Reconocimiento de discapacidad y Derechos

Los Derechos de la Persona con Discapacidad que confiere el reconocimiento del grado de discapacidad

Diferencias según el porcentaje concedido por la administración

 

El propósito de esta nota es facilitar a la persona con discapacidad y a sus familiares información básica sobre el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, los derechos y beneficios que confiere y la importancia del porcentaje asignado por la Administración al solicitante.

Habitualmente, cuando en calidad de ciudadanos nos dirigimos a los Servicios Sociales de nuestra Comunidad Autónoma (Centros Base) para solicitar información sobre el reconocimiento del grado de discapacidad, nos facilitan una lista de "utilidades" con una breve explicación sobre los mismos (por ejemplo la lista en Madrid es la que se encuentra en el siguiente enlace:

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/servicios-sociales/2020_documento_orientativo_sobre_los_servicios_prestaciones_y_beneficios_vinculados_al_grado_de_discapacidad.pdf 

A continuación, se describe qué es el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y los derechos y beneficios más importantes, advirtiendo al lector que siempre tendrá que informarse en su localidad y que es posible que haya derechos o beneficios que no se recojan en esta nota, por ejemplo, los que concedan determinadas empresas privadas (descuentos, etc.), previa presentación de la resolución de reconocimiento de discapacidad.

Esquema de esta Nota:

1. ¿Qué es el reconocimiento de grado de discapacidad?
2. Derechos que confiere el reconocimiento de discapacidad en función del grado (porcentaje) asignado por la Administración
3. Procedimiento para obtener el reconocimiento de discapacidad
4. Cuando se puede recurrir y cómo
5. Legislación
6. Bibliografía

1. ¿Qué es el reconocimiento de grado de discapacidad?

En la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) se define a las personas con discapacidad como aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás (artículo 4.1).

Además, señala el mismo artículo en su apartado 2, a todos los efectos, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Por tanto, podemos decir que la resolución sobre reconocimiento de discapacidad es el documento administrativo que acredita que una persona precisa de apoyos para interaccionar con el entorno en igualdad de condiciones.  Es el documento administrativo que facilita el acceso a determinados derechos y beneficios reservados a la persona con discapacidad. Por lo tanto, siempre es beneficioso obtener el reconocimiento de discapacidad, que no limita en nada a la persona, sino que le proporciona apoyos (aunque muchas veces no nos parezcan suficientes a las personas con discapacidad y a sus familiares).

La norma que regula en España el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad es el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad (BOE 20 octubre 2022) que ha sustituido y derogado al Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con efectos desde el 20 de abril de 2023.

La razón de este cambio radica en que, con posterioridad a la publicación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, empezó a consolidarse a nivel internacional el modelo biopsicosocial de la salud desarrollado en el contexto de la Teoría General de Sistemas. Dicho modelo trasciende el enfoque tradicional meramente biológico incorporando un enfoque holístico en el que se consideran de manera integrada tanto los factores biológicos como los psicológicos y los sociales.

El Real Decreto 1971/1999 utilizaba originariamente la terminología de la CIDDM (Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías) de 1980 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aunque conceptualmente no seguía sus criterios. Posteriormente la OMS aprobó el 22 de mayo de 2001 en su 54ª Asamblea Mundial de la Salud, mediante Resolución WHA 54.21, para que pudiera ser utilizada a nivel internacional, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud" conocida como CIF, clasificación que es la heredera de la de 1980. Dicha nueva clasificación ha pasado de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión de 1980) a ser una clasificación de “componentes de salud” (versión de 2001), acorde con el modelo social de discapacidad actualmente vigente, consagrado por la Convención de la ONU de 2006, una vez superado el modelo médico o rehabilitador. En la Convención, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias, y las barreras, debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Este cambio en la normativa española sobre grado de discapacidad venía exigiéndose por el movimiento asociativo desde hace muchos años, porque los baremos de 1999 se basaban en la clasificación CIDD de la Organización Mundial de la Salud de 1980 y desde que se aprobó la CIF en 2001, era preciso actualizar los baremos, así que se ha hecho con 20 años de retraso.

En la CIF el término “discapacidad” se utiliza como un término general para las tres perspectivas de esta clasificación: corporal, individual y social.

En la CIF, Discapacidad es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una “condición de salud”) y sus factores contextuales (factores ambientales y personales).

