Beneficios fiscales

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María José Alonso Parreño
https://www.alonsoparreno.es/

Derechos en la Convención de la ONU

Los beneficios fiscales en favor de las personas con discapacidad y sus familias están reconocidos en el artículo 28 apartado 1 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que se transcribe a continuación:

«Artículo 28 Nivel de vida adecuado y protección social

  1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.»

Normas españolas específicas

Buena parte de la normativa fiscal en España contempla beneficios fiscales destinados a las personas con discapacidad que han obtenido el reconocimiento de grado de discapacidad.

La razón es doble: Por un lado, la merma de capacidad económica de la persona con discapacidad y su familia (menos ingresos). Por otro, el incremento de gastos que supone atender las necesidades que derivan de la discapacidad.

Unas veces se exigen porcentajes de un 33 por 100 de discapacidad reconocida y otras de un 65 por 100, hecho que determina que los contribuyentes con discapacidad y sus familias aspiren a porcentajes altos en el reconocimiento de grado de discapacidad.

Los beneficios fiscales afectan, tanto a los impuestos directos (como puede ser el IRPF), como a los indirectos (como puede ser el IVA).

En la vida diaria, los beneficios fiscales más corrientes, aplicables a personas con discapacidad, son los siguientes:

Es importante además, saber que si en nuestro trabajo hay un Programa de Acción Social, en virtud del cual me compensan ciertos gastos concretos relacionados con la discapacidad, esas compensaciones no se consideran renta. Si se tratara de ayudas por discapacidad sin más, si que se consideran renta.

  • Al comprar una casa en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Se trata de un impuesto autonómico, así que los beneficios los fijan las CCAA.
  • Al comprar un coche para la persona con discapacidad, hay que estudiar la posibilidad de exención del impuesto de matriculación (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte), y del impuesto de circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica).
  • Las herencias y donaciones que reciben las personas con discapacidad también tienen beneficios fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En Downciclopedia dedicamos espacio a un estudio profundo de cada impuesto, con los beneficios fiscales para las personas con discapacidad que contempla la normativa que lo regula. No todos los beneficios fiscales afectan a las personas con síndrome de Down, puesto que hay múltiples discapacidades de distintos orígenes (por ejemplo actos de terrorismo, accidentes...). Resaltaremos en negrita aquellos aspectos que puedan ser más interesantes para las personas con síndrome de Down.

Los beneficios fiscales son objeto de cambios legislativos frecuentes. Conviene informarse bien y asegurarse de que están vigentes en el momento de aplicarlos

Junto al margen derecho aparecen los impuestos que recogen en España beneficios fiscales en favor de las personas con discapacidad con enlace a una información detallada en Downciclopedia.


Impuesto sobre sociedades

El Impuesto sobre Sociedades (en adelante IS) es un tributo estatal de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta obtenida por sociedades y demás entidades jurídicas.
Los beneficios fiscales por razón de discapacidad se centran fundamentalmente en incentivos fiscales a las sociedades y entidades jurídicas sometidas al mismo y que inciden favorablemente en la contratación de trabajadores con discapacidad.
Se consideran personas con discapacidad o personas minusválidas a aquellas con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 33 por 100. Cuando se trate de trabajadores, tendrán que estar en edad laboral (entre los 16 y los 65 años).
Las referencias a artículos de la Ley del Impuesto de Sociedades son referencias al texto refundido aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.

A) Ámbito estatal

Los puntos relativos a discapacidad que habrán de tenerse en cuenta a la hora de hacer la declaración son los siguientes:
Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 41 LIS)
Cuantía: Las empresas que contraten a personas con discapacidad podrán deducir de su cuota íntegra la cantidad de 6.000 euros por cada persona/año de incremento de la plantilla de trabajadores con discapacidad (los cuales tendrán que estar inscritos antes de su contratación en el Registro de trabajadores minusválidos demandantes de empleo del INEM)

Beneficiarios:

- Contribuyentes del Impuesto de Sociedades
- Contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades empresariales o profesionales y que determinen su rendimiento neto mediante el método de estimación directa.

Modalidad del contrato: El contrato será por tiempo indefinido, con jornada completa y el empleador habrá solicitado del INEM a los trabajadores con discapacidad que precise (art.39 LISMI).
Grado de discapacidad: 33 por 100, con una disminución de su capacidad de trabajo al menos igual o superior a dicho porcentaje. (Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, Disposición Adicional Sexta).
Deducción por actividades de investigación y desarrollo en software (art. 35.1.a) LIS)
Se considera deducible del Impuesto de Sociedades, como actividad de investigación y desarrollo, la concepción de software avanzado siempre que esté destinado a facilitar a las personas con discapacidad el acceso a los servicios de la sociedad de la información.
La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos de investigación y desarrollo y, en su caso, por las inversiones en elementos de inmovilizado material e inmaterial excluidos los inmuebles y terrenos, minorada en el 65 por 100 de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.
El porcentaje de deducción es el 30 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo por este concepto (con algunos ajustes) y el 10 por 100 de las inversiones en elementos de inmovilizado material e inmaterial, excluidos los inmuebles y terrenos, siempre que estén afectos exclusivamente a las actividades de investigación y desarrollo.

Deducción por inversión en plataformas de accesos para personas con discapacidad o en anclajes de fijación de sillas de ruedas instaladas en vehículos de transporte público de viajeros por carretera (art. 38.5 LIS)
Cuantía: Podrá deducirse de la cuota íntegra el 10 por 100 del importe de dichas inversiones (aunque no da derecho a deducción la parte de la inversión financiada con subvenciones).

Deducción por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad (art. 43 LIS)
Las empresas que tributen por el Impuesto de Sociedades podrán efectuar aportaciones a los patrimonios protegidos de sus empleados (con retribuciones brutas anuales inferiores a 27.000 euros) o de sus parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, de su cónyuge o de las personas a cargo de dichos trabajadores en régimen de tutela o acogimiento regulados en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, con derecho a deducción de acuerdo con las siguientes reglas:

- Las aportaciones que generen el derecho a deducción no podrán exceder de 8.000 euros por empleado o por discapacitado. Estas aportaciones serán deducibles en la cuota íntegra en un 10 por ciento de las aportaciones. Si las aportaciones son mayores se podrán deducir en los cuatro ejercicios impositivos siguientes.

- Tratándose de aportaciones no dinerarias se tomará como importe de la aportación el que resulte de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Estarán exentas del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de manifiesto con ocasión de las contribuciones empresariales a patrimonios protegidos.

- Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros la deducción se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones empresariales.

Efectos de la disposición de cualquier bien o derecho del Patrimonio Protegido (art. 59 LIRPF)
Es importante señalar que la disposición, en el período impositivo en que se realiza la aportación o en los cuatro siguientes, de cualquier bien o derecho aportado al patrimonio protegido de la persona con discapacidad,
determinará las siguientes obligaciones fiscales:
En el supuesto de que la aportación fuese realizada por un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, se establece que el trabajador titular del patrimonio protegido debe comunicar a éste las disposiciones que se hayan realizado en el periodo impositivo, quedando la entidad obligada a ingresar la cantidad deducida con los correspondientes intereses de demora en el periodo en el que se hayan incumplido los requisitos.
La falta de la citada comunicación constituye infracción tributaria simple sancionable con multa de 100 a 800 euros.
Se aclara que, cuando se trate de “bienes o derechos homogéneos”, se entenderá que fueron dispuestos “los aportados en primer lugar”.
Estas obligaciones fiscales, no serán de aplicación en caso de fallecimiento del titular del patrimonio protegido, del aportante o de los trabajadores que hubieran realizado aportaciones a favor de sus familiares.
Es importante destacar que se trata de los primeros beneficios fiscales por ayudas de empresas a hijos discapacitados de empleados.
Bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades aplicables a las cooperativas de trabajo asociado que integren socios con discapacidad (Disp. Adic. Tercera de Ley 20/1990 de Régimen fiscal de las Cooperativas)
Bonificación: 90 por 100 de la cuota íntegra del IS.
Beneficiarios: Cooperativas de Trabajo Asociado en las que al menos un 50 por 100 de los socios sean personas con discapacidad. En el momento de constituirse la cooperativa dichos socios deben encontrarse en situación de desempleo.
Período de bonificación: Durante los cinco primeros años de actividad social (manteniendo durante el citado periodo el porcentaje establecido de 50 por 100 de socios discapacitados).

Centros Especiales de Empleo y Centros Ocupacionales
Los Centros Especiales de Empleo y los Centros Ocupacionales pueden tener carácter público o privado. Cuando tengan carácter privado, y no tengan ánimo de lucro, su tributación por el IS dependerá de si cumple con los requisitos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o no. En el primer caso estarán sujetos al régimen fiscal establecido en la citada ley y en el segu ndo al régimen especial recogido en la propia LIS.

B) Ámbito autonómico
B). 1. País Vasco

El IS tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma, para los sujetos pasivos que tengan su domicilio fiscal en el País Vasco que se exige por la Diputación Foral correspondiente, por la Administración del Estado o por ambas, dependiendo del volumen de operaciones, y de dónde se han efectuado éstas.
La normativa fiscal de las tres Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) es casi idéntica.
La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:

Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco
Álava: Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, modificada varias veces
Guipúzcoa: Norma Foral 7/1996, de 4 de julio, modificada varias veces
Vizcaya: Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, modificada varias veces.

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Deducción por determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas
Darán derecho a una deducción de la cuota íntegra del 10 por 100, en Álava y en Guipúzcoa, las inversiones en plataformas de accesos para personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad
Las deducciones contempladas con carácter general se incrementarán en 3.005,06 euros (500.000 pesetas) en el supuesto de contratación de personas dentro de los colectivos con especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo. Las personas con discapacidad son uno de estos colectivos (Decretos 3/1998, 319/2002 y 329/2003 del Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social del País Vasco sobre empleo y ayudas a la inserción laboral).

