Novedades Jurídicas Noviembre, Diciembre 2020 y Enero 2021

Destacados: 

ERRADICACIÓN DE LAS ESTERILIZACIONES FORZOSAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente (BOE 13 de enero de 2020).

El Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde el 15 de octubre de 2020 a la Proposición de Ley que modifica el Código Penal para derogar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, una práctica que sufren sobre todo las adolescentes y mujeres.

Esta reforma legal ha contado con el respaldo de todos los partidos (348 votos a favor y ninguna abstención ni voto en contra).

La reforma elimina el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, hasta ahora, despenalizaba las esterilizaciones no consentidas de personas incapacitadas judicialmente, previa autorización judicial.

Además, en la disposición final tercera, se establece que el Gobierno remitirá a las Cortes Generales un proyecto de ley de modificación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, con el objetivo de reforzar que las personas con discapacidad que precisen de apoyos humanos y materiales, incluidos los tecnológicos, cuenten con la información necesaria y la documentación clínica en formatos, canales y soportes accesibles para que la decisión que adopten en su calidad de pacientes sea libre e informada, y para reforzar la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad.

UN PASO IMPORTANTE HACIA LA EXENCIÓN DEL COPAGO FARMACÉUTICO PARA MENORES DE 18 AÑOS CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD RECONOCIDO IGUAL O SUPERIOR AL 33%.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 incorpora entre sus medidas sociales la exención del copago farmacéutico para menores de 18 años con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.

Leyes y otras normas publicadas en España:

Estado:

Real Decreto 1090/2020, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007,de 28 de diciembre, del Cine (BOE 10 diciembre 2020)

Se quiere dar respuesta al mayor apoyo que precisan los proyectos dirigidos por cineastas con discapacidad, de manera que, según se establece en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no solo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad. Para ello se incluye estos proyectos dentro de las “obras audiovisuales difíciles”, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea a efectos de recibir ayudas (modificación del artículo 21 y del artículo 32.2.)

Se aumenta el límite máximo del presupuesto de producción para considerar la obra difícil, de modo que pasa de 300.000 euros a 1.500.000 euros.

Se aumenta el límite máximo de ayudas que pueden recibir las obras audiovisuales difíciles, que se fija en los siguientes porcentajes del coste reconocido: Los cortometrajes pasan del 75 % al 85 % de dicho coste. Las obras de los nuevos y nuevas realizadoras, con un límite actual del 70 %; las obras en lenguas cooficiales, con un límite actual del 60 %; y el nuevo supuesto de las obras dirigidas por personas con discapacidad pasan a alcanzar todas ellas el 80 %. Los nuevos supuestos de obras realizadas exclusivamente por directoras, de obras de especial valor cultural, de documentales y de obras de animación podrán alcanzar ayudas de hasta el 75 % del coste reconocido, y, finalmente, las obras realizadas en régimen de coproducción con países iberoamericanos podrán alcanzar ayudas de hasta el 60 % de dicho coste.

También se incluyen normas de accesibilidad sobre información para el público en el artículo 16, accesibilidad de las salas 18.1.d) y acceso y participación de personas con discapacidad a festivales cinematográficos (artículo 19).

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE 18 noviembre 2020).

El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, Consejo Territorial), de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene atribuida la fijación de criterios comunes de acreditación de centros, servicios y entidades, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado (Instituto de Mayores y Servicios Sociales).

La acreditación de centros, servicios y entidades que actúen en el ámbito de la autonomía personal y de la atención a la dependencia tiene por finalidad, por un lado, garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a recibir unos servicios de calidad y por otro lado, garantizar el derecho a una formación adecuada para los profesionales del sector.

En virtud de las competencias que le atribuye el citado artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, el Consejo Territorial, en su reunión del día 27 de noviembre de 2008, aprobó el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (en adelante, Acuerdo de acreditación), que han de ser entendidos como mínimos, debiendo las respectivas Administraciones en su ámbito competencial realizar la legislación, reglamentación y ejecución necesaria para ello. Dicho Acuerdo fue publicado por Resolución de la Secretaría de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad de 2 de diciembre de 2008.

En su redacción inicial, el citado Acuerdo de acreditación establecía en su criterio tercero las titulaciones mínimas requeridas para la contratación del personal dentro de las diferentes categorías profesionales existentes en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En esta redacción inicial, se preveía que tales titulaciones profesionales serían exigibles progresivamente, en los porcentajes establecidos en dicho Acuerdo, en el período comprendido entre los años 2011 y 2015.