El modelo de la CIF describe y evalúa el funcionamiento y la discapacidad sobre la base de unos componentes estructurados en dos categorías: funcionamiento y discapacidad (funciones y estructuras corporales, actividad y participación) y factores contextuales (factores ambientales y factores personales).

En el Real Decreto 888/2022, el Anexo I sobre normas generales, aclara lo siguiente:

La «deficiencia» es una anomalía o pérdida de una estructura corporal o de una función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con el término «anormalidad» se hace referencia estrictamente a la normalidad estadística establecida para los seres humanos y solo debe usarse en ese sentido.

La «limitación en la actividad» abarca desde una desviación leve hasta una grave, en términos de cantidad o calidad, en la capacidad o aptitud para la realización de la actividad comparándola con la manera, extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa condición de salud en un medio normalizado.

La «restricción en la participación» viene determinada por la comparación de la participación (desempeño en la realización de una actividad en su entorno real) de la persona con una condición de salud, con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa cultura o sociedad.

Operativamente por «discapacidad» se entiende a la resultante de la interacción entre la evaluación de las deficiencias de las funciones y estructuras corporales, las limitaciones para realizar actividades y las restricciones en la participación social como consecuencia de las barreras del contexto, que se obtiene siguiendo la metodología propuesta en el procedimiento que se reglamenta, mediante la graduación de las «deficiencias» y las «limitaciones en la actividad» evaluadas conforme a los criterios de los baremos del anexo III y IV, y la restricción en la participación social una vez evaluados el desempeño en su contexto real y los «factores contextuales ambientales» conforme a los criterios expuestos en los baremos del anexo V y VI.

La evaluación final de la discapacidad responde a una múltiple evaluación inicial de los problemas por cuatro constructos diferenciados:

1. La deficiencia (pérdida de una estructura o función corporal).
2. La limitación (capacidad o aptitud teórica para realizar una actividad).
3. El desempeño (realización real de una actividad en su entorno).
4. Los factores contextuales ambientales.

Cada uno siguiendo el sistema de graduación de los problemas en los cinco niveles de gravedad propuestos por la CIF.

Es por ello que se utilizan cuatro baremos independientes, que finalmente confluyen en una dimensión global del problema: la «discapacidad».

La metodología seguida dará lugar a la formación de una red de problemas compartidos en los cuatro baremos que se interrelacionan e interactúan entre sí.

La interacción principal viene determinada por la relación jerárquica entre los cuatro constructos diferenciados, constituyendo alguno de ellos, según se verá más adelante, el Criterio Principal (CP) de evaluación y el resto los Criterios Secundarios de Ajuste (CSA).

La dimensión global del problema de funcionamiento de la persona quedará finalmente representada por un «Grado final de discapacidad de la persona» y por un «Perfil global de funcionamiento y discapacidad».

Baremos que conforman la evaluación del funcionamiento y la discapacidad.

Anexo III: Baremo de evaluación de las funciones y estructuras corporales/"Deficiencia Global de la Persona" (BDGP).

A través de este primer baremo se miden las deficiencias de la persona en cuanto a funciones fisiológicas y mentales, así como de los órganos y partes del cuerpo: vista, oído, lenguaje, sistemas internos (respiratorio, digestivo, …), huesos, músculos y piel. Los calificadores de gravedad que sea aplican aquí son:

  • 0= Insignificante
  • 1= Leve
  • 2= Moderado
  • 3 = Grave
  • 4= total

El capítulo dedicado a discapacidad intelectual se amplía y se contemplan los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA). El criterio principal es el CI (coeficiente intelectual).

El Anexo III Capitulo 1 se denomina “Deficiencia intelectual, trastornos del neurodesarrollo y trastornos del comportamiento y las emociones de inicio en la infancia y adolescencia” Incluye por tanto la Discapacidad Intelectual. Siempre y cuando no haya tabla de clasificación específica los intervalos generales de gravedad de la deficiencia serán: 0 (0-4%), 1 (5-24%), 2 (25-49%), 3 (50-65%), y 4 (66%-85%) (tabla 1.1 del baremo).

El baremo, según lo propuesto por la AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities), adopta el término Discapacidad Intelectual (DI) que se define como: «Una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas conceptuales, sociales, y prácticas».

La discapacidad Intelectual se origina durante el periodo de desarrollo.