B).2. Navarra

El IS se exige por la Comunidad Foral de Navarra, la cual tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, con sujeción a las normas sobre Convenio Económico a que se refiere el art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.
La legislación aplicable es la siguiente:
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, modificada.
Los beneficios fiscales son los siguientes:

Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad
La cuantía es de 6.000 euros por cada persona/año con discapacidad contratada cuando haya un incremento del promedio de la plantilla con contrato de trabajo indefinido experimentado durante el ejercicio, respecto de la media del ejercicio inmediato anterior con dicho tipo de contrato. Si se mantiene el promedio de la plantilla total del ejercicio anterior, pero se produce un incremento superior en la plantilla con contrato de trabajo indefinido respecto del promedio de la plantilla total, la deducción de la cuota íntegra es de 2.705 euros (art.71.3 Ley 24/1996).

Deducción por software avanzado
Se considera actividad de investigación y desarrollo la concepción de software avanzado que esté destinado a facilitar a las personas discapacitadas el acceso a los servicios de la “sociedad de la información”. La deducción es en la cuota íntegra del 40 por 100 de los gastos efectuados en el periodo impositivo de que se trate.

Deducción por determinadas inversiones a favor de personas discapacitadas
Darán derecho a una deducción de la cuota íntegra del 15 por 100 las inversiones en plataformas de accesos para personas discapacitadas o en anclajes de fijación de sillas de ruedas, que se incorporen a vehículos de transporte público de viajeros por carretera.

B). 3 Otras Comunidades Autónomas

Al tratarse de un tributo no cedido a otras CCAA no caben beneficios fiscales autonómicos en las mismas.

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Bibliografía:

BLESA BÁGUENA, Ángel y CARVAJO VASCO, Domingo: Prontuario Fiscal 2003, Valencia, CISS, 2003.
IMSERSO: Beneficios fiscales para personas con discapacidad (Guía para familias), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.
LANDWELL; FUNDACIÓN ONCE: “Informe sobre la situación del discapacitado en el ámbito tributario”, Madrid, Fundación Once Price Waterhouse Coopers, octubre 2004.


María José Alonso Parreño para CANAL DOWN 21. 17 mayo 2006.


Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es un tributo de carácter directo, que grava los incrementos patrimoniales a título gratuito por personas físicas, como consecuencia de adquisiciones de bienes y derechos por:

- Herencia, legado o cualquier título sucesorio (causa de muerte)
- Donación u otro negocio jurídico “inter vivos”
- Percepción de cantidades por beneficiarios de contratos de seguros de vida.

El impuesto varía en función de la cuantía patrimonial y el grado de parentesco entre transmitente y adquirente. Paga el impuesto el adquirente o beneficiario.
Se considerarán personas con discapacidad con derecho a reducción quienes tengan reconocido legalmente un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Este Impuesto se exige en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales del País Vasco y Navarra, y sin perjuicio de las normas reguladoras de la Cesión de Tributos del Estado a las CCAA
A) Ámbito estatal
Los puntos que habrán de tenerse en cuenta a la hora de hacer la declaración son los siguientes:

Reducciones de la base imponible
En las adquisiciones por causa de muerte, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, en aquellas CCAA que no hubieran aprobado sus propias reducciones, o cuando a un sujeto pasivo no le resultase aplicable las reducciones de su comunidad, se aplican las reducciones de la ley estatal.

Pues bien, además de las reducciones que pudieran corresponder en función del grado de parentesco del causante se aplicará, según el art.20.2.a) LISyD:
- Una reducción de 47.858,49 euros a aquellas personas adquirentes que tengan un grado de minusvalía reconocido mayor o igual a un 33 por 100 y menor a un 65 por 100.
- Una reducción de 150.253,03 euros a aquellas personas adquirentes que tengan un grado de minusvalía reconocido mayor o igual a un 65 por 100.

En las transmisiones “inter vivos” a favor del cónyuge, descendiente o adoptado, en las que el transmitente se encuentre en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez (según certifica a efectos laborales la Seguridad Social) y en las que se trans mite una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, se aplicará, según el art. 20.6 LISyD, una reducción de la base imponible del 95 por 100 del valor de adquisición cumpliendo con unos requisitos consistentes básicamente en el mantenimiento del negocio durante diez años.
No sujeción de aportaciones realizadas a Planes de Pensiones (art.61.3texto refundido LIRPF)
Las aportaciones a los planes de pensiones, mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con un grado de minusvalía mayor o igual al 65 por 100, realizadas por personas que tengan con el minusválido partícipe una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o quien tuviera a su cargo la tutela o acogimiento no estarán sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Aportaciones a patrimonios protegidos
Régimen de las aportaciones para el beneficiario discapacitado (art. 16.4 texto refundido LIRPF):
- Cuando los aportantes sean contribuyentes del IRPF, tendrán la consideración de rentas del trabajo hasta 8.000 euros por aportante y 24.250 euros en conjunto pero sólo tributa el importe que exceda el doble del SMI (junto con las prestaciones en forma de renta de de los Planes de Pensiones para minusválidos de las que se trata más abajo en “Reducciones sobre los rendimientos íntegros” art. 17.3 texto refundido LIRPF). No está sujeto a retención o ingresos a cuenta. No hay sujeción al Impuesto de Sucesiones y Donaciones por el mismo importe. Cuando los aportantes sean sujetos pasivos del IS, tendrán la consideración de rendimientos del trabajo siempre que hayan sido gasto deducible en el IS con el límite de 8.000 euros anuales. Cuando las aportaciones se realicen por sujetos pasivos del IS a favor de los parientes, cónyuges o personas a cargo de los empleados del aportante, únicamente tendrán la consideración de rendimiento del trabajo para el titular del patrimonio protegido.
- Los excesos de aportaciones sobre esos 8.000 euros estarán sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (que es un impuesto autonómico y por tanto no es igual en toda España).

B) Ámbito autonómico
B). 1. Comunidades Autónomas de régimen especial
B).1.1. País Vasco
El IS y D tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma, que se exige por la Diputación Foral correspondiente en los supuestos que determinan las normas forales en sus respectivos artículos sobre ámbito de aplicación.
La normativa fiscal de las tres Diputaciones Forales (Álava, Guipúzcoa y Vizcaya) es casi idéntica.
La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.
La legislación aplicable es la siguiente:
Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Álava: Norma Foral 25/1989, de 24 de abril, modificada por Norma Foral 8/2003, de 17 de marzo.
Guipúzcoa: Norma Foral 3/1990, de 11 de enero, modificada por Norma Foral 3/2003, de 18 de marzo.
Vizcaya: Decreto Foral Normativo 3/1993, de 22 de junio, modificado por Norma Foral 7/2002, de 15 de octubre.

Los beneficios fiscales son los siguientes:

Reducciones de la base imponible
En las adquisiciones por causa de muerte se contemplan unas reducciones de la base imponible que varían un poco en cada Norma Foral.

En Álava, el art.19.2 último párrafo, señala para las adquisiciones por personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 una reducción adicional a la de parentesco de 50.820 euros, y para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, una reducción de 159.449 euros. Téngase en cuenta además que a cualquier persona que tenga la consideración legal de minusválido se le aplicarán en cuanto a tarifa y reducción las normas del grupo I (descendientes y adoptados menores de veitiun años) con independencia de su parentesco con el causante.
En Guipúzcoa, el art. 19.3 señala para las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial una reducción adicional a la de parentesco de 68.340 euros.
En Vizcaya, el art. 19.9 último párrafo señala para las adquisiciones por personas con minusvalía física, psíquica o sensorial una reducción adicional de 60.101,21 euros.

Exención de aportaciones realizadas a Planes de Pensiones
Las aportaciones a los planes de pensiones, mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con un grado de minusvalía mayor o igual al 65 por 100, realizadas por personas que tengan con el minusválido partícipe una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o quien tuviera a su cargo la tutela o acogimiento estarán exentas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Disp.adic.cuarta apartado 6 NF 35/1998 de Álava, disp.adic.cuarta apartado 6 NF 8/1998 de Guipúzcoa y disp.adic. tercera apartado 6 NF 10/1998 de Vizcaya).

B).1.2. Navarra
El IS y D se exige por la Comunidad Foral de Navarra en los supuestos que se delimitan en el ámbito de aplicación de su convenio económico con el Estado Español. La Comunidad Foral de Navarra tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario, con sujeción a las normas sobre Convenio Económico a que se refiere el art. 45 de la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La acreditación del grado de minusvalía es igual que en la normativa estatal.

La legislación aplicable es la siguiente:
Decreto Foral Legislativo 250/2002, de 16 de diciembre que aprueba el texto refundido de las disposiciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Ley Foral 22/1998, de 30 de diciembre del IRPF, modificada por la Ley Foral 16/2003 de 17 de marzo.
Es preciso destacar que la normativa navarra tiene un régimen general muy favorable para las transmisiones por causa de muerte a favor de cónyuge o pareja estable, ascendientes o descendientes en línea recta de consanguinidad y adoptantes o adoptado con una cuota que se calcula al tipo único de 0,80 por 100 sobre la base imponible.
Los beneficios fiscales a favor de personas con discapacidad son los siguientes:

Exención de aportaciones realizadas a Planes de Pensiones
Las aportaciones a los planes de pensiones, mutualidades de previsión social y a los planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con un grado de minusvalía mayor o igual al 65 por 100, realizadas por personas que tengan con el minusválido partícipe una relación de parentesco en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive, así como el cónyuge o quien tuviera a su cargo la tutela o acogimiento estarán exentas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Disp.adic.decimoquinta de la Ley Foral 22/1998).