No obstante, sucesivamente se han ido aprobando medidas de flexibilización con el fin de que personas que estuvieran trabajando pudieran continuar haciéndolo con una acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.

La crisis sanitaria ha llevado a nuevas flexibilizaciones por la necesidad de contratar a más personal, y en esta Resolución se aprueba una más. Es decir que el nuevo Acuerdo establece de nuevo, con carácter temporal y excepcional, un régimen de flexibilización para posibilitar la realización de las contrataciones necesarias en el sector, con el fin de no dejar desatendidos los servicios proporcionados a las personas en situación de dependencia.

Orden DSA/1045/2020, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2020, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, actividades de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020 (BOE 7 noviembre 2020).

La sentencia del Tribunal Constitucional 9/2017, de 19 de enero, declaró inconstitucional el modelo de gestión y concesión de ayudas públicas derivado del programa de la asignación tributaria del IRPF.

En orden a dar cumplimiento a esta sentencia, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en colaboración con las entidades del tercer sector social y previo acuerdo con las comunidades autónomas diseñó un nuevo sistema basado en la existencia de dos tramos: uno estatal y otro autonómico, ajustado al orden de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

La recaudación de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, afecta a la subvención de actividades de interés general consideradas de interés social para el año 2020 ascendió a un total de 283.374.239,89 euros. Mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales de 26 de junio de 2020 se estableció la distribución de tramos, correspondiendo al estatal el 14,86% de esta cuantía, por lo que el tramo autonómico asciende al 85,14% del total o, lo que es lo mismo 241.264.827,84 euros. Los créditos correspondientes a las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía se distribuirán conforme a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con cargo a la aplicación presupuestaria 26.16.231F.454.

Este acuerdo tiene por objeto autorizar los criterios de distribución y la distribución resultante de los 241.264.827,84 euros correspondientes al mencionado tramo autonómico.

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2 (BOE 25 octubre 2020).

Este nuevo estado de alarma pretende hacer de paraguas, durante seis meses para las medidas contra el COVID 19 que están tomando los gobiernos autonómicos para evitar la expansión del virus, medidas que restringen derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. Cada dos meses se rendirá cuentas al Parlamento por parte del Gobierno.

En primer lugar, se establece, con excepciones, la limitación de la libre circulación de Las personas en horario nocturno, a fin de evitar al máximo la expansión de la infección durante ese periodo de tiempo, dado que en esa franja horaria se han producido muchos de los contagios en estas últimas semanas, tal y como ha quedado expuesto con anterioridad.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la entrada y salida de los territorios de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía, así como de ámbitos territoriales de carácter geográficamente inferior, con ciertas excepciones, con el propósito de reducir sustancialmente la movilidad del virus.

Asimismo, se establece la posibilidad de limitar la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados. Así, se persigue la reducción de la movilidad social de manera significativa y, por tanto, se pretende detener la expansión de la epidemia.

Tanto las limitaciones a la permanencia de grupos de personas, como las referidas a la entrada y salida de territorios serán eficaces en el territorio de cada comunidad autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía cuando la autoridad competente delegada (EL Goberno de cada Comunidad o Ciudad Autónoma) respectiva lo determine, la cual también podrá modular, flexibilizar y suspender la aplicación de estas medidas.

Finalmente, se prevé la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan imponer la realización de prestaciones personales obligatorias en el ámbito de sus sistemas sanitarios y sociosanitarios, siempre que esto resulte imprescindible para responder a la situación de emergencia sanitaria.

En relación con las personas con discapacidad se permite la excepción a estas restricciones en los artículos 5 y 6.

Artículo 5. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.

  1. Durante el periodo comprendido entre las 23:00 y las 6:00 horas, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades: 

f) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables

  1. La autoridad competente delegada correspondiente podrá determinar, en su ámbito territorial, que la hora de comienzo de la limitación prevista en este artículo sea entre las 22:00 y las 00:00 horas y la hora de finalización de dicha limitación sea entre las 5:00 y las 7:00 horas.

Artículo 6. Limitación de la entrada y salida en las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de autonomía.

