Novedades Jurídicas en Discapacidad Julio 2023

Leyes y otras normas publicadas en España:

Estado:

Resolución de 22 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para el Marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2023 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia  (BOE 6 junio 2023).

IV. Determinación de los compromisos financieros de la Administración General del

Estado y de las Comunidades Autónomas

1. La Administración General del Estado financiará el nivel mínimo de protección garantizado, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Las cuantías del nivel mínimo para el año 2023 se recogen en la disposición adicional centésima sexta de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023:

Grado de dependencia Nivel Mínimo de protección garantizado

    Euros/mes
Grado III.  Gran Dependencia. 290,00
Grado II. Dependencia Severa. 130,00
Grado I. Dependencia Moderada.   76,00

 

Estas cuantías son muy bajas como puede apreciarse a simple vista.

Resolución de 17 de mayo de 2023, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad, relativo a las circunstancias especiales que pueden dar lugar a la valoración del grado de discapacidad por medios no presenciales o telemáticos (BOE 30 mayo 2023)

La Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad aprobó, en su reunión ordinaria de 27 de febrero de 2023, el Acuerdo relativo a las circunstancias especiales que pueden dar lugar a la valoración del grado de discapacidad por medios no presenciales o telemáticos, que son las siguientes:

  1. Cuando la persona interesada se encuentra inmovilizada o se constate una situación sociosanitaria que desaconseje su traslado al centro de valoración.
  2. Cuando las circunstancias ambientales o epidemiológicas dificulten o desaconsejen la movilidad de la ciudadanía.
  3. En pacientes inmunodeprimidos o en tratamiento inmunosupresor, cuya situación desaconseje su traslado.
  4. Personas institucionalizadas en las que se desaconseje su traslado.
  5. Cuando la documentación que conste en el expediente o que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud, servicios sociales y educación, aporten información objetiva y suficiente para realizar la valoración y, en su caso la revisión, y se estime que la cita presencial no va a aportar una información relevante que pueda modificar la valoración de la discapacidad.

Resolución de 24 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se definen y establecen las condiciones específicas de acceso a la asistencia personal en el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE 30 mayo 2023).

Este Acuerdo se lleva a cabo en un marco general de reconceptualización del modelo de cuidados y de apuesta por la desinstitucionalización que hace, precisamente, de la asistencia personal uno de los servicios de mayor impacto en la autonomía personal y en los proyectos de vida independiente.

La Ley define la asistencia personal en su artículo 2.7:

Asistencia personal: servicio prestado por un asistente personal que realiza o colabora en tareas de la vida cotidiana de una persona en situación de dependencia, de cara a fomentar su vida independiente, promoviendo y potenciando su autonomía personal.

Además, conforme al artículo 19 de la precitada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, se posibilita como forma de provisión una prestación económica directa a la persona en situación de dependencia para la contratación de la asistencia personal.

El Acuerdo incluye definiciones de asistencia personal, vida independiente, proyecto de vida, plan de apoyos, y cuidados profesionales.

El Acuerdo regula las condiciones de acceso a la asistencia personal, los Requisitos generales y cualificación de las personas que presten servicios de asistencia personal y los Requisitos para la contratación y prestación del servicio dentro del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

CCAA:

Baleares:

Ley 9/2023, de 3 de abril, de modificación de la ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas de las Illes Balears.

Disposición final sexta. Modificación del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia, y se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears para su adaptación al Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad.

Se reproducen a continuación los apectos más interesantes de esta modificación:

1. El apartado 2 del artículo 3, relativo a la organización de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia, queda redactado de la manera siguiente:

«2. El personal técnico de valoración y orientación de la discapacidad se integra en equipos formados por un mínimo de tres personas con diferentes perfiles multiprofesionales del área sanitaria y social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente.»

2. Se suprime el apartado 3 del artículo 3 relativo a la organización de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia.

3. El apartado 7 del artículo 3, relativo a la organización de los equipos técnicos de valoración y orientación de la discapacidad y de la dependencia, queda redactado de la manera siguiente:

«7. Cuando en un territorio no se puedan cubrir las plazas del equipo básico de valoración de la discapacidad, la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, mientras dure esta circunstancia, puede reconocer, con el acuerdo previo de las administraciones implicadas, de manera explícita y temporal, a los profesionales de las redes públicas de salud y de servicios sociales para emitir informes, que serán objeto de consideración para emitir dictamen. Los perfiles y los requisitos de este personal valorador, así como el procedimiento para la autorización de profesionales y para la validación de las valoraciones, se determinarán mediante un acuerdo entre las entidades interesadas de conformidad con este decreto.»