B). 2. Comunidades Autónomas de régimen común
La Ley 14/ 1996, de 30 de diciembre, de cesión de Tributos del Estado a las CCAA y Medidas Fiscales Complementarias, determina que las CCAA podrán regular en las adquisiciones por causa de muerte las reducciones de la base imponible, debiéndose mantener las del Estado en condiciones análogas a las establecidas por este y pudiendo crear otras que respondan a circunstancias de carácter económico o social, propias de las CCAA siempre que no supongan una reducción de la carga tributaria global por este tributo (art.13.3 Ley 14/1996).

B). 2.1. Comunidades Autónomas que no han establecido beneficios específicos para las personas con discapacidad.
En ellas se aplican las deducciones promulgadas por el Estado en la Ley 29/1987. Son las CCAA de Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja.
B). 2.2. Comunidades Autónomas que han establecido beneficios específicos para las personas con discapacidad.
B). 2.2.1. Andalucía

Legislación: Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOE 21 enero 2005) Reducción de la base imponible en adquisiciones mortis causa Art.1 El importe de la reducción en la base imponible prevista en el art. 20.2.a) de la LISD, para las adquisiciones mortis causa, incluidas las de los beneficiarios de pólizas de seguros de vida, por las personas con discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 y cuya base imponible no sea superior a 250.000 euros será una cantidad variable que determine que la base liquidable sea de importe cero.

B).2.2.2. Aragón
Legislación: Ley 26/2003, de 30 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
Reducción de la base imponible en las adquisiciones mortis causa
Se suprime en la práctica el ISD para adquisiciones hereditarias que que correspondan a personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, al establecer una reducción de la base imponible del 100 por 100 de esta.

B).2.2.3. Baleares
Legislación: Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas
Reducción de la base imponible en las adquisiciones mortis causa
Se establece una reducción de hasta 300.000 euros en las adquisiciones por causa de muerte para las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 (frente a los aproximadamente 150.253,03 de la ley estatal) residentes en Baleares.

Deducción en la donación para adquisición de primera vivienda habitual del hijo
Deducción del 85 por 100 en la cuota tributaria del ISD en las donaciones de dinero de padres a hijos para la adquisición de la primera vivienda que tenga que constituir la residencia habitual de los hijos, más generosa que la que ya existía el año pasado para Cataluña:

- La donación debe hacerse en escritura pública
- La edad del donatario no puede ser superior a los 35 años y tiene que tener un patrimonio inferior a los 400.000 euros al tiempo de la fecha de formalización de la donación
-La vivienda tiene que adquirirse en el plazo máximo de 6 meses desde la formalización de la donación.
El importe máximo de la donación será de 30.000 euros pero si el donatario tiene un grado reconocido igual o superior al 33 por 100 el importe será de 42.000 euros.

Estos límites serán de aplicación tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas, ya sean provenientes del mismo ascendiente o de diferentes ascendientes.

B). 2.2.4. Canarias
Ley 2/2004, de 28 de mayo, de medidas fiscales y tributarias
Reducciones en la base imponible por adquisiciones mortis causa
Los sujetos pasivos que tengan la consideración legal de minusválidos, con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100, aplicarán, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco con el causante conforme a lo previsto en la normativa estatal, una reducción de 72.000 euros. La reducción será de 225.000 euros para aquellas personas que, con arreglo a la normativa anteriormente citada, acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

B). 2.2.5 Cantabria
Legislación: Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado
Reducción de la base imponible en adquisiciones mortis causa
Se señala para las adquisiciones por personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 una reducción adicional a la de parentesco de 50.000 euros, y para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, una reducción de 200.000 euros.
Es preciso destacar que la normativa cántabra tiene un régimen general muy favorable para las transmisiones por causa de muerte a favor de cónyuge, ascendientes o descendientes y adoptantes o adoptado con una cuota que se calcula a unos tipos muy reducidos que van de 0,01 a 0,04 por 100 sobre la base imponible.

B) . 2.2.6. Castilla y León
Legislación: Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOE 26 enero 2006), Ley 21/2002, de 27 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas y Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas.
Donaciones a patrimonio protegido
Art. 11 Ley 13/2005. En la donación de bienes y derechos a un patrimonio protegido se aplicará en la base imponible una reducción del 100% del valor de los mismos con el límite de 60.000 euros. Donaciones para la constitución de empresa individual, negocio o adquisición de participaciones
Art. 12 Reducción por la donación de dinero a descendientes para la constitución o adquisición de una empresa individual, negocio profesional o para la adquisición de participaciones en entidades. En la donación a los hijos y descendientes de cantidades destinadas a la constitución o adquisición de una empresa individual, negocio profesional o participaciones en entidades, se aplicará a la base imponible una reducción propia de la Comunidad del noventa y nueve por ciento del importe de la donación, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) La donación tiene que formalizarse en escritura pública, en la que conste expresamente que el destino de la donación es la constitución o adquisición por el donatario de la primera empresa individual o primer negocio profesional o sus primeras participaciones en entidades que cumplan los requisitos que se señalan en este artículo.
b) Deberán estar situadas en Castilla y León la empresa individual o el negocio profesional y en el supuesto de adquisición de participaciones la entidad deberá tener su domicilio fiscal y social en Castilla y León.
c) El donatario debe tener menos de 36 años en la fecha de la formalización de la donación.
d) La constitución o adquisición debe llevarse a cabo en el plazo de 6 meses desde la formalización de la donación.
e) El donatario debe tener un patrimonio preexistente a la donación inferior a 200.000 euros.
f) El importe máximo de la donación o donaciones con derecho a reducción es de 100.000 euros. No obstante, en el supuesto de contribuyentes discapacitados con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, este importe máximo es de 150.000 euros. Estos límites son aplicables tanto en el caso de una única donación como en el caso de donaciones sucesivas ya sean provenientes del mismo o de diferentes ascendientes.

En el caso de adquisición de participaciones en una entidad, además de cumplir los requisitos previstos en el apartado anterior, las participaciones adquiridas por el donatario tienen que representar al menos el 50% del capital social de la entidad y el donatario tiene que ejercer efectivamente funciones de dirección en la entidad.
Reducción de la base imponible en adquisiciones mortis causa
Se señala para las adquisiciones por personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 una reducción adicional a la de parentesco de 125.000 euros, y para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, una reducción de 225.000 euros.
Téngase en cuenta que existe una bonificación en la cuota del 99 por 100 para todos los descendientes o adoptados del causante que sean menores de 21 años, tengan o no discapacidad.
Reducción de la base imponible por la donación para adquisición de primera vivienda habitual del descendiente (hijo, nietos)
Reducciones de la base imponible del 99 por 100 del importe de la donación a descendientes de cantidades destinadas a la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir su residencia habitual.
La aplicación de esta reducción está condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) En el documento en que se formalice la donación debe constar de forma expresa la voluntad de que el dinero donado se destine a la adquisición de la primera vivienda que vaya a constituir la residencia habitual del donatario.
b) El donatario debe ser menor de 35 años y la renta disponible de su última declaración del IRPF no ser superior a 30.000 euros.
c) La adquisición de la vivienda debe efectuarse en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la donación o desde la fecha de la primera donación si hay sucesivas. La reducción no es aplicable a donaciones posteriores a la adquisición de la vivienda.

El importe máximo de la reducción es de 30.000 euros en general y de 50.000 euros para donatarios con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
B).2.2.7. Cataluña
Legislación: Ley 31/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas
Reducción de la base imponible en adquisiciones mortis causa
Se señala para las adquisiciones por personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 una reducción adicional a la de parentesco de 245.000 euros, y para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, una reducción de 570.000 euros.
Deducción en la donación para adquisición de vivienda habitual del descendiente (hijo, nietos)(art.8)
La deducción es del 80% de la cuota tributaria del IS y D, pero hace falta cumplir con los siguientes requisitos:

- Que la donación se formalice en escritura pública expresando que el dinero se va a destinar a vivienda habitual del donatario.
- Que el descendiente no tenga más de 32 años y que la base imponible en la última declaración del IRPF de dicho descendiente no sea superior a 30.000 euros.
- Que la adquisición de la vivienda se efectúe en el plazo máximo de tres meses desde la fecha de la donación.

El importe máximo de donaciones con derecho a deducción es de 18.000 euros pero si el descendiente tiene un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100, este importe máximo es de 36.000 euros.
Se entiende por vivienda habitual la misma que en el IRPF (aquella en que se viva por tres años consecutivos.

B).2.2.8. Extremadura
Legislación: Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos (BOE 16 febrero 2006)
Reducciones en las adquisiciones por causa de muerte
Art. 8. Se establecen mejoras sustanciales en las adquisiciones por causa de muerte, tanto de la reducción personal por parentesco para los causahabientes incluidos en el Grupo I (descendientes menores de 21 años, que podrán aplicarse una reducción en la base imponible de 18.000 euros más 6.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el contribuyente, sin que la reducción pueda exceder de 70.000 euros), como la mejora de la reducción específica por discapacidad, compatible con la anterior.

En las adquisiciones por causa de muerte, además de la reducción que les pudiera corresponder en función de su grado de parentesco con el causante, las personas que tengan la consideración legal de minusválidos podrán aplicar sobre la base imponible una reducción de acuerdo con la siguiente escala:

a) 60.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 33% e inferior al 50%.
b) 120.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 50% e inferior al 65%.
c) 180.000 euros si el grado de discapacidad fuera igual o superior al 65%.