  1. Se restringe la entrada y salida de personas del territorio de cada comunidad autónoma y de cada ciudad con Estatuto de autonomía salvo para aquellos desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por alguno de los siguientes motivos: 
    e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria (BOE 30 de septiembre 2020)

No se contemplan normas dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales pero si modificaciones que les afectan:

  • Se otorga el carácter de orientativos a los estándares de aprendizaje evaluables.
  • Se autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y promoción para todos los cursos de educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, y formación profesional, así como los criterios para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, el título de Bachiller, y las titulaciones correspondientes a la formación profesional.
  • Asimismo, se suprimen las evaluaciones de final de etapa de educación primaria y secundaria obligatoria que, a partir del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, han perdido todo efecto académico, teniendo únicamente un carácter muestral y finalidad diagnóstica, y respecto del calendario escolar, se considerarán días lectivos todos aquellos en los que se preste atención y apoyo educativo al alumnado, ya sea de forma presencial como a distancia.
  • En la Formación Profesional, se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en centros de trabajo al mínimo exigido en los reales decretos que establecen cada título y sus enseñanzas mínimas. Asimismo, las administraciones educativas competentes podrán, cuando no exista alternativa viable, sustituir la estancia en empresas, propia de la formación en centros de trabajo, por una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral.

Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 30 septiembre 2020).

El propósito de este Real Decreto-ley es defender el empleo y garantizar la viabilidad futura de las empresas cubriendo diferentes objetivos.

Inicialmente, prorrogar la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuya vigencia estaba previsto que terminase el 30 de septiembre de 2020, así como del procedimiento especial regulado en el artículo 23 de dicha norma, dada la persistencia de los factores que llevaron a su adopción y los efectos socioeconómicos que la emergencia sanitaria sigue causando en la actividad de las empresas y en los contratos de trabajo.

Por otro lado, prever nuevas medidas de suspensión y reducción de jornada causadas por impedimentos o limitaciones en el desarrollo de la actividad de las empresas, como consecuencia de medidas restrictivas o de contención adoptadas por las autoridades competentes.

Presenta también como objetivo prorrogar todas aquellas medidas complementarias de protección del empleo que se entienden precisas para garantizar la necesaria estabilidad, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo, previstas en los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral los efectos causados por el COVID-19, y en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

En relación con los autónomos, las nuevas medidas que se ha considerado conveniente adoptar y que se establecen en los artículos trece y catorce, así como en la disposición adicional cuarta, consisten en garantizar unos ingresos a aquellos trabajadores que se ven afectados por la suspensión de la actividad en virtud de resolución administrativa, aquellos otros que no tienen acceso a una prestación ordinaria de cese, así como a los trabajadores autónomos de temporada que ven reducida su actividad, al tiempo que se mantiene hasta el 31 de enero de 2021 la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real Decreto ley 24/2020, de 26 de junio, para aquellos autónomos que la hayan percibido durante el tercer trimestre de 2020 y mantengan las condiciones para su percepción en el cuarto trimestre, y en facilitar el acceso a la misma prestación a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad hasta el 30 de junio, no percibieron la prestación regulada en el artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, pero acreditan en el cuarto trimestre las condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. La prestación también en este caso se podrá percibir hasta el 31 de enero de 2021.

En relación con las personas con discapacidad se incluye lo siguiente:

Disposición adicional sexta. Derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica. Se concede con algo más de ingresos (0,5 IPREM de 14 pagas).

En la disposición final tercera se incluye otra vez una Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en materia de prestaciones familiares para corregir las dudas suscitadas por la modificación incluida en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital (BOE 1 junio 2020).

Además, la Seguridad Social ha extendido a los padres con discapacidad la prestación de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, según la modificación operada en la Ley General de la Seguridad Social por Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo.

Hasta ahora, esta prestación estaba limitada a las madres con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100, ampliándose tras este cambio legal también a los padres en esta misma situación de discapacidad.

Una vez modificado, el artículo 357 de la Ley General de Seguridad Social, regulador de esta prestación familiar de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, y de sus beneficiarios dispone que “en los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental o en los supuestos de madres o padres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la Seguridad Social en la cuantía y en las condiciones que se establecen en esta sección.”

Los padres con discapacidad en grado igual y superior al 65 por 100 quedan así equiparados a las madres, pudiendo desde este cambio legal acceder a esta prestación de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción de hijo, si cumplen el resto de requisitos establecidos con carácter general para la misma.

Resolución de 28 de septiembre de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se modifica la de 23 de octubre de 2015, por la que se fijan los precios públicos de los espectáculos programados en salas de su titularidad, así como el de determinados servicios prestados por centros dependientes del Organismo (BOE 3 octubre 2020).

Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % gozarán de un descuento del 50 % en los precios de las entradas de los espectáculos del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en todos sus teatros y auditorios, según el cuadro de precios públicos publicado el 3 de octubre de 2020 en el Boletín Oficial del Estado.

Este 50 % de reducción se aplicará en todos los canales de venta del INAEM.

Junto a las personas con discapacidad, disfrutarán del mismo descuento la personas mayores de 65 años, personas menores de 30 años, personas en situación legal de desempleo o miembros de familias numerosas.