8. El apartado 1 del artículo 18, relativo al plazo para resolver el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia, queda redactado de la manera siguiente:

«1. El procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y el procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia se resolverán en un plazo máximo de seis meses y tres meses, respectivamente, desde la fecha de entrada de la solicitud en el Registro de la Dirección General de Atención a la Dependencia.»

15. Se modifica la redacción del apartado 1 y se añade un nuevo apartado independiente relativo a los recursos contra la resolución de reconocimiento del grado de dependencia, de forma que el artículo 29, relativo al régimen de recursos, queda redactado de la manera siguiente:

«Artículo 29. Régimen de recursos.

1. Contra la Resolución de reconocimiento de grado de discapacidad, la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, podrá interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en el plazo máximo de 30 días desde el día siguiente a la notificación, si el acto fuese exprés, o desde la fecha en que se tendría que haber dictado, en el caso de silencio administrativo, ante la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, que tiene que resolver en el plazo de 45 días.

2. El Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia tiene que emitir un informe con relación a las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional social, siempre que los recursos se fundamenten en aspectos que afecten al dictamen técnico facultativo del órgano.

3. Contra la Resolución de reconocimiento de grado de dependencia, la persona interesada podrá interponer potestativamente recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la notificación, si el acto es exprés, o en cualquier momento a partir del día siguiente a la fecha en que se tendría que haber dictado, en el caso de silencio administrativo, ante la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, que tiene que resolver en el plazo de un mes. También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-administrativa.

4. Si la persona interesada presenta un recurso en vía administrativa, se puede suspender la eficacia inmediata de la resolución impugnada, de oficio o a solicitud de la persona interesada, cuando concurra alguna de las circunstancias que prevé el artículo 117.2 de la Ley 39/2015. En concreto, se puede considerar un perjuicio de reparación imposible o difícil, entre otros, que la resolución suponga la pérdida o la disminución del grado de discapacidad o de dependencia en alguno de los supuestos siguientes:

  1. Cuando se trate de personas atendidas en un servicio social especializado, en un programa de inserción laboral o de formación específica para personas con discapacidad, y la resolución implique la baja en el recurso o programa.
  2. Cuando se trate de personas que ocupan un puesto de trabajo relacionado con un contrato de trabajo para personas con discapacidad o de ocupación protegida y la resolución pueda implicar la pérdida de los requisitos para ocupar este puesto.
  3. Cuando se trate de personas con discapacidad o dependencia la única fuente de ingresos de las cuales derive de la resolución impugnada.»

16. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 31, relativo a la revisión del grado de discapacidad, con el contenido siguiente:

«6. Cuando la administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución.»

Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears (BOE 10 junio 2023).

Esta ley sustituye y deroga el Decreto-ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, y el Decreto-ley 7/2022, de 11 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears.

En relación con las personas con discapacidad se recogen las siguientes disposiciones:

«Artículo 18. Definición de las personas destinatarias.

1. Pueden ser titulares de la renta social garantizada las personas en situación de vulnerabilidad económica que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20 siguiente y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

c) Personas de entre dieciocho y veintidós años que tengan menores o personas con discapacidad a su cargo, las mujeres víctimas de violencia machista o víctimas de trata.»

«Artículo 24. Capacidad económica.

1. Para calcular la capacidad económica de la persona solicitante sola o titular de una unidad de convivencia se computarán, como ingresos, los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad de convivencia por los siguientes conceptos:

a) Las pensiones de jubilación, discapacidad, viudedad y orfandad, así como las prestaciones y los subsidios por desempleo.»

«Artículo 58. Cuantía de la prestación.

1. La cuantía máxima de la prestación es equivalente a una renta social garantizada para una persona adulta sola y la mínima es el 25 % de la máxima.