B).2.2.9. Galicia
Legislación: Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo (BOE 3 febrero 2005)
Reducciones en las adquisiciones por causa de muerte
Art. 3. En las adquisiciones mortis causa por personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % e inferior al 65% se aplicará una reducción de 108.200 euros. Si se llega o supera el 65% de discapacidad la reducción será de 216.400 euros.

B). 2.2.10. Madrid
Legislación: Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 2 marzo 2006)
Reducciones de la base imponible en las adquisiciones mortis causa
Art. 3. Ley 7/2005. Se aplicará, además de las que pudieran corresponder en función del grado de parentesco con el causante, una reducción de 55.000 euros a las personas discapacitadas
con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100; la reducción será de 153.000 euros para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
Téngase en cuenta que esta ley en su art. 3. Cinco establece una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria en las adquisiciones mortis causa por personas del Grupo I del art. 20.2.a) de la ley 29/1987, de 18 de diciembre (descendientes y adoptados menores de 21 años y una bonificación del 99 por 100 en la cuota tributaria en las adquisiciones inter vivos por personas incluidas en los grupos I y II de la misma ley (Grupo I descendientes y adoptados menores de 21 años y Grupo II descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes), siendo requisito que la donación se formalice en documento público.

B). 2.2.11. Valencia
Legislación: Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos, modificada por Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalidad (BOE 21 febrero 2006,) Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana (BOE 14 febrero 2005), Ley 16/2003, de 17 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana.
Donaciones de padres a hijos en general y donaciones a discapacitados en particular
Art. 32. ley 14/2005 Se establecen diversos beneficios fiscales en el ISD en relación con las donaciones entre padres e hijos, distinguiendo entre menores y mayores de 21 años (Si son menores de 21 años y con un patrimonio preexistente de hasta 2 millones de euros reducción de 40.000 euros más 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el donatario, sin que la reducción pueda exceder de 96.000 euros. Si tiene 21 o más años y un patrimonio preexistente de hasta 2 millones de euros reducción de 40.000 euros). Se amplía el ámbito de las reducciones en las donaciones a discapacitados, estableciendo una nueva reducción para discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que sean hijos o adoptados o padres o adoptantes del donante.

Concretamente, en las adquisiciones por personas discapacitadas, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su grado de parentesco con el donante, se aplicará una reducción a la base imponible de 240.000 euros. Cuando la adquisición se efectúe por personas discapacitadas, con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que sean hijos o adoptados o padres o adoptantes del donante, se aplicará una reducción de 120.000 euros. A los efectos de los citados límites de reducción, se computarán la totalidad de las transmisiones lucrativas inter vivos realizadas en favor del mismo donatario en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del devengo.
En ambos casos, la aplicación de estas reducciones resultará compatible con la de las reducciones que pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en el apartado 1.º) de este artículo (las de parentesco ordinarias).
Además se introduce una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto sobre sucesiones y donaciones para las adquisiciones inter vivos por discapacitados físicos o sensoriales con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o discapacitados psíquicos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, que sean hijos o adoptados o padres o adoptantes del donante.

Reducciones de la base imponible en adquisiciones mortis causa
Art. 44. Ley 12/2004. Se mantienen las reducciones en adquisiciones mortis causa por personas con discapacidad: 120.000 euros con un 33 por 100 y 240.000 a partir de un 65 por 100.

Bonificación en la cuota en las adquisiciones mortis causa
Art.36 Ley 16/2003 que modificó el art. 12 bis de la ley 13/1997. Se establece una bonificación del 99 por 100 de la cuota tributaria del ISD en las adquisiciones mortis causa por las siguientes personas:

- Descendientes y adoptados menores de 21 años
- o parientes del causante que sean discapacitados físicos o sensoriales con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o discapacitados psíquicos con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, cualquiera que sea su grado de parentesco con el causante y su edad.

Bibliografía

BLESA BÁGUENA, Ángel y CARVAJO VASCO, Domingo: Prontuario Fiscal 2003, Valencia, CISS, 2003.
IMSERSO: Beneficios fiscales para personas con discapacidad (Guía para familias), Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002.

María José Alonso Parreño para CANAL DOWN 21. 28 noviembre 2006.


Impuesto sobre el Patrimonio

El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava el patrimonio neto de las personas físicas en los términos previstos en la Ley 19/1991, de 6 de junio del Impuesto sobre Patrimonio (LIP).

La Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre Patrimonio no contempla beneficio fiscal alguno aplicable a personas con discapacidad, de modo que no hay beneficios fiscales en la normativa estatal ni tampoco en la normativa autonómica de País Vasco y Navarra (las de régimen tributario especial). No obstante, dado que se trata de un impuesto cedido en virtud de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las CCAA de régimen común, es preciso examinar si existen beneficios fiscales en dicha normativa autonómica, encontrando algunas CCAA con mínimos exentos más altos para personas con una minusvalía reconocida. Son los siguientes:

Cataluña:
Legislación: Ley 31/2002, de 30 de diciembre de medidas fiscales y administrativas, establece a partir del 1 de enero de 2003, que el mínimo exento en el Impuesto sobre el Patrimonio, cuando una persona tenga un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, será de 216.400 euros.

Madrid:
Legislación: Ley 7/2005, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 2 marzo 2006)Art. 2. El mínimo exento en el IP, en el caso de contribuyentes discapacitados con un grado de minusvalía reconocido igual o superior al 65 por 100 será de 224.000 euros. Este mínimo exento superior ya estaba en la anterior ley de medidas fiscales y administrativas, la 5/2004 y por lo tanto desde 1 enero 2005.

Galicia:
Legislación: Ley 14/2004, de 29 de diciembre, de medidas tributarias y de régimen administrativo (BOE 3 febrero 2005)
Art.2. El mínimo exento en el Impuesto del Patrimonio se establece, si el contribuyente tiene un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, en 216.400 euros.

Andalucía:
Legislación: Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOE 21 enero 2005)Art.2 Con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 el mínimo exento en el Impuesto sobre el patrimonio se fija en 250.000 euros.

Cantabria:
Legislación: Ley 6/2005, de 26 de diciembre, de Medidas Administrativas y Fiscales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006 (BOE 18 enero 2006)

Art. 11. Tres por el que se modifica el art.9 de la Ley de Cantabria 11/2002 Por vez primera la Comunidad Autónoma ejerce las competencias normativas en el IP, elevando el mínimo exento para personas con discapacidad: con un grado de minusvalía mayor o igual al 33 por 100 se fija en 200.000 euros y para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 se fija en 300.000 euros.

Por otra parte la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad ha introducido, en su disposición adicional segunda, la posibilidad de que las CCAA puedan declarar la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de los bienes y derechos referidos en la citada Ley, habiéndolo contemplado la Comunidad de Castilla y León en su Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras (BOE 26 enero 2006) (art. 7).

María José Alonso Parreño para CANAL DOWN 21. 28 noviembre 2006.


Impuesto sobre el valor añadido

Exenciones:

Estarán exentas del impuesto:

En operaciones interiores:

a) Educación especial y asistencia a personas con minusvalía prestadas por Entidades de Derecho Público o entidades privadas de carácter social. La exención comprende la prestación de los servicios de alimentación, alojamiento o transporte accesorios de los anteriores prestados por dichos establecimientos o entidades, con medios propios o ajenos. (art. 20 Uno. 8.c) de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA). La exención debe ser solicitada por las citadas entidades.

b) Las cesiones de personal realizadas en el cumplimiento de sus fines, por entidades religiosas inscritas en el Registro correspondiente del Ministerio de Justicia, para el desarrollo de las siguientes actividades: b) Las de asistencia social comprendidas en el número 8º de este apartado. (art. 20. Uno.11.b) LIVA.

En importaciones de bienes:

Bienes importados en beneficio de personas con minusvalía para la educación, el empleo o la promoción social de las personas físicas o mentalmente disminuidas, efectuadas por instituciones u organismos debidamente autorizados que tengan por actividad principal la educación o asistencia a estas personas, cuando se remitan gratuitamente y sin fines comerciales a las mencionadas instituciones u organismos (art. 45 LIVA). O sea que el beneficiario no es el niño con discapacidad sino la entidad que le educa o asiste

En adquisiciones intracomunitarias de bienes:

Los mismos bienes que en las importaciones (art. 26. Dos. LIVA).

Tipos impositivos reducidos:

Se aplica el tipo reducido del 7% a las prestaciones de servicios a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 8º de esta Ley, cuando no resulten exentos de acuerdo con dichas normas (art. 91. Uno. 2. 9ª).

Por otra parte, hay una serie de bienes que sea quien sea el comprador, siempre tienen el tipo reducido del 7 %: “Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus características objetivas, sean susceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas de su movilidad o comunicación.” (art. 91.Uno.1.6º LIVA)

Además, hay otra serie de bienes y servicios que si precisan acreditar la condición de minusvalía (es decir enseñar el certificado de minusvalía en la tienda donde se compra el bien de que se trate o al prestador del servicio), y que van al tipo superreducido del 4%:

- Prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía (art. 91.Dos.1.5º LIVA).
- Las sillas de ruedas para uso exclusivo de personas con discapacidad.

- Autotaxis y autoturismos especiales para el transporte de personas con discapacidad en sillas de ruedas (en este caso hay que solicitarlo a la Administración Tributaria).

- Recientemente el legislador ha estimado necesario «en orden a la justicia social» (...) «aplicar el tipo superreducido del IVA a todas las operaciones de entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones, servicios de reparación o adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida, con objeto de incluir todos los vehículos destinados al transporte de estas personas, con independencia de quién sea el conductor, siempre que sirva como medio de transporte habitual para personas minusválidas.» a tal efecto, se han modificado el artículo 91 Dos 1.4º y 92 Dos 2º de la LIVA ampliando el marco de tributación al tipo del 4% a los vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar habitualmente a personas con minusvalía en silla de ruedas o con movilidad reducida, con independencia de quién sea el conductor de los mismos.