En la evaluación de la discapacidad intelectual se siguen una serie de orientaciones y se consideran los diagnósticos de:

  • – Capacidad intelectual límite.
  • – DI leve.
  • – DI moderada.
  • – DI grave.
  • – DI profunda.

Se recoge además una Tabla 1.2 con “Criterios para la puntuación de la deficiencia intelectual y/o retraso madurativo” que establece estas franjas: límite: 15-29%, ligera 30-59%, moderada 60-74%, grave 75-84% profunda 85-95%. Dentro de cada una de estas franjas se determinará la puntuación más baja o más alta, o una intermedia en función del resultado que salga en los baremos de limitaciones en la Actividad (BLA) y el de Restricciones a la participación (BRP).

Anexo IV: "Baremo de Evaluación de las Capacidades/Limitaciones en la Actividad" (BLA).

Aquí se mide la capacidad para desenvolverse en las actividades más básicas de la vida diaria, “comparándola con la manera, extensión o intensidad que se espera que una persona sin esa condición de salud”.

Valorando el esfuerzo requerido para llevarlas a cabo y el posible grado de dolor.

Esto incluye el autocuidado y la movilidad, que constituyen otros dos baremos específicos denominados Baremo específico de evaluación del problema de "Limitación grave y total para realizar actividades de autocuidado" (BLGTAA) y Baremo de evaluación de las "Limitaciones en las actividades de movilidad" (BLAM), que se expondrán más adelante. En general, los resultados de la medición pueden ser los siguientes:

  1. No hay dificultad: 0 a 4% (ninguna, insignificante).
  2. Dificultad leve: 5 a 24% (poca, escasa).
  3. Dificultad moderada: 25 a 49% (media, regular).
  4. Dificultad grave: 50 a 95% (mucho, extrema).
  5. Dificultad completa: 96 a 100% (total).

Anexo V: Baremo de Evaluación del Desempeño/"Restricciones en la Participación" (BRP).

En estrecha relación tanto con el BLA como con el BFCA, sirve de "puente" entre ambos y establece criterios para la evaluación del desempeño para la realización de actividades en el contexto real de la persona en el último mes, pudiendo ampliarse este plazo a seis meses en las situaciones que así considere el técnico evaluador, tomando en consideración la influencia de los factores contextuales ambientales. Se basa en la información aportada por la persona en el "Cuestionario de desempeño" (QD), que se describe en el mismo.

Se estudian las limitaciones de la persona en su entorno real y los posibles problemas para implicarse en situaciones vitales.

  1. No hay dificultad, o insignificante, inferior al 5%.
  2. Dificultad ligera, leve, poco…, entre 5 y 24%.
  3. Dificultad moderada, entre 25 y 49%.
  4. Dificultad grave, entre 50 y 95%.
  5. Dificultad total, completa…, mayor del 95%.

El BRP lo rellenará un familiar en el caso de personas con una discapacidad intelectual importante, o la persona con el apoyo de un familiar, según los casos. No puntuará si los valoradores no lo consideran fiable.

Anexo VI: Baremo de Evaluación de los "Factores Contextuales/Barreras Ambientales" (BFCA).

Se evalúan aquellos factores del entorno de la persona que, cuando están presentes o ausentes, interfieren en su funcionamiento. Factores contextuales ambientales identificados por la CIF, que pueden actuar como barrera, incrementando la discapacidad y restringiendo su participación plena en la sociedad.

Este cuarto baremo se centra en factores tanto personales como externos que pueden tener una influencia positiva o negativa (ser una barrera), siendo la escala la siguiente:

  1. Ninguna, insignificante….no hay barrera
  2. Poca, escasa……………………barrera leve
  3. Media, regular………….barrera moderada
  4. Extrema…………………………barrera grave
  5. Total…………………………barrera completa

La puntuación del baremo de factores contextuales (BFCA) se suma al resultado anterior hasta un máximo de 24 puntos.

Recapitulando lo dicho hasta ahora, el Grado Final de Discapacidad de la Persona (GFD) se calcula de la siguiente forma:

Una vez evaluados los baremos de los cuatro “constructos” (2) Elegido el “criterio principal” que sale del baremo de deficiencias (3) Asignada la clase de discapacidad que le corresponda (4) Tras realizar los ajustes de grado en los “intervalos de gravedad” (ABCD) de la clase teniendo en cuenta los “criterios secundarios” (baremo de limitaciones en la actividad (BLA) y baremo de restricciones a la participación (BRP-QD) (5) se suma la puntuación del baremo de factores contextuales (BFCA), lo que determina el final del proceso. Obteniéndose una única puntuación: el “Grado Final de Discapacidad de la persona”.