2. Puede percibirse la cuantía íntegra de la prestación mientras la suma de la cantidad que supone, más los ingresos procedentes de la actividad laboral remunerada o de las prestaciones económicas complementarias, no iguale o supere el valor de 1,5 veces la renta social garantizada. En este supuesto, la cuantía de la prestación debe reducirse en la proporción necesaria para no superar este límite.

3. Excepcionalmente, en los supuestos en los que la situación familiar o de convivencia de la persona que ha sido sometida a medida de protección de tutela o guarda suponga una carga económica, la prestación se incrementará en la cantidad resultante en un 20 % para la segunda persona integrante del núcleo familiar y en un 10 % para las restantes hasta un máximo de cuatro personas. En el cómputo de miembros, las personas afectadas por una discapacidad del 33 % o superior computarán un 10 % más, de acuerdo con los límites cuantitativos previstos en los apartados anteriores.»

Ley 5/2023, de 8 de marzo, de sociedades cooperativas de las Illes Balears (BOE 10 junio 2023).

«Artículo 149. Objeto y normas aplicables.

1. Serán calificadas cooperativas de iniciativa social aquellas que sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto social la prestación de servicios relacionados con:

1.1 Servicios sociales:

d) Personas con discapacidad.»

«Artículo 150. Objeto y normas aplicables.

  1. Se llaman cooperativas de inserción social las que, sin ánimo de lucro y con independencia de su clase, tienen por objeto atender a sus personas miembros, pertenecientes a colectivos de personas con discapacidades físicas o psíquicas, menores y ancianos con carencias familiares y económicas, y cualquier otro grupo o minoría socialmente excluidos, facilitándoles su integración plena en la sociedad.
  2. Pueden ser personas socias de estas cooperativas las personas indicadas en el apartado 1 anterior, así como sus tutores, personal técnico, profesional y de atención, y entidades públicas y privadas.
  3. Las personas socias con discapacidad pueden estar representadas en los órganos sociales por quienes tengan atribuida su representación legal.
  4. Los estatutos deben regular necesariamente el funcionamiento de estas cooperativas, incorporando de una forma especial las potencialidades de los valores cooperativos para la consecución de su finalidad social.
  5. Para ser calificada e inscrita como cooperativa de inserción social debe hacer constar expresamente en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro.
  6. A todos los efectos, la Administración pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears considera estas cooperativas como entidades sin fines lucrativos. También tiene que considerar estas cooperativas entidades del tercer sector siempre que cumplan con lo que dispone el artículo 4 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social.
  7. Serán de aplicación, para estas cooperativas, las normas de la presente ley relativas a la clase de cooperativas a las que pertenecen.»

La disposición derogatoria deroga la Ley 1/2003, de 20 de marzo, de cooperativas de las Illes Balears, y la Ley 4/2019, de 31 de enero, de microcooperativas de las Illes Balears.

Ley 2/2023, de 7 de febrero, de la actividad física y el deporte de las Illes Balears (BOE 9 junio 2023).

Esta ley sustituye y deroga a la Ley 14/2006, de 17 de octubre, del deporte de las Illes Balears.

Entre los objetivos que se han propuesto asumir en la redacción de la nueva ley de la actividad física y el deporte figuran los siguientes:

– Garantizar la no discriminación por razón de discapacidad en la práctica de la actividad física y el deporte.

– Favorecer la práctica de la actividad física y el deporte a determinados colectivos de atención específica como herramienta fundamental de inclusión social: personas con discapacidad, entre otras.

En el artículo 2, sobre definiciones se establece que a efectos de esta ley se entenderá por:

«s) Deporte adaptado: Toda práctica deportiva federada, no federada o recreativa que se ha creado o en la que se han adaptado las normas para que la puedan practicar personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas.»

En el Artículo 5, sobre Finalidades, e incluye la e) Fomentar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva de todas las personas y, en particular, de las personas con discapacidad, entre otras, con el objetivo de contribuir a su integración social.

El artículo 21, se refiere a la actividad física y deporte adaptado:

«1. Las administraciones deportivas de las Illes Balears, en los ámbitos competenciales respectivos, promoverán y fomentarán la práctica de la actividad física y el deporte de las personas con discapacidades psíquicas, sensoriales o mixtas, con el fin de servir de estímulo y de herramienta de inclusión social, como también para eliminar todo tipo de barreras y obstáculos que impidan su acceso y el desarrollo de la mencionada actividad.