(Los tres últimos supuestos están todos ellos recogidos en el art. 91.Dos.1.4º LIVA) Antes, en el caso de los vehículos, únicamente se incluían en el supuesto del tipo reducido los entonces coches de minusválidos (vehículos cuya tara no sea superior a 350 kg y velocidad inferior a 45 Km/h , según RDL 339/1990, de 2 de marzo, nº 20 del Anexo). Se mantiene la necesidad del «previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar el destino del vehículo». Este reconocimiento previo del derecho por parte de la Administración, se solicita presentando, con anterioridad al devengo de este impuesto (esto es, a la adquisición del vehículo), el oportuno escrito dirigido a la Delegación de la Agencia Especial de Administración Tributaria en cuya circunscripción se encuentre el domicilio fiscal del interesado, aportando los elementos de prueba que sean necesarios para justificar el destino del vehículo (consulta DGT núm. V0419/2005, de 18 de marzo).

Como ya venía ocurriendo, a estos efectos, se considerarán personas con minusvalías aquellas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Ahora bien, señala la nota de la Subdirección General de Técnica Tributaria emitida en junio de 2006 para aclarar dudas que «con carácter general se entiende por persona con movilidad reducida toda persona cuya movilidad se encuentra limitada debido a una incapacidad física (sensorial o motriz), una deficiencia intelectual, edad o cualquier otra causa de discapacidad manifiesta para utilizar un medio de transporte y cuya situación requiera atención especial o adaptación de los servicios disponibles habitualmente a los pasajeros en general.» A estos efectos indica que «Se considera medio de prueba suficiente del hecho de la movilidad reducida el certificado o resolución del IMSERSO o el órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de valoración de minusvalías, basándose en el dictamen emitido por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las mismas.» Sin duda debe entenderse que la prueba se concretará en el hecho de que el Equipo de Valoración estime la existencia de dificultades relativas a la movilidad, para lo que, como señala la propia nota, habrá acudido al «baremo para determinar la existencia de dificultades para utilizar transportes colectivos» que figura como anexo 3 del Real Decreto 1971/1999, por el que se aprueba el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía. la nota añade que «A pesar de no contemplarlo el citado Baremo, en todo caso, a los efectos de aplicación del tipo superreducido, se considerarán con movilidad reducida a las personas ciegas o con deficiencia visual y, en todo caso, las afiliadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) que acrediten su pertenencia a la misma mediante el correspondiente certificado emitido por dicha Corporación de Derecho Público.»

- Servicios de reparación de los coches de minusválidos y sillas de ruedas para personas con discapacidad

- Servicios de adaptación, no reparación, de autotaxis y autoturismos antes mencionados.
(ambos servicios en art. 91.Dos.2 LIVA, ampliados también por la Ley 6/2006)

Legislación:

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido

Bibliografía:

GANDARIAS CEBRIÁN, Leopoldo: “El IVA en la adquisición de vehículos destinados al transporte de personas discapacitadas”, en Canal Down 21, revista virtual, nº 67 [en línea], España, Down21.org, 1 diciembre 2006,

María José Alonso Parreño para Canal Down 21. 12 diciembre 2006


Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD)

El ITPAJD se compone, conforme a la doctrina, de tres gravámenes diferenciados: El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas, el Impuesto sobre Operaciones Societarias y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

CCAA de Régimen especial:

País Vasco:

El ITP-AJD tiene carácter de tributo concertado de normativa autónoma. No contempla beneficios fiscales a favor de las personas con discapacidad.

Navarra:

Tampoco contempla beneficios fiscales a favor de las personas con discapacidad.

CCAA de Régimen Común:

Los tres gravámenes están totalmente cedidos a las CCAA de régimen común conforme a las reglas sobre cesión y puntos de conexión establecidas en el artículo 25 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre. Las competencias de las CCAA en estos tributos son muy amplias. De no ejercer las mencionadas competencias, serán de aplicación los tipos de gravamen que, respecto del ITP y AJD regula el Texto Refundido, del ITP y AJD, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y su Reglamento aprobado mediante Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, los cuales no contemplan beneficio fiscal alguno a favor de las personas con discapacidad.

Muchas CCAA de régimen fiscal común contemplan tipos reducidos en ITP o AJD en adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de un discapacitado o familias con miembros discapacitados (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja, Valencia).

Andalucía:

Legislación: Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras (BOE 21 enero 2005)

Art.3. ITP Se incluye un nuevo supuesto para la aplicación del tipo impositivo reducido del 3,5% a las personas con discapacidad con grado igual o superior al 33 por 100 en la transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130.000 euros que vaya a ser vivienda habitual del adquirente. (modifica art. 11..1.b) Ley Andalucía 10/2002).

Art.4 AJD Se incluye un nuevo supuesto para la aplicación del tipo impositivo reducido del 0,3% a las personas con discapacidad con grado igual o superior al 33 por 100 en la adquisición de viviendas y constitución de préstamos hipotecarios cuyo valor real no supere 130.000 euros que vaya a ser vivienda habitual del adquirente. (modifica art. 14.1.b) Ley Andalucía 10/2002).

Baleares:

Legislación: Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de función pública (BOE 19 enero 2005)

Art.17.1 ITP Se establece una nueva bonificación, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, del 57% de la cuota en la transmisión de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente cuando este sea menor de 36 años o discapacitado con un grado de minusvalía igual o superior al 65% en la fecha de devengo de la operación y se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:

a) La parte general de la renta del período en los términos previstos en el art. 39 LIRPF en el ejercicio anterior al de la adquisición no tiene que exceder los 18.000 euros, en el caso de tributación individual y los 27.000 euros en el caso de tributación conjunta. En ningún caso la parte general de la renta del período de cualquiera de los miembros de la unidad familiar, computada por separado, puede superar los 18.000 euros.

b) La vivienda adquirida tiene que ser la primera habitual en territorio español y no puede haber disfrutado antes de ninguna otra.

c) El valor de la vivienda adquirida a efectos del impuesto sobre el patrimonio no tiene que superar los 180.000 euros.

d) El máximo de la superficie construida de la vivienda adquirida no tiene que superar los 120 m2

e) El contribuyente tiene que residir efectivamente en la vivienda un mínimo de tres años desde la fecha de la adquisición.

Art.19AJD Se establece un tipo reducido del 0,5% en las primeras copias de escrituras y actos notariales que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la habitual de jóvenes menores de 36 años, discapacitados con un grado de minusvalía igual o superior al 33% y familias numerosas siempre que cumplan los mismos requisitos que establece el art. 17 de la presente ley para la solicitud de la bonificación en la transmisión onerosa.

Canarias:

Legislación: Ley 5/2004, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005 (BOE 22 febrero 2005)

Art. 57 ITP. Tipo reducido del 6 por 100 en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con minusvalía física, psíquica o sensorial o que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga esa misma consideración legal.

Se necesita cumplir con todos los requisitos siguientes:

- Grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.
- Que la suma de las bases imponibles en el IRPF correspondientes a los miembros de la unidad familiar del contribuyente no exceda de 40.000 euros, cantidad que deberá incrementarse en 6000 euros por cada miembro de la unidad familiar, excluido el contribuyente.
- Que la adquisición tenga lugar dentro de los dos años siguientes a la fecha en que el contribuyente o su familiar haya sido reconocido legalmente como persona con minusvalía.
- Que dentro del mismo plazo de dos años se venda la anterior vivienda habitual, si la hubiere.

El tercer requisito resulta bastante extraño pues la discapacidad es algo permanente, no temporal y no se entiende porqué la bonificación queda limitada a dos años.

Art. 61 AJD. Tipo reducido del 0,50 por 100 cuando se trate de primeras copias de escrituras que documenten la adquisición de un inmueble o la constitución de préstamos hipotecarios destinados a su financiación, siempre que concurran los requisitos del art. 57.

Cantabria:

Legislación: Ley 7/2004, de 27 de diciembre, de medidas administrativas y fiscales (BOE 20 enero 2005)

Art.13. Cinco. Se rebaja la carga impositiva en la adquisición de viviendas por personas discapacitadas, tanto en la modalidad de transmisiones onerosas como en actos jurídicos documentados.

Se modifica el art. 4.2. de la Ley de Cantabria 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos cedidos por el Estado, determinando que se aplicará el tipo reducido del 5 por ciento en ITP, en aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo cuando se sea persona con minusvalía física, psíquica o sensorial que tenga la consideración legal de minusválido con un grado reconocido igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.

Art. 13. Seis. Se añade un apartado 4 al art. 4 determinando la aplicación de un tipo del 4 por 100 en ITP, en aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo cuando se tenga un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

Art. 13. Siete. AJD. Se modifica el apartado 3 del art. 5 de la Ley de Cantabria 11/2002, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales en Materia de Tributos cedidos por el Estado, determinando que en los documentos notariales en los que se protocolice la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del contribuyente, se aplicará el tipo reducido del 0,3%, siempre que el sujeto pasivo sea persona con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100.

Art.13. Ocho. AJD. Se añade un nuevo apartado 4 bis al art. 5 de la misma Ley determinando la aplicación del tipo del 0,15 por 100 en aquellas transmisiones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual del sujeto pasivo con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

Legislación: Ley 13/2003, de 23 de diciembre, de medidas económicas, fiscales y administrativas (BOE 15 enero 2004)

Art. 13 ITP En las transmisiones de inmuebles que vayan a constituir la vivienda habitual se reducirá el tipo del 7 al 4 por ciento cuando el adquirente o cualquiera de los miembros de su unidad familiar tenga la consideración legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 65 por 100, siempre que se cumplan unos requisitos.

