Novedades Enero: Discapacidad, Revalorización de pensiones

NOVEDADES enero y febrero 2019

Destacados:

PUBLICADA EN EL BOE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (LOREG)

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad (BOE 6 diciembre 2918)

Esta ley que ha devuelto el voto a 100.000 personas con discapacidad e impide que se siga privando de voto a dichas personas, ha entrado en vigor el 7 de diciembre de 2018.

En este año 2019 que tiene muchas citas electorales, debemos estar pendientes al recibir la carta del censo electoral, de que estamos correctamente inscritos.

Los bebés murcianos están de enhorabuena.

Se ha modificado la ley que regula sus derechos y deberes para que se le reconozca el derecho a la detección precoz, a medidas de estimulación precoz, así como a no ser separados de sus madres tras el parto salvo que una razón médica lo justifique. Más información a continuación:

Ley 12/2018, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia (BOE 14 enero 2019).

Se modifica el artículo 16 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 16. Menores. 1. La Administración sanitaria velará de forma especial por los derechos relativos a la salud de los menores, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 3/1995, de 21 de marzo, de la Infancia de la Región de Murcia, y demás normativa aplicable.

  1. Específicamente, los recién nacidos tendrán derecho a recibir un tratamiento respetuoso y digno desde su nacimiento y a ser identificados con inmediatez, así como a que se les realicen las pruebas que se considere adecuadas de detección neonatal y, en su caso, a las medidas de estimulación precoz si hay sospecha de enfermedad que pueda generar discapacidad.

    En particular, se les reconoce:

    a) El derecho a no ser separados de su madre tras el parto (contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido), salvo por razones médicamente justificadas.
    b) El derecho a la identidad sanitaria desde el momento de su nacimiento, como sujetos de la asistencia, con apertura de historia clínica.»

Revalorización de pensiones públicas

Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (BOE 29 diciembre 2018).

Se incrementa el 3 % las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y la asignación por hijo o hija con discapacidad a cargo, mayor de 18 años.

Además, los pensionistas perceptores durante 2018 de, entre otras, las pensiones mínimas, pensiones no contributivas de la Seguridad Social, y perceptores de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100 y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte, recibirán, antes del 1 de abril de 2019 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en el año 2018 y la que hubiera correspondido de aumentar dicha cuantía percibida con el valor medio real de la variación porcentual interanual del Índice de Precios al Consumo habida en cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta noviembre de 2018 expresado con un decimal, que ha sido del 1,7 por ciento, una vez deducido del mismo un 1,6 por ciento.

Las cuantías son las siguientes:

Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.488,00 euros/año.

Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales.

Prestaciones familiares de la Seguridad Social:

– Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291 euros/año.
– Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año.
– Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:

Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.704,00 euros/año.
Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y con necesidad de concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 7.056,00 euros/año.

– Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 1.000,00 euros.

Además este Real Decreto- ley contiene:

  • una modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. Bonificación o reducción de cuotas de trabajadores por cuenta propia con discapacidad y
  • una modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. (Disposición final segunda. Tres) consistente en la exclusión de la cotización máxima por accidentes de trabajo en el caso de empresas que ocupen a trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de discapacidad.

Importante subida del salario mínimo interprofesional

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 (BOE 27 diciembre 2018).

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses.

En ningún caso puede considerarse una cuantía anual inferior a 12.600 euros.

Esta subida aumenta las posibilidades de aumentar los ingresos de una persona con discapacidad compatibilizando el empleo con una prestación económica de la administración, pues en muchas ocasiones la compatibilidad se basa en no exceder el salario mínimo interprofesional.

Leyes y otras normas publicadas en España:

Estado:

Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, se regula el procedimiento de inclusión, alteración y exclusión de la oferta de productos ortoprotésicos y se determinan los coeficientes de corrección (BOE 25 enero 2019).

Constituye un avance para las personas con discapacidad y los pacientes en general la actualización de la prestación ortoprotésica de Sistema Nacional de Salud aprobada por orden del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuya aplicación efectiva se difiere al 1 de julio de este año.

La prestación ortoprotésica es una de la más relevantes para las personas con discapacidad porque resulta determinante para la autonomía personal y una vida activa y participativa, que haga posible la inclusión en la comunidad.