2. Las administraciones deportivas de las Illes Balears impulsarán la puesta en marcha de planes y programas específicos adaptados para personas con discapacidad.

3. Las administraciones deportivas competentes favorecerán la implantación de movimientos asociativos para la promoción y la práctica de la actividad física y deportiva de las personas con discapacidad.

4. Las administraciones deportivas de las Illes Balears impulsarán las medidas adecuadas para favorecer la capacitación específica de personal técnico para la preparación de actividades físicas y deportivas de las personas con discapacidad, participen o no en actividades deportivas de competición.

5. La participación en el deporte de las personas con alguna discapacidad tiene que producirse en el ámbito de la federación en que se integre la modalidad o especialidad correspondiente. No obstante lo anterior, y mientras no se produce esta integración, se exceptúan de lo señalado aquellas federaciones deportivas que desarrollen su actividad principalmente con personas con alguna discapacidad.

6. Las administraciones deportivas de las Illes Balears impulsarán ayudas a las personas deportistas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas, adaptándolas a su condición y a la de aquellas terceras personas imprescindibles para su desarrollo en las actividades físicas y deportivas.»

 «Artículo 24. Actividad física y deportiva en el medio natural.

3. Las administraciones deportivas fomentarán e impulsarán la práctica de la actividad física y deportiva de las personas con discapacidad en el medio natural mediante programas específicos.

4. A efectos de esta ley, el medio natural tendrá la consideración de instalación deportiva no convencional cuando se utilice como medio para la práctica de la actividad física y el deporte.

5. En la normativa que regule la ordenación en materia de medio ambiente se tendrá en cuenta el uso de este para la práctica de la actividad física y deportiva.»

«Artículo 36. Programas de actividad física y deporte en edad escolar.

3. En los programas de deporte en edad escolar se promocionará la función inclusiva y de cohesión social de la actividad física y del deporte, se promoverá y facilitará la participación conjunta en las actividades de los escolares con algún tipo de discapacidad, y se fomentarán los hábitos de vida saludable y los valores de la práctica del deporte.

Los programas tendrán que perseguir, entre otros, estos objetivos:

a) Incentivar la actividad física y deportiva en los escolares, con finalidades deportivas, formativas, educativas, lúdicas, de mejora de la salud y de adquisición de hábitos saludables.

b) Añadir valores a la actividad física y el deporte y transmitir, a todos los agentes que intervienen, los valores de cooperación, juego limpio y rechazo al dopaje, a la violencia, al racismo, a la xenofobia y a la intolerancia en la actividad física y el deporte.

c) Integrar a todos los compañeros sin ninguna discriminación.»

Artículo 45. Deportistas de alto rendimiento de las Illes Balears.

1. El Gobierno de las Illes Balears establecerá los criterios, las condiciones y los requisitos para poder calificar a las personas deportistas de alto rendimiento autonómico.

2. La condición de alto rendimiento balear será compatible con la de alto nivel y de alto rendimiento del Estado español e incompatible con el reconocimiento de una condición similar en otro estado, comunidad o ciudad autónoma.

3. Para facilitarles la práctica del deporte y su integración social, formativa y laboral durante la carrera deportiva y al final de esta, la administración podrá adoptar entre otros las medidas siguientes:

«f) Conceder subvenciones, becas y ayudas económicas, adaptándolas a su condición y necesidades en caso de que sean deportistas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales o mixtas.»

«Artículo 46. Centros y programas de alto rendimiento y de tecnificación deportiva.

4. El Gobierno de las Illes Balears impulsará la accesibilidad de los centros de alto rendimiento y de tecnificación deportiva y la adaptación, según criterios técnicos, de los programas deportivos de alto rendimiento y de tecnificación para las personas deportistas con discapacidades.»

«Artículo 136. Accesibilidad a las instalaciones y a los equipamientos deportivos.

Las administraciones deportivas vigilarán que las instalaciones y los equipamientos deportivos sean accesibles y estén adaptados, y velarán por la eliminación de barreras, obstáculos y otros impedimentos que dificulten y limiten la libre circulación de personas con discapacidad. Asimismo, los espacios deportivos tienen que estar equipados, preparados y condicionados para que estas personas puedan utilizarlos de manera adecuada, siempre que lo permita la naturaleza de los deportes y a qué se destinen estos espacios.»