Art. 14 AJD El tipo aplicable a las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten la adquisición de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual, así como la constitución de préstamos hipotecarios, para esta adquisición, se reducirá del 1 al 0,3 por 100 cuando el adquirente o cualquiera de los miembros de su unidad familiar tenga la consideración legal de persona con minusvalía en grado igual o superior al 65 por 100, siempre que se cumplan unos requisitos.

Cataluña:

Legislación: Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas

Artículo 6: Tipo reducido en ITP del 5% aplicable a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de un contribuyente que tenga la consideración legal de persona con disminución física, psíquica o sensorial, o cuando la minusvalía concurra en alguno de los miembros de la unidad familiar del contribuyente.

Se exigen los siguientes requisitos:

- Que la suma de las bases imponibles correspondientes a los miembros de la unidad familiar, en la última declaración del IRPF, no exceda los 30.000 euros.
- Un grado de minusvalía reconocida igual o superior al 65%.

Extremadura:

Legislación: Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de reforma en materia de tributos cedidos (BOE 16 febrero 2006)

Artículo 14. En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se establece una bonificación del 20% de la cuota para la adquisición de vivienda habitual a la que, conforme al artículo anterior, le fuese aplicable el tipo del 6%, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que vaya a constituir vivienda habitual de una familia que tenga la consideración legal de numerosa en la fecha de adquisición.

b) Que el contribuyente padezca una discapacidad física, psíquica o sensorial y tenga la consideración legal de minusválido con un grado de minusvalía igual o superior al 65%.

Madrid:

Legislación: Ley 5/2004, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (BOE 18 febrero 2005).

Art. 4. Uno.3. ITP. Se aplicará el tipo impositivo reducido del 4 por 100 a la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, siempre que se cumplan simultáneamente los siguientes requisitos:

a) Que el sujeto pasivo sea titular de una familia numerosa.
b) Que el inmueble constituya la vivienda habitual de dicha familia numerosa
c) Que, en el supuesto de que la anterior vivienda habitual fuera propiedad de alguno de los titulares de la familia numerosa, ésta se venda en el plazo de dos años anteriores o posteriores a la adquisición de la nueva vivienda habitual (salvo que sea contiguo para unirlo).

La Rioja:

Legislación: Ley 13/2005, de 16 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas para el año 2006 (BOE 18 enero 2006).
Se mantienen los mismos beneficios que en las leyes para los años 2004 y 2005, es decir:
Art. 14.4 ITP Se contempla un tipo de gravamen reducido del 5 por 100 en las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de personas que tengan un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.
Art. 18.1.d) AJD Se contempla un tipo reducido del 0,5 por 100 en las adquisiciones de viviendas habituales para personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100.

Valencia:

Legislación: Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Valencia, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, modifica el art. 13. Cuatro de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el tramo autonómico del IRPF y restantes tributos cedidos. Este precepto establece que el tipo de gravamen aplicable en ITP a las adquisiciones de viviendas que vayan a constituir la vivienda habitual de una persona con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, será del 4%, únicamente por la parte del bien que aquél adquiera.

En cuanto a la modalidad AJD, la Ley 11/2002 introduce en el artículo 14.Uno.3º de la Ley 13/1997 un tipo de gravamen del 0,1% para las primeras copias de escrituras públicas que documenten la constitución de préstamos hipotecarios para la adquisición por una persona con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, de su vivienda habitual, únicamente por la parte del préstamo en que aquel resulte prestatario.

María José Alonso Parreño, para Canal Down 21, 29 de diciembre de 2006


Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

“Ventajas” fiscales aplicables a los vehículos utilizados

para el transporte de personas discapacitadas

Leopoldo Gandarias Cebrián

Abogado

La titularidad de vehículos por personas discapacitadas (1) goza de ciertas “ventajas” fiscales cuyas limitaciones, excesivamente restrictivas, pueden no ser siempre bien entendidas por quienes pretenden su aplicación. Es por ello que me permito la osadía de intentar aclarar algunos de sus más significativos aspectos, consciente de que estas líneas pueden provocar cierta perplejidad en quienes asuman el riesgo de leerlas.

Me voy a limitar a analizar, sin ánimo de ser exhaustivo, los supuestos en los que el vehículo adquirido es convencional, prescindiendo de los vehículos para personas de movilidad reducida a los que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (2), que también gozan de un tratamiento privilegiado (3), limitado por sus singulares características y configuración objetiva.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

El primero de los impuestos que propone una “ventaja” es el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (4). Esta figura grava la primera matriculación defini-tiva de automóviles, embarcaciones y aeronaves (5).

Las particularidades previstas en relación con las personas discapacitadas hacen referencia exclusivamente a la matriculación definitiva de automóviles, nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos públicos. La ley establece un supuesto de no sujeción sobre los “coches de minusválidos” a los que me acabo de referir (6) y una exención en relación a los automóviles matriculados a nombre de personas discapacitadas para su uso exclusivo (7), siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que hayan transcurrido al menos 4 años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones(8).
  • Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “inter vivos” durante los 4 años siguientes a la fecha de matriculación (9).

Asimismo, en la medida en que se trata de una exención rogada, se exige el previo reconocimiento por parte de la Administración tributaria en la forma establecida reglamentariamente (10). Por su parte el reglamento (11) dispone que, para solicitar la exención, las personas a cuyo nombre se pretenda efectuar la primera matriculación definitiva, deberán presentar, con anterioridad, ante la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente a su domicilio fiscal, un modelo (núm. 05) en el que deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:

  • El nombre, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante.
  • La clase, marca y modelo del medio de transporte que se pretende matricular.
  • El supuesto de exención cuyo reconocimiento se solicita.

Al modelo 05 debe acompañarse copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, así como el certificado de la minusvalía o de la invalidez emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.

La expresión uso exclusivo, de singular relevancia para la aplicación de esta exención, ha dado lugar una corriente de interpretación ciertamente restrictiva. Como ha contrastado la doctrina que más recientemente se ha ocupado de esta materia (12) para la Administración (13) es necesario que el vehículo esté destinado al uso exclusivo del minusválido, “lo que obliga a éste a encontrarse siempre a bordo del vehículo cuando circule, con independencia de que lo conduzca otra persona” (14).

Sobre la base de semejante criterio, la jurisprudencia ha concluido que en aquellos casos en que queda acreditado el uso del vehículo por una tercera persona para asuntos particulares, el discapacitado se ve privado de la exención (15), aunque dicho uso por terceros sea ocasional o venga motivado por circunstancias económicas (16), e incluso, en los casos en que el vehículo es utilizado para las exclusivas necesidades del discapacitado (17). No obstante, se ha admitido que el uso exclusivo del vehículo por el discapacitado también se produce cuando es empleado, sin su presencia, para satisfacer determinadas circunstancias de su interés, al afirmarse que “la propia dicción de la norma está planteando la existencia de una restricción y de una vinculación del uso a las necesidades propias del minusválido, las cuales, como ya se ha dicho, podrán verse satisfechas por un uso por tercero y en su ausencia, sin que tal satisfacción permita que, una vez lograda la misma, el vehículo pueda destinarse a otros menesteres que no sean estrictamente coincidentes con aquella satisfacción” (18).

Algunas de estas interpretaciones tan rigoristas, como la patrocinada por la Administración tributaria, consistente en que la persona discapacitada deba encontrarse siempre a bordo del vehículo, han sido puestas en cuestión por la doctrina (19), pues ni siquiera una interpretación estrictamente literal de la ley permite tal conclusión. En efecto, múltiples hipótesis fácticas pueden plantearse en que sin viajar en el coche el minusválido no se falte a su uso exclusivo. Por ejemplo, si no pudiendo conducirlo él mismo se le traslada a algún sitio, regresando más tarde a recogerlo; o conduciéndolo otra persona para atender compras, encargos u otras necesidades del titular; o meramente si otra persona lo lleva a un taller mecánico para revisión o reparación. ¿Es preciso en todos estos casos que el minusválido deba acompañar al conductor? No debería ser así y alguna sentencia encontramos que abre la puerta (bien es verdad que con reservas) a una lectura menos extremista (20). En este sentido, coincido con la posición defendida por el Prof. Lozano Serrano al sugerir, lege ferenda, a fin de conferir a estas ventajas fiscales una mayor plasticidad, sin desatender su objeto, la posibilidad de que se permita el uso de los vehículos para necesidades distintas a las legalmente previstas cuando tal circunstancia suceda de forma «accesoria y notoriamente irrelevante» (21)

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Otra de las ventajas fiscales que despliega el ordenamiento en relación con los vehículos cuya titularidad corresponda a discapacitados es la prevista en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (22).

Están exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (23):

  • Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (24).
  • Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos (25) para su uso exclusivo (26). Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Estas exenciones no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

Por tanto, se establecen como requisitos necesarios para la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

  • Que el vehículo esté matriculado a nombre de una persona que tenga la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 33 por 100.
  • Que se destine para su uso exclusivo, sea conducido por la persona con discapacidad, sea destinado a su transporte.
  • Que la persona con minusvalía no sea beneficiaria de la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por otro u otros vehículos simultáneamente.

Se trata también de una exención de carácter rogado, de modo que el interesado de-berá instar la concesión de la exención indicando las características del vehículo, su ma-trícula y la causa del beneficio a la Administración municipal (27).