A pesar de esta importancia, la prestación ortoprotésica permanecía  anclada en el pasado, completamente desactualizada, sometida a rigideces y burocracias extremas, profundamente inequitativa según el territorio o la Administración o Entidad gestora que la dispensara y exigiendo de la persona usuaria copagos inaceptables.

Muchos de estos aspectos negativos se corrigen o se enfocan de un modo mucho más racional, justo y equitativo, ampliando considerablemente la oferta, cuantificándola en valores monetarios más cercanos a los del mercado, minimizando los copagos, que serán residuales e introduciendo transparencia y un  trato más igualitario con independencia de la Administración o entidad proveedora.

Otro elemento positivo es que prevé su propio mecanismo de actualización, mucho más ágil y eficaz que el vigente, lo que permitirá espirales de renovación más sencillas, en función de las aportaciones que haga la ciencia, la tecnología y el mercado.

Resolución de 9 de enero de 2019, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio específico con la Fundación Universia, para la formación de personas con discapacidad (BOE 24 enero 2019).

Orden PCI/12/2019, de 14 de enero, por la que se determinan las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas en el curso 2018-2019 (BOE 15 enero 2019).

Se contemplan se contemplarán medidas de flexibilización y metodológicas en la evaluación de lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para los casos de alumnado con discapacidad auditiva, alumnado con dificultades en su expresión oral y/o con trastornos del habla. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. No se contemplan otro tipo de medidas.

Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (BOE 29 diciembre 2018).

La Directiva de la Unión Europea 2014/95/UE amplía el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que deben publicar las sociedades anónimas cotizadas, en aras de mejorar la transparencia facilitando la comprensión de la organización empresarial y de los negocios de la empresa de que se trate. La nueva obligación para estas sociedades consiste en la divulgación de las «políticas de diversidad de competencias y puntos de vista» que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En caso de que la sociedad no aplicase una política de diversidad, no existe obligación alguna de establecerla, aunque la declaración sobre gobernanza empresarial ha de explicar claramente el motivo por el que no se aplica.

Por ello el nuevo apartado 6 del artículo 49 del Código de Comercio señala que el estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Están obligados a dar información sobre empleados con discapacidad, accesibilidad universal, medidas contra todo tipo de discriminación, también por razón de discapacidad.

En el mismo sentido se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio estableciendo en su artículo 262 que las grandes empresas están obligadas a facilitar este tipo de información.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 514 de la ley de sociedades de capital para garantizar en la junta general de accionistas de sociedades cotizadas la igualdad de trato a las personas con discapacidad y en concreto su derecho a la información previa y a los apoyos necesarios para ejercitar su derecho de voto.

Se favorecerá que la selección de miembros de los consejos de legislación de sociedades cotizadas favorezca la diversidad, entre otros en razón de discapacidad (artículo 529 bis.2 TRLSC).

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27 diciembre 2018).

En los viajes combinados, el organizador o minorista asume el coste de alojamiento del viajero cuando es imposible el retorno previsto por circunstancias inevitables y extraordinarias por un máximo de tres noches salvo en el caso de personas con discapacidad entre otras en el que es el límite de costes no opera.

Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales (BOE 22 diciembre 2018).

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 ha introducido diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Por una parte, se han mejorado las deducciones por maternidad y por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, al incrementar el importe de la primera cuando la madre tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros educativos autorizados, y extender la segunda a nuevos supuestos, como es el cónyuge no separado legalmente cuando este sea una persona con discapacidad que dependa económicamente del contribuyente o la existencia de más hijos que los exigidos para que una familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría ordinaria general o especial, según corresponda.

El Real Decreto modifica el reglamento para que estos cambios sean operativos en la práctica

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE 18 diciembre 2018).

Este Real Decreto-ley constituye una mejora para las personas con discapacidad y movilidad reducida pero no resuelve todos los problemas. Enlace a informe del CERMI sobre esta cuestión:

https://www.cermi.es/es/actualidad/novedades/informe-sobre-contenidos-de-discapacidad-y-accesibilidad-real-decreto-ley

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE 6 de diciembre de 2018).