Las unidades de producción artística en las que se practicarán estos descuentos son el Centro Dramático Nacional, Centro Nacional de Difusión Musical, la Orquesta y Coro Nacionales de España y el Teatro de la Zarzuela.

CC.AA.:

Cantabria:

Ley 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género (BOE 10 de diciembre de 2020).

El artículo 27 se refiere a las personas con discapacidad o en situación de dependencia disponiendo medidas especiales:

«Artículo 27. Personas mayores, con diversidad funcional o en situación de dependencia.

  1. La consejería competente en materia de servicios sociales velará por que las personas del colectivo LGTBI especialmente vulnerables por razón de edad, discapacidad o dependencia no sufran discriminación, y para ello adoptará medidas para fomentar el respeto a la orientación sexual, la identidad sexual o la identidad de género entre las personas usuarias de los servicios sociales.
  2. Todos los centros de servicios sociales y especialmente los que atiendan a personas mayores o con discapacidad garantizarán el trato respetuoso, en condiciones de igualdad y no discriminación a personas del colectivo LGTBI. Los centros, residencias y servicios de atención a estas personas, públicos o privados, adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad sexual o identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios, salvaguardando su privacidad.»

Cataluña:

Decreto-ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (BOE 9 diciembre 2020).

Este Decreto ley, según su Exposición de Motivos, pretende valorar el esfuerzo que han realizado tanto las entidades del ámbito social de atención a la infancia y jóvenes extutelados en servicios residenciales como las familias de acogida mediante la compensación de los gastos extraordinarios y sobrecostes que la pandemia de la COVID-19 ha producido en la atención y el cuidado a la infancia tutelada por la Generalidad de Cataluña.

Con respecto a otras tipologías de servicios sociales, considerando la coyuntura económica actual, se ha acordado con los sectores implicados más representativos incrementar el precio de referencia de las plazas públicas de algunos servicios para garantizar la sostenibilidad de los sectores de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas con problemática social derivada de enfermedad mental y de los servicios de atención precoz, y el mantenimiento de la calidad de los servicios prestados.

En la disposición adicional se contemplan anticipos en las ayudas a los centros especiales de empleo con el siguiente texto:

«Disposición adicional. Anticipos en las ayudas de fomento de la integración laboral en centros especiales de trabajo.

  1. Con respecto a las subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33% contratadas en los centros especiales de trabajo para el año 2021, y con el fin de hacer frente a los efectos derivados de las medidas adoptadas para contener la COVID-19, se puede ordenar el pago de un anticipo de hasta el 70% del importe solicitado por las entidades beneficiarias, por meses enteros vencidos.
  2. Una vez se notifique la resolución de otorgamiento, se debe tramitar el documento de obligación del anticipo del 70% de la cantidad otorgada, por la que no se exigen garantías, dado que se trata de medidas de reactivación económica de entidades y empresas afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19.
  3. La tramitación del documento de obligación del 30% restante se tramita una vez ha sido revisada la justificación presentada por la entidad.
  4. Con el fin de poder recibir el anticipo, es necesario que la solicitud de la subvención y la justificación que la acompaña se hayan presentado en tiempo y forma, junto con toda la documentación e información requeridas en las bases reguladoras y en la convocatoria. En caso de que la entidad beneficiaria haya solicitado un aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas, con el fin de poder disfrutar del anticipo y agilizar al máximo la tramitación del pago de este, es necesario que, junto con la solicitud de subvención, adjunte la resolución del órgano correspondiente de concesión del aplazamiento y el certificado de estar al corriente de las obligaciones.
  5. Durante de la ejecución de la convocatoria se hará la regularización entre las cantidades efectivamente justificadas y el importe pagado por medio del anticipo.»

Decreto-ley 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto-ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 (BOE 18 noviembre 2020).

Se trata de una actualización del Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y del Decreto.ley 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de determinados servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna que prevé el Plan de contingencia para residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la COVID-19.

Por ello, mediante este Decreto-ley se amplía la aplicación de las medidas en algunos servicios sociales que habían sido omitidos en el momento de aprobarse los decretos-ley que ahora se modifican, y se prevé que también queden cubiertas por las medidas otras modalidades de financiación pública de los servicios sociales, como son las plazas financiadas con prestación económica vinculada.

También se aclara el ámbito de aplicación temporal de la medida que prevé el artículo 1 del Decreto-ley 19/2020, relativa al abono del importe que prevé el instrumento de relación, concretando que esta medida tendrá vigencia mientras se apliquen las medidas excepcionales de salud pública de restricción de la actividad derivadas de la crisis sanitaria.

