General de la Seguridad Social.

 

La Pensión no Contributiva de Invalidez asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una Pensión Contributiva.

 

Pueden ser beneficiarios de la PNC de Invalidez los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes requisitos:

 

a) Carecer de ingresos suficientes

 

Existe carencia cuando las rentas o ingresos de que se disponga, en cómputo anual para 2009,sean inferiores a 4.708,62 € anuales. No obstante, si son inferiores a 4.708,62 € anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su Unidad Económica de Convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen a continuación; estas cuantías se verán incrementadas en los casos en que se causa derecho al complemento del 50% de la pensión (cuando se acredite la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida

 

Convivencia sólo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado:

 

N° de convivientes = 2   8.004,65 €/año

N° de convivientes = 3   11.300,68 €/año

N° de convivientes = 4   14.596,71 €/año

 

Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos:

 

N° de convivientes = 2   20.011,63 €/año

N° de convivientes = 3   28.251,70 €/año

N° de convivientes = 4   36.491,78 €/año

 

 

b) Específicos de la propia Pensión no Contributiva de Invalidez

§ Edad: Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco.

§ Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

§ Discapacidad: Grado de minusvalía igualo superior al 65%

 

 

 

Características, incompatibilidades y revalorización

 

El derecho a Pensión no Contributiva de Invalidez no impide el ejercicio de aquellas actividades laborales, sean o no lucrativas, compatibles con la discapacidad del pensionista y que no representen un cambio en su capacidad real para el trabajo.

 

De conformidad con la Ley 8/2005, de 6 de junio, ''para compatibilizar las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva con el trabajo remunerado, en el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo PNC de Invalidez, durante los cuatro años siguientes al inicio de la actividad. la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 por 100 del exceso sin que, en ningún caso, la suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el IPREM"

 

IPREM: El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) es el índice de referencia en España para el cálculo del umbral de ingresos a muchos efectos (ayudas para vivienda, becas, subsidios por desempleo...). Fue introducido el 1 de julio de 2004 en sustitución del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuya utilización se restringió al ámbito laboral. La introducción del IPREM permitía que un crecimiento más importante del SMI no afectara a todo el sistema de ayudas y subsidios. Desde su creación, el crecimiento anual del IPREM ha sido menor que el del SMI. El IPREM se actualiza a principios de cada año en la Ley de Presupuestos.

  • La Pensión no Contributiva de Invalidez es incompatible con la PNC de Jubilación, con las Pensiones Asistenciales (PAS) Y con los Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos y por Ayuda de Tercera Persona de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), así como con la condición de causante de la Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad.

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, desde el 1 de enero de 2007, de la cuantía de la pensión integra calculada en cómputo anual, se deducirán las rentas o ingresos del pensionista que excedan del 25% del importe íntegro de la pensión, es decir, de 1.177,16 € anuales.

 

Si el pensionista cuenta con rentas propias inferiores a 1.177.16 € en el año 2009, no verá reducida la cuantía de su pensión por tal causa. Por otra parte si el pensionista contase con rentas propias superiores a 1.177,16 € en el año 2009, sólo le será reducida su pensión por los ingresos que excedan de 1.177,16 €.

  • La ley de Presupuestos Generales del Estado es la que anualmente establece la revalorización de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva y no contributiva para dicho año, así como la de otras prestaciones de protección social pública.

Las PNCs para el año 2009 experimentan un incremento del 2,4% que incluye el 0,4 % de desviación del IPC del año anterior, y su cuantía queda fijada en 4.708,62 € íntegros anuales, que se abona en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año, por lo que se mantiene íntegro el poder adquisitivo de estas pensiones en el año 2009 y se actualiza la cuantía de ingresos suficientes que limita el acceso y mantenimiento del derecho a las mismas.

 

La cuantía individual actualizada para cada pensionista se establece, a partir del citado importe, en función de sus rentas personales y/o de las de su unidad económica de convivencia, no pudiendo ser la cuantía inferior a la mínima del 25% de la establecida.

 

Los pensionistas de PNC de invalidez cuyo grado de minusvalía/discapacidad sea igual o superior al 75% y acrediten la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, percibirán además un complemento del 50% de los 4.708,62 € anuales, fijado en 2.354,31 € anuales.