«Artículo 145. De los derechos y las obligaciones de las personas espectadoras y usuarias.

1. Las personas espectadoras y usuarias de las instalaciones deportivas tienen los derechos siguientes:

h) En caso de discapacidad, acceder a las instalaciones en iguales condiciones que cualquier otra persona espectadora o usuaria.»

3. El ejercicio del derecho de admisión no puede suponer, en ningún caso, discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, discapacidad, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social de las personas espectadoras de las actividades deportivas, tanto en lo que se refiere a las condiciones de acceso como a la permanencia en las instalaciones deportivas y al uso y beneficio de los servicios que se prestan.»

Madrid:

Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid (BOE 16 junio 2023).

Esta ley deroga y sustituye a la Ley 6/1995, de 28 de marzo, reguladora de las Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y a la Ley 18/1999, de 29 de abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

Se cita expresamente no solo la Convención de los Derechos del Niño sino también la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.

El título I, tiene como título «Derechos y deberes de los niños, protección integral frente a la violencia y promoción del buen trato», y consta de cuatro capítulos.

El primero de ellos regula los diversos derechos de los niños en la Comunidad de Madrid, precedidos por un artículo sobre su reconocimiento y otro artículo de cierre sobre la defensa de los mismos. Debe advertirse que, de acuerdo con una regulación deliberadamente inclusiva, y desde una perspectiva de los derechos de la infancia, se regulan en ellos importantes derechos referidos a todos los niños, sin singularizar en artículos específicos a los colectivos que, según las Observaciones del Comité de Derechos del Niño a España de 2018, sufren mayor discriminación por motivos de discapacidad, origen nacional y condición socioeconómica. Se ha optado en la ley por incluir previsiones sobre estos grupos, y otros especialmente vulnerables, en la regulación sustantiva de los derechos, de forma transversal.

La discapacidad de los niños y niñas es tenida muy en cuenta en numerosas disposiciones:

En el artículo 3, sobre principios rectores de la actuación administrativa, se incluye en la letra g) la igualdad de trato, no discriminación y equidad, garantizando las mismas oportunidades para todos los niños con independencia de, entre otros, su discapacidad. En el artículo 4, sobre reconocimiento de los derechos de los niños, se establece que la Comunidad de Madrid garantizará la promoción y defensa de los derechos de los niños, reconocidos en la Constitución española, el derecho europeo, los tratados internacionales de los que España sea parte, en especial la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en la legislación estatal, con arreglo a lo previsto en la presente Ley y sus normas de desarrollo. Este artículo es importante pues buena parte de la falta de aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en diversos ámbitos, tales como la educación se debe a que las CCAA no se sienten concernidas por los tratados internacionales y las Observaciones que formulan los órganos de vigilancia de aplicación de los tratados.

En el artículo 6 sobre el derecho a la inclusión social, a una vivienda y a condiciones de vida dignas, se señala que se prestará especial atención a los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad que tengan reconocida su situación por un estatuto especial, tales como los niños con discapacidad.

En el artículo 8, sobre derecho al desarrollo y al crecimiento en el seno de una familia, se señala que todos los niños tienen derecho a vivir con su familia y a relacionarse con ella, y para ello la Comunidad de Madrid prestará especial atención a las actuaciones preventivas y proporcionará a las familias el apoyo necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones parentales, con especial atención a aquellas con situaciones de discapacidad, entre otras.

En el artículo 11, sobre el derecho a ser informado, oído y escuchado, en el apartado 2 se señala que la Comunidad de Madrid garantizará, en el ámbito de sus competencias, el derecho del niño a ser oído y escuchado en todas aquellas cuestiones que le afecten en el ámbito personal, familiar, social e institucional, sin discriminación alguna, por discapacidad o cualquier otra circunstancia, considerando sus opiniones en función de su edad y madurez y en los términos previstos en la legislación vigente.

Según el apartado 3, se garantizará que el niño, pueda ejercer este derecho, en los casos en los que lo desee, por sí mismo o asistido de sus padres, tutores, guardadores o persona designada para que lo represente de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

Y en el apartado 5 del citado artículo 11 se obliga a la Comunidad de Madrid a aportar los apoyos necesarios y adecuados a todos los niños, y de manera especial a aquellos con discapacidad a efectos de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos consagrados en los números anteriores.