Esta ley sustituye a la anterior de 1999. Contiene regulación relativa a los datos de las personas con discapacidad necesitadas de apoyo que hayan fallecido, para que sus personas de apoyo ejercite sus derechos (artículo tres apartado tres). Tiene en cuenta los mayores riesgos que pueden presentar las personas con discapacidad en cuanto a la protección de sus datos personales, y en especial los relativos a su salud

Comunidades Autónomas:

Aragón:

Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón (BOE 28 enero 2019).

Entre sus principios rectores recogidos en el artículo cuatro figura el e): El apoyo de la práctica de la actividad física y el deporte por aquellas personas pertenecientes a colectivos necesitados de especial atención, valorando estas prácticas como instrumento de integración para las personas con discapacidad y para niños y niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social.

El Gobierno de Aragón podrá habilitar ayudas económicas «de participación deportiva» para personas con discapacidad, así como para niños, niñas y jóvenes en edad educativa obligatoria en riesgo de exclusión social (artículo 12.2).

En el artículo 57 se regulan las Federaciones deportivas aragonesas para personas con discapacidad.

Las Administraciones públicas en Aragón velarán por que las instalaciones deportivas sean accesibles y no tengan barreras u obstáculos que dificulten la libre circulación de personas con discapacidad, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de barreras arquitectónicas (artículo 66).

Ley 17/2018, de 4 de diciembre, de Investigación e Innovación de Aragón (BOE 28 enero 2019).

El Sistema Aragonés de I+D+i se rige por los siguientes principios:

La consideración de la innovación y la investigación aplicada como medios para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad (artículo 3.m).

Asturias:

Ley 12/2018, de 23 de noviembre, de Transportes y Movilidad Sostenible (BOE 16 enero 2019)

Se pretende establecer un modelo de movilidad que garantice una mayor accesibilidad, tanto territorial como social, asequible para todos y con especial atención a las personas con discapacidad o movilidad reducida.

Se considera personas con movilidad reducida a las siguientes: personas que tienen permanente o temporalmente limitada la capacidad de moverse sin ayuda externa, bien por su condición de personas con discapacidad, incluidas aquellas con deficiencias psíquicas y sensoriales, bien por ser personas mayores, bien porque se trate de personas de baja estatura o personas que porten un equipaje pesado o mujeres embarazadas o personas que portan niños pequeños o personas que empujan carritos o cochecitos (artículo 3. l).

Entre los objetivos está el garantizar el derecho del ciudadano a la accesibilidad universal, con atención específica a las necesidades de las mujeres, las personas con discapacidad, las personas mayores, la infancia y especialmente quienes habitan en el medio rural, de modo que garantice la intercomunicación sostenible de éstos con las zonas urbanas (artículo 5.1 . a).

Se regulan unos planes de movilidad sostenible en los centros de trabajo a partir de 200 trabajadores y en los centros con gran afluencia de usuarios, planes en los que tienen que participar los trabajadores con discapacidad.

Los vehículos del transporte público tienen que ser accesibles para las personas con discapacidad (artículos 52 y 74). También los taxis (artículo 75).

Las estaciones tienen que tener baños adaptados (artículo 81.1.f).

Los aparcamientos disuasorio sostienen que tener plazas reservadas para personas con discapacidad (artículo 85).

Baleares:

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOE seis diciembre 2018)

El régimen de acción concertada es una opción organizativa que permite concertar la prestación de servicios sociales con entidades no lucrativas del Tercer Sector de Acción Social y, si procede, entidades del sector privado, con la opción de que cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, las administraciones públicas para el establecimiento de conciertos darán prioridad a las entidades sin ánimo de lucro. Destaca la importancia tanto histórica como cuantitativa de la intervención de las entidades de iniciativa privada sin ánimo de lucro del Tercer Sector de Acción Social en los servicios sociales.

Esta ley determina el alcance y el significado de esta acción concertada, las modalidades de servicios y prestaciones, así como el sistema de contraprestación.

Canarias:

Ley 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias (BOE 11 enero 2019).

Se modifica el Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes dictadas por la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de tributos cedidos. En concreto se modifica la regulación del ITP AJD para personas con discapacidad:

Se modifica el artículo 33, que queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 33. Tipo de gravamen reducido en la adquisición de vivienda habitual por personas con discapacidad.