Respecto a los baremos específicos, son los siguientes:

Baremo BLGTAA: Dependencia de terceros

Este “Baremo de Limitación Grave y Total en el dominio de Autocuidado” se enfoca hacia personas que ostentan un porcentaje de discapacidad igual o superior al 75%, y que por tanto se considera que necesitan la ayuda de terceras personas en su vida cotidiana.

A ellas se les puede reconocer un GDA (grado de discapacidad ajustado) de alguno de estos niveles, según gravedad:

BLGTAA (25-39%) GDA del 75%
BLGTAA (40-54%) GDA del 85%
BLGTAA (55-74%) GDA del 95%
BLGTAA (75%) GDA del 96%

Baremo BLAM para la movilidad reducida:

El “Baremo de Limitaciones en las Actividades de Movilidad” es el que se emplea para certificar la movilidad reducida.

Cuando se asigne una limitación final de movilidad igual o superior al 25% se determinará que la persona tiene, oficialmente, movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo.

Todos los que tienen DI severa deberían dar positivo en el baremo de movilidad (BLAM) porque van siempre acompañados cuando salen a la calle.

Hay que resaltar el esfuerzo por valorar bien a niños y adolescentes y que los criterios de orientación a los valoradores para Discapacidad Intelectual se amplían.

Por otra parte, si buscamos en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española encontramos las siguientes definiciones:

Deficiencia: Defecto o imperfección, desperfecto, tara, falla, tacha, pero, carencia, falta, maca. deficiencia mental: Funcionamiento intelectual inferior a lo normal que se manifiesta desde la infancia y está asociado a desajustes en el comportamiento.

Discapacidad: 1. Situación de la persona que, por sus condiciones físicas, sensoriales, intelectuales o mentales duraderas, encuentra dificultades para su participación e inclusión social.

  1. f. Manifestación de una discapacidad.

Las definiciones van evolucionando lentamente en el diccionario. Sin embargo, todavía la definición de discapacidad señala que las dificultades de participación e inclusión están en la persona, y no en las barreras sociales.

Toda la legislación relativa a discapacidad tiene su fundamento en la Constitución Española de 1978, y en particular en los siguientes artículos:

Artículo 9.2: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.»

Artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»

Artículo 49: «1. Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

  1. Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.
  2. Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.
  3. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.»

El artículo 49 acaba de ser reformado, su texto recogido más arriba ha sido aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados el 18 de enero de 2024.

El texto anterior es el siguiente:

"Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos."

El reconocimiento de la discapacidad lo realizan las Comunidades Autónomas. Se hace en términos de grados, y el grado de discapacidad se expresa en porcentajes.

Como veremos el porcentaje asignado por la Administración es clave a la hora de obtener determinadas prestaciones.

Por último, es importante destacar que el reconocimiento de discapacidad es un documento administrativo que nada tiene que ver con la provisión de apoyos voluntarios o judiciales para el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona, que se produce siempre mediante resolución judicial dirigida a surtir efectos en el gobierno de la propia persona a la que se prestan apoyos y en la administración de sus bienes

Legislación:

Constitución Española de 1978

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Orden DSA/934/2023, de 19 de julio, por la que se modifican los baremos que figuran como Anexos I, II, III, IV, V y VI del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Orden de 12 de junio de 2002 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre la creación, composición y funciones de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Minusvalía.

Bibliografía:

ARENAS ESCRIBANO, F., CABRA DE LUNA, M.A. (Coord.): Comentarios al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, La Ley, Madrid, 2015.

DÍAZ ALEDO, L.: Vivir con discapacidad. Guía de recursos, Fundación ONCE, Madrid, 1999.

EGEA, C. Y SARABIA, A.: Experiencias de aplicación en España de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías, Real Patronato sobre Discapacidad, Madrid, 2001.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la Lengua Española, RAE.es Actualización 2023.

VERDUGO, M.A., VICENT, C., CAMPO, M., JORDÁN DE URRÍES, B.: Definiciones de discapacidad en España: un análisis de la normativa, la legislación más relevante, Servicio de Información de la Discapacidad www.sid.usal.es , 2001.