Notas

  1. Siempre que me enfrento al uso de este término, en el que persisto por razones con-vencionales, que no convencidas, experimento una sensación de insuficiencia expresiva ciertamente desasosegante. La legislación no lo arregla cuando mayormente suele utili-zar el término minusválidos.
  2. “Vehículos para personas con movilidad reducida” son aquellos que respondan de ma-nera objetiva a la siguiente descripción: aquellos cuya tara no sea superior a 350 Kg. y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km./h., proyectado y construido especialmente y no meramente adaptado para el uso de perso-nas con alguna disfunción o incapacidad física.
  3. No sujeción en el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte y exen-ción en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Aunque la normativa del Im-puesto Especial sobre determinados medios de transporte se remite a efectos de la no sujeción a los “coches de minusválidos” a los que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Arti-culado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la disposición final primera del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, modificó dicha remisión debiendo aten-derse en la actualidad al RD 2822/1998.
  4. Los impuestos especiales son indirectos y recaen sobre consumos específicos. El Im-puesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se encuentra regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (en adelante LIIEE), cuyo desarrollo se contiene en el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprue-ba el Reglamento de los Impuestos Especiales (en adelante RIIEE).
  5. También grava la circulación o utilización en España de estos medios de transporte cuando no se haya solicitado la matriculación definitiva dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización.
  6. El artículo 65.1.a).5º, de la LIIEE establece la no sujeción de la primera matriculación definitiva en España de “los coches de minusválidos a los que me he referido en la nota núm. 2. Este supuesto de no sujeción en la primera matriculación definitiva de coches de minusválidos no requiere de ningún reconocimiento previo por parte de la Adminis-tración Tributaria. Tampoco debe acreditarse la minusvalía del sujeto pasivo, ya que por la configuración objetiva de este tipo de vehículos únicamente pueden ser utilizados por personas discapacitadas.
  7. Art. 66.1.d) de la LIIEE.
  8. No obstante, este requisito no se exige en los casos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado. Por otra parte este requisito tampoco impide que se pueda beneficiar nuevamente de la exención aunque no hayan transcurrido los cuatro años desde la matriculación, siempre que, de acuerdo con el artículo 66.3 de la LIE, "la per-sona minusválida efectúe previamente la autoliquidación del impuesto e ingreso de las cuotas que, si no hubiese mediado la exención, hubieran debido ingresarse con ocasión de la matriculación del primer vehículo a nombre del interesado”. Ello equivaldría a re-trotraer las circunstancias al momento de la matriculación anulando por completo los efectos de la exención. Considerándose así sin efecto la exención inicialmente aplicada respecto del primer vehículo, podrá matricular un segundo vehículo al amparo de la exención prevista en el artículo 66.1.d) puesto que, anulada la primera exención, se puede considerar que el primer vehículo finalmente no se matriculó en “análogas condi-ciones”.
  9. En este caso, si el adquirente es otra persona con minusvalía “no resulta exigible la autoliquidación o ingreso del Impuesto Especial sobre determinados medios de transpor-te, siempre que el adquirente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 66, puesto que tras la modificación resulta aplicable el supuesto de exención” (Resolución DGT, núm. 1158/2001, de 12 de junio).
  10. Apartado 2 del art. 66 de la LIIEE.
  11. Art. 136 del RIIEE.
  12. José Manuel Pérez Lara y Juan López Martínez, Impuestos y Discapacidad, en Cuader-nos de Jurisprudencia Tributaria, núm. 39/2005. Editorial Aranzadi, de donde se toman las referencias jurisprudenciales que se citan en las notas siguientes.
  13. El órgano competente para realizar comprobaciones sobre este impuesto es la a Ins-pección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Dependencia Regional correspondiente al domicilio del contribuyente o el Servicio de Vigilancia Aduanera adscrito a la misma Dependencia. Normalmente este tipo de comprobaciones se realizan por personación en el domicilio del beneficiario de la exención.
  14. Criterio rayano en lo doctrinario, ciertamente contrario al espíritu del art. 49 CE.
  15. SSTSJ de Murcia, de 26 de marzo de 1998 (JT 1998, 703), de 14 de noviembre de 2001 (JT 2001, 1910), de 16 de septiembre de 2002 (JT 2002, 1596) y de 28 de enero de 2004 (JUR 2004, 101850).
  16. SSTSJ de Murcia, de 26 de septiembre de 2001 (JT 2001, 1420) y de 29 de septiem-bre de 2001 (JT 2001, 1426).
  17. SSTSJ de Murcia, de 15 de mayo de 2002 (JT 2002, 1307) y de 22 de mayo de 2002 (JUR 2002, 190381).
  18. STSJ de Asturias, de 12 de abril de 2005 ( JT 2005, 746).
  19. Carmelo Lozano Serrano, La exención del Impuesto Especial sobre determinados me-dios de transporte para vehículos de minusválidos, en Cuadernos de Jurisprudencia Tri-butaria núm. 17/2001. Editorial Aranzadi.
  20. La citada en el la nota al pie núm. 16.
  21. Como sucede, p. Ej. en el ámbito del IRPF al permitir el uso para fines privados de determinados elementos afectos a una actividad económica, ex art. 27.2 del RDLeg. 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del IRPF.
  22. Se trata de un tributo de gestión municipal, que se regula en el art. 92 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDLeg. 2/2004). Es un impuesto directo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circu-lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría (art. 92.1 TRLHL).
  23. Art. 93 TRLRHL.
  24. Me he referido a ellos en las notas al pie núm. 2 y 3. Se trata de vehículos que por su configuración objetiva y características deben estar adecuados, desde su proyección y fabricación, a una discapacidad física.
  25. Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en gra-do igual o superior al 33 por 100.
  26. La expresión “uso exclusivo” estará sometida a las mismas restricciones interpretati-vas que en el caso del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.
  27. Art.93.2 TRLRHL.

Para Canal Down21, abril 2006


Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica (IVTM)

“Ventajas” fiscales aplicables a los vehículos utilizados

para el transporte de personas discapacitadas

Leopoldo Gandarias Cebrián

Abogado

La titularidad de vehículos por personas discapacitadas (1) goza de ciertas “ventajas” fiscales cuyas limitaciones, excesivamente restrictivas, pueden no ser siempre bien entendidas por quienes pretenden su aplicación. Es por ello que me permito la osadía de intentar aclarar algunos de sus más significativos aspectos, consciente de que estas líneas pueden provocar cierta perplejidad en quienes asuman el riesgo de leerlas.

Me voy a limitar a analizar, sin ánimo de ser exhaustivo, los supuestos en los que el vehículo adquirido es convencional, prescindiendo de los vehículos para personas de movilidad reducida a los que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (2), que también gozan de un tratamiento privilegiado (3), limitado por sus singulares características y configuración objetiva.

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

El primero de los impuestos que propone una “ventaja” es el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (4). Esta figura grava la primera matriculación defini-tiva de automóviles, embarcaciones y aeronaves (5).

Las particularidades previstas en relación con las personas discapacitadas hacen referencia exclusivamente a la matriculación definitiva de automóviles, nuevos o usados, accionados a motor para circular por vías y terrenos públicos. La ley establece un supuesto de no sujeción sobre los “coches de minusválidos” a los que me acabo de referir (6) y una exención en relación a los automóviles matriculados a nombre de personas discapacitadas para su uso exclusivo (7), siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que hayan transcurrido al menos 4 años desde la matriculación de otro vehículo en análogas condiciones(8).
  • Que no sean objeto de una transmisión posterior por actos “inter vivos” durante los 4 años siguientes a la fecha de matriculación (9).

Asimismo, en la medida en que se trata de una exención rogada, se exige el previo reconocimiento por parte de la Administración tributaria en la forma establecida reglamentariamente (10). Por su parte el reglamento (11) dispone que, para solicitar la exención, las personas a cuyo nombre se pretenda efectuar la primera matriculación definitiva, deberán presentar, con anterioridad, ante la Delegación o Administración de la AEAT correspondiente a su domicilio fiscal, un modelo (núm. 05) en el que deberán constar, como mínimo, los siguientes datos:

  • El nombre, número de identificación fiscal y domicilio fiscal del solicitante.
  • La clase, marca y modelo del medio de transporte que se pretende matricular.
  • El supuesto de exención cuyo reconocimiento se solicita.

Al modelo 05 debe acompañarse copia de la ficha de inspección técnica del vehículo, así como el certificado de la minusvalía o de la invalidez emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las entidades gestoras competentes.

La expresión uso exclusivo, de singular relevancia para la aplicación de esta exención, ha dado lugar una corriente de interpretación ciertamente restrictiva. Como ha contrastado la doctrina que más recientemente se ha ocupado de esta materia (12) para la Administración (13) es necesario que el vehículo esté destinado al uso exclusivo del minusválido, “lo que obliga a éste a encontrarse siempre a bordo del vehículo cuando circule, con independencia de que lo conduzca otra persona” (14).

Sobre la base de semejante criterio, la jurisprudencia ha concluido que en aquellos casos en que queda acreditado el uso del vehículo por una tercera persona para asuntos particulares, el discapacitado se ve privado de la exención (15), aunque dicho uso por terceros sea ocasional o venga motivado por circunstancias económicas (16), e incluso, en los casos en que el vehículo es utilizado para las exclusivas necesidades del discapacitado (17). No obstante, se ha admitido que el uso exclusivo del vehículo por el discapacitado también se produce cuando es empleado, sin su presencia, para satisfacer determinadas circunstancias de su interés, al afirmarse que “la propia dicción de la norma está planteando la existencia de una restricción y de una vinculación del uso a las necesidades propias del minusválido, las cuales, como ya se ha dicho, podrán verse satisfechas por un uso por tercero y en su ausencia, sin que tal satisfacción permita que, una vez lograda la misma, el vehículo pueda destinarse a otros menesteres que no sean estrictamente coincidentes con aquella satisfacción” (18).