El tipo de gravamen aplicable en la transmisión de un inmueble que vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente que tenga la consideración legal de persona con discapacidad física, psíquica o sensorial es del 1%. Se aplicará el mismo tipo impositivo cuando la condición de una de estas minusvalías concurra en alguna de las personas por las que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar. En todo caso, será necesario que se cumplan simultáneamente todos y cada uno de los requisitos siguientes:

a) Que el contribuyente o la persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar tenga la consideración legal de persona con discapacidad y cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 65%, de acuerdo con su normativa específica.
b) Que la suma de las bases imponibles en el impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a los adquirentes no exceda de 40.000 euros, cantidad que deberá incrementarse en 6.000 euros por cada persona por la que el contribuyente tenga derecho a aplicar el mínimo familiar, excluido el contribuyente.
c) Que antes de la compra o en los dos años siguientes a la adquisición de la vivienda se acredite por el contribuyente la trasmisión en escritura pública de la anterior vivienda habitual, si la hubiere.

A los efectos de la aplicación de este tipo de gravamen, se entenderá por mínimo familiar y vivienda habitual los definidos a los efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas.»

Castilla-La Mancha

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha (BOE 14 diciembre 2018).

Tiene en cuenta la situación de las mujeres con discapacidad en cuanto a su derecho a la información, en cuanto los recursos de acogida especializados, y en cuanto al la adjudicación de viviendas de protección pública adaptada a sus necesidades.

Extremadura:

Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura (BOE 17 diciembre 2018).

Con la presente ley se consolidan los instrumentos de diálogo civil y colaboración del Tercer Sector Social extremeño con el sector público autonómico, contemplando, entre otros, la participación de las redes del Tercer Sector Social en la Mesa del Diálogo Civil de Extremadura, en el Consejo Económico y Social y en otros órganos colegiados, como son los consejos sectoriales de participación que tiene activos la Junta de Extremadura.

Las organizaciones del Tercer Sector Social canalizan un importante capital social, relacional y humano, además de desarrollar una actividad económica relevante, generando a través de ella un retorno no solo económico, sino también social, con impacto real y positivo en la creación de empleo, mediante la colaboración en la provisión de servicios de responsabilidad pública y la generación de alternativas de empleo, principalmente, de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Las actividades de asistencia social, o del ámbito de la asistencia social, son aquellas actividades desarrolladas por las entidades que integran el Tercer Sector Social en Extremadura con la finalidad de promover la inclusión social, la cooperación al desarrollo, el reconocimiento de los derechos de toda la población y su ejercicio efectivo por las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusión, desprotección, especialmente de la infancia, discapacidad y/o dependencia; en lucha contra la desigualdad social, la marginación, la desprotección y la violencia de género, y avanzando en la necesaria transformación social hacia una sociedad más justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrática.

Ley 9/2018, de 30 de octubre, de sociedades cooperativas de Extremadura (BOE 30 noviembre 2018).

En su artículo 174 acepta que sean socios de las cooperativas juveniles las personas con discapacidad igual o superior al 33% hasta los 35 años en lugar de los 30 cuando no se tiene discapacidad.

Murcia:

Ley 13/2018, de 29 de noviembre, de Comunicación y Publicidad Institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BOE 14 enero 2019).

Se promueve la accesibilidad para las personas con discapacidad y se otorga preferencia a los soportes más respetuosos con el medio ambiente.

Entre los principios del artículo 5 encontramos el h) Accesibilidad universal a la información de cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Este mismo criterio se tiene en cuenta en los criterios de contratación (artículo 7.8).

En los planes anuales de las campañas de pública Ciudad y comunicación institucional se especificarán las medidas para hacer accesibles dichas campañas a las personas con discapacidad (artículo 12.2.g).

Navarra:

Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, sobre el derecho subjetivo a la vivienda en Navarra (BOE 23 enero 2019).

Esta ley modifica la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, en cuanto a subvenciones a promotores de  apartamentos en alquiler destinados a personas con discapacidad. El artículo 1.Veintiuno modifica la disposición adicional decimosexta de la Ley Foral 10/2010, que pasará a tener la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta. Subvenciones a promotores de viviendas de protección oficial calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y de apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con discapacidad, y viviendas de protección oficial calificadas en régimen de cesión de uso.