 

 

Las cuantías básicas para 2009 son las siguientes:

 

 

Cuantía                 ANUAL            MENSUAL

-----------------------------------------------------------------

Íntegra                4.708,62 €           336,33 €

Mínima 25%        1.177,16 €             84,08 €

 

Íntegra más

incremento 50%  7.062,93 €            504,50 €

-----------------------------------------------------------------

 

Cuando dentro de una misma familia conviva más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos es la siguiente:

 

 

N° Beneficiarios          ANUAL      MENSUAL

-----------------------------------------------------------------

 2                    4.002,33 €      285,88 €

 3                    3.766,89 €269,06 €

 

 

Obligaciones

 

El uso adecuado de los recursos públicos debe quedar garantizado, por ello los pensionistas están obligados a:

 

  • Comunicar al Organismo que gestiona su pensión las variaciones en su convivencia, estado civil, residencia, recursos económicos propios y/o familiares, y cuantas otras puedan tener incidencia en la conservación del derecho o en la cuantía de su pensión.
  • Presentar anualmente declaración de sus rentas o ingresos y de los de su unidad familiar de convivencia en impreso-formulario que a ese fin se le remita por el Organismo Gestor de su pensión.
  • Conforme a los datos declarados por los pensionistas y los disponibles por la Administración se procede a la regularización de los importes percibidos en el año anterior y se establece el importe de la pensión a percibir en el año en curso, si la revisión diera lugar a la modificación de la cuantía actualizada inicialmente.
  • Los importes que resulten indebidamente percibidos por el incumplimiento de las citadas obligaciones tienen que ser devueltos por sus perceptores.
  • A su vez, las Administraciones Públicas tienen el deber y el derecho de establecer los mecanismos de control oportunos para evitar cualquier utilización indebida de las prestaciones sociales; controles que se efectúan tanto con carácter previo al reconocimiento de la pensión como con posterioridad periódica y anualmente.

 

El Registro de Prestaciones Sociales Públicas en el que se inscriben todas las pensiones públicas, incluida la PNC de Invalidez, es un instrumento básico de la gestión pública de protección social al posibilitar el seguimiento y control permanente del derecho a las prestaciones y sus percepciones.

 

El derecho a seguir percibiendo una Pensión no Contributiva de Invalidez se extingue cuando se deja de reunir alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.


Pensión de orfandad

La pensión de orfandad tiene por objeto proteger la situación de necesidad económica ocasionada por el fallecimiento de la persona que origina la prestación.

 

 

Beneficiarios

 

Los beneficiarios de esta pensión son:

  • Hijos del causante fallecido y. en determinadas circunstancias, los aportados por el cónyuge sobreviviente:
  • Menores de 18 años o mayores incapacitados en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
  • Mayores de 18 años y menores de 22 años o 24 (si no sobreviviera ninguno de los padres o si el huérfano presentara una discapacidad del 33%), cuando no efectúen trabajos por cuenta propia o ajena o, cuando realizándolos, los ingresos obtenidos sean inferiores al 100 por interprofesional.
  • Los nacidos con posterioridad al fallecimiento.

 

Extinción

 

La pensión de orfandad se extingue por:

  • Cumplimiento de la edad máxima, salvo incapacitados. Por cesar la incapacidad que otorga derecho a la pensión.
  • Adopción.
  • Contraer matrimonio, salvo excepciones.
  • Fallecimiento.
  • Comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido.

 

Incompatibilidades con el trabajo

 

La pensión de orfandad es compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que aquél perciba. No obstante, debe tenerse en cuenta que:

Reconocido el derecho a la pensión de orfandad o, en su caso, prolongado su disfrute, aquél queda en suspenso cuando el huérfano beneficiario realice un trabajo por cuenta ajena o propia, en virtud del cual obtenga unos ingresos que, en cómputo anual, sean superiores al 100% del SMI que se fije en cada momento, también en cómputo anual, produciéndose los siguientes efectos:

 

  • Si el huérfano es menor de 18 años o tiene reducida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, la pensión se abonará con independencia de la cuantía de los ingresos que obtenga derivados de su trabajo.