Algunas de estas interpretaciones tan rigoristas, como la patrocinada por la Administración tributaria, consistente en que la persona discapacitada deba encontrarse siempre a bordo del vehículo, han sido puestas en cuestión por la doctrina (19), pues ni siquiera una interpretación estrictamente literal de la ley permite tal conclusión. En efecto, múltiples hipótesis fácticas pueden plantearse en que sin viajar en el coche el minusválido no se falte a su uso exclusivo. Por ejemplo, si no pudiendo conducirlo él mismo se le traslada a algún sitio, regresando más tarde a recogerlo; o conduciéndolo otra persona para atender compras, encargos u otras necesidades del titular; o meramente si otra persona lo lleva a un taller mecánico para revisión o reparación. ¿Es preciso en todos estos casos que el minusválido deba acompañar al conductor? No debería ser así y alguna sentencia encontramos que abre la puerta (bien es verdad que con reservas) a una lectura menos extremista (20). En este sentido, coincido con la posición defendida por el Prof. Lozano Serrano al sugerir, lege ferenda, a fin de conferir a estas ventajas fiscales una mayor plasticidad, sin desatender su objeto, la posibilidad de que se permita el uso de los vehículos para necesidades distintas a las legalmente previstas cuando tal circunstancia suceda de forma «accesoria y notoriamente irrelevante» (21)

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

Otra de las ventajas fiscales que despliega el ordenamiento en relación con los vehículos cuya titularidad corresponda a discapacitados es la prevista en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (22).

Están exentos del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (23):

  • Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (24).
  • Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos (25) para su uso exclusivo (26). Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte.

Estas exenciones no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

Por tanto, se establecen como requisitos necesarios para la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

  • Que el vehículo esté matriculado a nombre de una persona que tenga la condición legal de minusválido en grado igual o superior al 33 por 100.
  • Que se destine para su uso exclusivo, sea conducido por la persona con discapacidad, sea destinado a su transporte.
  • Que la persona con minusvalía no sea beneficiaria de la exención del pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica por otro u otros vehículos simultáneamente.

Se trata también de una exención de carácter rogado, de modo que el interesado de-berá instar la concesión de la exención indicando las características del vehículo, su ma-trícula y la causa del beneficio a la Administración municipal (27).

Notas

  1. Siempre que me enfrento al uso de este término, en el que persisto por razones con-vencionales, que no convencidas, experimento una sensación de insuficiencia expresiva ciertamente desasosegante. La legislación no lo arregla cuando mayormente suele utili-zar el término minusválidos.
  2. “Vehículos para personas con movilidad reducida” son aquellos que respondan de ma-nera objetiva a la siguiente descripción: aquellos cuya tara no sea superior a 350 Kg. y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km./h., proyectado y construido especialmente y no meramente adaptado para el uso de perso-nas con alguna disfunción o incapacidad física.
  3. No sujeción en el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte y exen-ción en el Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Aunque la normativa del Im-puesto Especial sobre determinados medios de transporte se remite a efectos de la no sujeción a los “coches de minusválidos” a los que se refiere el número 20 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Arti-culado de la Ley sobre el Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la disposición final primera del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, modificó dicha remisión debiendo aten-derse en la actualidad al RD 2822/1998.
  4. Los impuestos especiales son indirectos y recaen sobre consumos específicos. El Im-puesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte se encuentra regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (en adelante LIIEE), cuyo desarrollo se contiene en el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprue-ba el Reglamento de los Impuestos Especiales (en adelante RIIEE).
  5. También grava la circulación o utilización en España de estos medios de transporte cuando no se haya solicitado la matriculación definitiva dentro del plazo de los 30 días siguientes al inicio de su utilización.
  6. El artículo 65.1.a).5º, de la LIIEE establece la no sujeción de la primera matriculación definitiva en España de “los coches de minusválidos a los que me he referido en la nota núm. 2. Este supuesto de no sujeción en la primera matriculación definitiva de coches de minusválidos no requiere de ningún reconocimiento previo por parte de la Adminis-tración Tributaria. Tampoco debe acreditarse la minusvalía del sujeto pasivo, ya que por la configuración objetiva de este tipo de vehículos únicamente pueden ser utilizados por personas discapacitadas.
  7. Art. 66.1.d) de la LIIEE.
  8. No obstante, este requisito no se exige en los casos de siniestro total de los vehículos, debidamente acreditado. Por otra parte este requisito tampoco impide que se pueda beneficiar nuevamente de la exención aunque no hayan transcurrido los cuatro años desde la matriculación, siempre que, de acuerdo con el artículo 66.3 de la LIE, "la per-sona minusválida efectúe previamente la autoliquidación del impuesto e ingreso de las cuotas que, si no hubiese mediado la exención, hubieran debido ingresarse con ocasión de la matriculación del primer vehículo a nombre del interesado”. Ello equivaldría a re-trotraer las circunstancias al momento de la matriculación anulando por completo los efectos de la exención. Considerándose así sin efecto la exención inicialmente aplicada respecto del primer vehículo, podrá matricular un segundo vehículo al amparo de la exención prevista en el artículo 66.1.d) puesto que, anulada la primera exención, se puede considerar que el primer vehículo finalmente no se matriculó en “análogas condi-ciones”.
  9. En este caso, si el adquirente es otra persona con minusvalía “no resulta exigible la autoliquidación o ingreso del Impuesto Especial sobre determinados medios de transpor-te, siempre que el adquirente cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 66, puesto que tras la modificación resulta aplicable el supuesto de exención” (Resolución DGT, núm. 1158/2001, de 12 de junio).
  10. Apartado 2 del art. 66 de la LIIEE.
  11. Art. 136 del RIIEE.
  12. José Manuel Pérez Lara y Juan López Martínez, Impuestos y Discapacidad, en Cuader-nos de Jurisprudencia Tributaria, núm. 39/2005. Editorial Aranzadi, de donde se toman las referencias jurisprudenciales que se citan en las notas siguientes.
  13. El órgano competente para realizar comprobaciones sobre este impuesto es la a Ins-pección de Aduanas e Impuestos Especiales de la Dependencia Regional correspondiente al domicilio del contribuyente o el Servicio de Vigilancia Aduanera adscrito a la misma Dependencia. Normalmente este tipo de comprobaciones se realizan por personación en el domicilio del beneficiario de la exención.
  14. Criterio rayano en lo doctrinario, ciertamente contrario al espíritu del art. 49 CE.
  15. SSTSJ de Murcia, de 26 de marzo de 1998 (JT 1998, 703), de 14 de noviembre de 2001 (JT 2001, 1910), de 16 de septiembre de 2002 (JT 2002, 1596) y de 28 de enero de 2004 (JUR 2004, 101850).
  16. SSTSJ de Murcia, de 26 de septiembre de 2001 (JT 2001, 1420) y de 29 de septiem-bre de 2001 (JT 2001, 1426).
  17. SSTSJ de Murcia, de 15 de mayo de 2002 (JT 2002, 1307) y de 22 de mayo de 2002 (JUR 2002, 190381).
  18. STSJ de Asturias, de 12 de abril de 2005 ( JT 2005, 746).
  19. Carmelo Lozano Serrano, La exención del Impuesto Especial sobre determinados me-dios de transporte para vehículos de minusválidos, en Cuadernos de Jurisprudencia Tri-butaria núm. 17/2001. Editorial Aranzadi.
  20. La citada en el la nota al pie núm. 16.
  21. Como sucede, p. Ej. en el ámbito del IRPF al permitir el uso para fines privados de determinados elementos afectos a una actividad económica, ex art. 27.2 del RDLeg. 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del IRPF.
  22. Se trata de un tributo de gestión municipal, que se regula en el art. 92 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales (RDLeg. 2/2004). Es un impuesto directo que grava la titularidad de los vehículos de tracción mecánica, aptos para circu-lar por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría (art. 92.1 TRLHL).
  23. Art. 93 TRLRHL.
  24. Me he referido a ellos en las notas al pie núm. 2 y 3. Se trata de vehículos que por su configuración objetiva y características deben estar adecuados, desde su proyección y fabricación, a una discapacidad física.
  25. Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en gra-do igual o superior al 33 por 100.
  26. La expresión “uso exclusivo” estará sometida a las mismas restricciones interpretati-vas que en el caso del Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte.
  27. Art.93.2 TRLRHL.

Para Canal Down21, abril 2006


Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

Se trata de un tributo indirecto que grava la realización dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la respectiva licencia de obras o urbanística (art. 100 TRLHL).

Tradicionalmente no ha existido en el referido tributo beneficio alguno a favor de las personas con discapacidad, pero en la nueva redacción del art. 103 TRLHL introducida por la Ley 51/2002, se recoge la posibilidad de fijar una bonificación de hasta el 90 por ciento para las construcciones, instalaciones y obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad.

No se exige que la persona con discapacidad sea la propietaria del edificio lo cual es bueno para los niños con discapacidad objeto de esta tesis, pues las obras las puede hacer su familia, o la Comunidad de propietarios del edificio donde vive para adaptar elementos comunes.

Sin embargo, la aplicación del beneficio fiscal es potestativa para cada ayuntamiento, lo cual es criticable, pues debería al menos haber una bonificación mínima para todos los municipios fijada por el Estado.

Entiendo que cuando se habla de acceso no solo se habla de eliminación de barreras arquitectónicas sino también de barreras de la comunicación y de facilitar el acceso a servicios, como los telemáticos, que posibiliten una mayor intervención en la sociedad.

para CANAL DOWN 21. 1 de Enero 2007