  1. Los promotores de viviendas de protección oficial calificadas en régimen de arrendamiento sin opción de compra y de apartamentos protegidos en alquiler destinados a personas mayores de 60 años o con discapacidad, podrán acceder a las siguientes subvenciones:

a) El 23% del precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos, incluidas en la correspondiente calificación.
b) El 35% del precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos, incluidas en la correspondiente calificación, si el promotor solicita que la duración del régimen de protección de las viviendas protegidas aplicable sea de 30 años.

El porcentaje establecido en este apartado no se podrá acumular al establecido en el apartado a).

  1. Las asociaciones privadas sin ánimo de lucro que promuevan viviendas de protección oficial en régimen de cesión de uso, podrán acceder a una subvención del 25% del teórico precio máximo de venta de las viviendas, sin anejos, incluidas en la correspondiente calificación, siempre y cuando los ingresos familiares ponderados de cada uno de los primeros socios de la asociación sean inferiores a los exigidos para el acceso a subvenciones por adquisición de viviendas de protección oficial. Esta subvención será incompatible con la prevista en la disposición adicional decimoctava de la presente ley foral.
  2. Las subvenciones se reconocerán en la calificación provisional. El promotor o la asociación podrá percibir hasta un 50% de la subvención tras recibir la calificación provisional, previa presentación de aval que cubra el importe de la subvención concedida, y el resto de la subvención se abonará tras la obtención de la correspondiente calificación definitiva.
  3. Si el promotor o la asociación altera el régimen del arrendamiento o cesión de uso durante el tiempo en que la vivienda permanezca sometida al régimen de protección sin mediar autorización al efecto del departamento competente en materia de vivienda, vendrá obligado a reintegrar la totalidad de los importes recibidos, sin perjuicio de otras actuaciones sancionadoras y de restauración de la legalidad que procedan.
  4. Únicamente podrán acceder a la subvención prevista en la presente disposición adicional las promociones de viviendas de protección oficial que soliciten la correspondiente calificación provisional a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral. Será necesario que las viviendas se promuevan en localidades donde existan más de 100 solicitudes de alquiler según los datos del censo de solicitantes de vivienda protegida en el momento de solicitarse la calificación provisional del expediente, salvo en el caso de viviendas promovidas por sociedades públicas o entidades locales, o cuando exista Resolución favorable del Ayuntamiento de la entidad local apoyando la promoción de las viviendas.
  5. Lo dispuesto en la presente disposición adicional podrá desarrollarse o modificarse reglamentariamente.»

Ley Foral 30/2018, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias (BOE 23 enero 2019).

En el artículo sexto se modifica la Ley Foral General Tributaria (Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre). En el número Ocho se modifica la Disposición adicional vigesimoctava, con efectos para los procedimientos iniciados a partir de la entrada en vigor de esta ley foral.

Entre los Procedimientos iniciados a solicitud del interesado que podrán entenderse desestimados cuando no se haya notificado resolución expresa dentro del plazo de tres meses (apartado B), se incluyen procedimientos regulados en el Impuesto sobre el Valor Añadido y entre ellos el siguiente:

c) Procedimiento de reconocimiento del derecho a la aplicación del tipo impositivo reducido a autotaxis y vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad y movilidad reducida.

En el artículo duodécimo se modifica la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo de tasas y precios públicos, con efectos a partir de 1 de enero de 2019.

Modifica el Artículo 79 bis. Tasa por emisión de duplicado de tarjeta acreditativa de la discapacidad. La tarifa será de 5 euros por tarjeta.

Artículo 99 bis.1. Prevé exenciones para títulos académicos:

«1. Aplicables a todos los servicios previstos en el artículo 99 a excepción del servicio regulado por la tarifa 16.

a) Familias numerosas:

1.º Exención para miembros de familias numerosas de categoría especial.

2.º Bonificación del 50 por 100 para miembros de familias numerosas de categoría general.. d) Personas con discapacidad reconocida:

1.º Exención para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100. 2.º Bonificación del 50 por 100 para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por 100.