Leyes en curso:

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Continúa su tramitación en el Senado tras su aprobación en el Congreso el pasado 19 de noviembre de 2020.

Respecto a los principales problemas jurídicos que se plantean al alumnado con discapacidad en su acceso a la educación inclusiva, la situación del articulado es la siguiente:

Primero: niños y niñas a los que se impide acceder a la escuela ordinaria desde el principio, o a los que se deriva a educación especial contra la voluntad de sus padres. Un subtipo de problema dentro de este grupo es el de los niños que están escolarizados en modalidad educación especial o en modalidad educación combinada (la mitad de su tiempo en especial y la mitad en ordinaria) y a los que no se permite pasar a modalidad ordinaria con apoyos.

El proyecto de Ley NO resuelve este problema, y es una lástima porque de todos los problemas existentes, el del acceso o permanencia en la escuela ordinaria ES EL ÚNICO que la LOMLOE podría solucionar sin necesidad de colaboración por parte de las Comunidades Autónomas, simplemente reformando el artículo 74.1 de la LOE de 2006.

El apartado 1 no se modifica en el texto aprobado por el Congreso el 19 de noviembre, lo que significa que las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas mantienen el control y en el apartado 2 solamente se dice que las evaluaciones psicopedagógicas las harán profesionales especialistas y que las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo.

Segundo: niños y niñas a los que no se proporcionan los apoyos necesarios en la escuela ordinaria o a los que no se permite elegir la escuela ordinaria que prefieren trasladando allí apoyos si hiciera falta, se trata de un problema frecuente, que deriva de una falta de priorización de este alumnado en un contexto de escasez de recursos.

El proyecto de Ley NO resuelve este problema, en el artículo 72 se introducen algunas modificaciones en el apartado 5 que es el de la posibilidad de colaboración con otras administraciones o entidades sin ánimo de lucro, pero no se trata de cambios sustanciales. Habrá que esperar al plan de educación inclusiva anunciado para averiguar si el Estado va a aportar recursos a las Comunidades Autónomas que faciliten cambios en el sistema

Tercero: alumnos y alumnas adolescentes que por haber estudiado con adaptaciones curriculares significativas no reciben el título de Educación Secundaria Obligatoria, y desean obtenerlo por tener aprobadas todas las asignaturas según sus objetivos personales, se trata de un problema bastante general. Los equipos docentes de los colegios no conceden el título a estos alumnos, salvo contadas excepciones, cuando aplican el artículo 2 del Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, por entender que no han  alcanzado los objetivos de la etapa y que no han adquirido las competencias correspondientes.

El proyecto de Ley aparentemente si resuelve este problema: En el proyecto de Artículo 28 apartado 10 de la LOE reformada, sobre Evaluación en la ESO, se lee lo siguiente:

«10. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, serán los incluidos en las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o titulación.»

Cuarto: alumnos y alumnas adolescentes que piden plaza en formación profesional básica y se les deniega por edad excesiva,  no respetándose además el cupo de reserva en favor de los alumnos con discapacidad, es relevante, porque cuando no se obtiene el título en educación secundaria obligatoria, la opción disponible para los jóvenes es la formación profesional básica.

El artículo 24 apartado cinco de la Convención insiste en que los Estados Parte tienen que garantizar la formación postobligatoria en igualdad de condiciones.

En el proyecto de ley Celáa aparentemente hay una mejora, puesto que se quita del artículo 41.1. 
a) el límite máximo de 17 años de edad para el acceso y se prevé en el texto del artículo 75 apartado 1 un curso adicional para los alumnos con necesidades educativas especiales, manteniéndose la reserva de plazas en la formación profesional y el fomento (que no garantía) de ofertas formativas adaptadas.

Quinto: casos de bullying o acoso escolar en la escuela ordinaria perpetrado por compañeros sin discapacidad.

El proyecto de ley, contiene algunas disposiciones sobre enseñanza a los niños de una cultura de paz y no violencia así como a solucionar conflictos de manera pacífica, y por otro lado se contempla formación al profesorado sobre prevención y abordaje del acoso escolar (artículo 102.2 y 111 bis apartado 5). Son medidas generales no pensadas específicamente para el alumnado con discapacidad.

En cuanto al futuro de los colegios de educación especial, se mantiene la disposición adicional cuarta del proyecto de Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), impulsado por el Gobierno:

«Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.»

No se ha dado a conocer ningún texto de dicho plan para impulsar la educación inclusiva ni hay partidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para que ese impulso sea una realidad.