Síndrome de Down

Va ganando fuerza creciente el concepto de que lo que hoy llamamos discapacidad es simple manifestación de la diversidad que caracteriza sustancialmente a la especie humana. Y que el ser más o menos capaz de alcanzar unos objetivos teóricos depende, en buena parte, de la carencia de adaptaciones y apoyos que la sociedad debería prestar. Porque si aceptamos la diversidad como algo consustancial con nuestra naturaleza, es evidente que será responsabilidad de todos el ofrecer un abanico de soluciones ajustadas a lo que cada uno requiere.

Tal es le directriz fundamental que sigue la Convención de la ONU de 2006. Su articulado es complejo y exige un profundo análisis para discernir y extraer de él lo más apropiado para una determinada discapacidad. La discapacidad intelectual es una entidad particularmente compleja desde innumerables puntos de vista, no siendo el menos importante la dificultad intrínseca que los individuos muestran para poder comprender algunos conceptos que atañen a su propia dignidad y a sus posibilidades de acción. Pero, en cualquier caso, la Convención suscita dos realidades comunes a toda persona con discapacidad, sea cual fuere su naturaleza: la realidad de sus derechos inalienables como ciudadano, similares a los de cualquier otro individuo, y la realidad de los apoyos que han de ser proporcionados para hacer efectivos tales derechos.

Es en esa línea en la que les animamos a leer el artículo profesional de este número, escrito por María José Alonso, doctora en Leyes y asesora jurídica de nuestro Canal Down21. A partir de unos litigios concretos en los que se dilucidaba el derecho a pasar desde una incapacitación total, inicialmente promulgada por un juez, a la incapacitación parcial en la que se exigían derechos fundamentales y perfectamente respetables, la Dra. Alonso ofrece una amplia exposición de los fundamentos jurídicos que obligan a los países que suscribieron y firmaron la Convención a respetar la capacidad jurídica de las personas. Se basa en el estudio de las modificaciones que se están realizando en la legislación española, pero sus reflexiones son perfectamente aplicables a cualquier otro país.

Es evidente que todo ello tiene repercusión inmediata sobre el futuro legal de nuestros hijos con síndrome de Down. Es algo que cada familia, respetando la realidad de su propio país, habrá de analizar con extremo cuidado.