En el artículo 13, sobre el derecho a la información, en el apartado e) se afirma que se prestará especial atención a aquellos niños que, por razón de, entre otros, discapacidad, requieran medidas inclusivas.

En el artículo 14 sobre el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, el apartado 8 señala lo siguiente:

«8. Con el fin de garantizar la atención sanitaria integral de los niños con discapacidad, con dificultades sociosanitarias a consecuencia de una enfermedad rara o sin diagnóstico, con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos, la Comunidad de Madrid elaborará programas sociales y de salud que comprendan el diagnóstico, el tratamiento, la atención y estimulación tempranas y la rehabilitación, con la finalidad de favorecer su óptimo desarrollo y su máxima autonomía personal, en relación con las patologías más relevantes, prevalentes o que supongan una especial dedicación social y familiar.»

También son de interés los apartados 9 y 10:

«9. Los niños tienen derecho a la reducción del dolor y el sufrimiento. Para ello, la Comunidad de Madrid adoptará las medidas oportunas para garantizar que, quienes lo requieran, reciban atención integral paliativa pediátrica. Para ello se deberá:

  1. Impulsar la coordinación con los profesionales sanitarios responsables del niño en cada hospital y en cada zona.
  2. Favorecer la formación de profesionales en cuidados paliativos pediátricos.
  3. Impulsar la investigación en cuidados paliativos pediátricos.
  4. Difundir una cultura de la atención integral, centrada en la familia, de los niños con padecimientos crónicos, en situación terminal o con pronóstico letal.
  5. Adecuar y coordinar la dotación de recursos específicos para estos pacientes.

10. La Comunidad de Madrid garantizará a los niños y sus familias un diagnóstico, valoración y acompañamiento integral, multidisciplinar y profesional en los tratamientos e intervenciones quirúrgicas cuyas consecuencias para los niños sean permanentes e irreversibles.»

El artículo 15 se refiere a la protección de la salud mental en los siguientes términos:

«1. La Comunidad de Madrid asegurará la atención y tratamiento adecuados a los niños con problemas de salud mental, promoviendo la creación y equipamiento de centros, unidades y servicios claramente diferenciados de los dirigidos a personas adultas. Se promoverá, asimismo, que los niños sean atendidos por profesionales sanitarios especializados en salud mental infantil, así como la derivación urgente a recursos residenciales especializados de salud mental en los casos en que así se considere.

4. La Comunidad de Madrid promoverá programas de formación dirigidos a los profesionales de instituciones públicas y privadas de atención a infancia y adolescencia, en materia de prevención, asistencia e integración social relacionados con problemas de salud mental, adicciones y trastornos de conducta alimentaria, con atención específica a los niños con discapacidad, así como la derivación urgente a recursos residenciales especializados de salud mental en los casos que así se considere.»

En el artículo 16 sobre el derecho a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, son de especial interés los apartado 4 y 5:

«4.    Las administraciones competentes en materia de educación y salud de la Comunidad de Madrid, desarrollarán, de forma coordinada, programas dirigidos a los niños sobre educación sexual respetuosos con la dignidad del ser humano y de asesoría para los adolescentes, contemplando un enfoque positivo, responsable y libre de violencias. Las acciones educativas estarán adaptadas al grado de madurez y las necesidades de los niños, especialmente en el caso de niños con discapacidad. Cuando las acciones educativas se realicen en el ámbito escolar, se informará a los padres o tutores de acuerdo con la legislación educativa vigente.

5. La Comunidad de Madrid desarrollará programas de prevención de discapacidades cuyo objetivo sea la detección de situaciones de riesgo y la promoción de hábitos saludables y seguros adecuados a cada tipo de discapacidad.»

En cuanto a conocimiento del propio estado de salud, el artículo 17, sobre protección y derecho de acceso a los datos sanitarios, en su apartado 1 establece que los niños tienen derecho a recibir información sobre su estado de salud, diagnóstico y tratamiento, y a acceder a su historia clínica, de modo que puedan ser partícipes de cuanto se refiere a su estado de salud. Para ello, se utilizará un lenguaje comprensible y accesible atendiendo a su edad, madurez y situación emocional. En todo caso, la información y la obtención del consentimiento deberán realizarse en los términos recogidos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

En el artículo 19 sobre atención educativa, en el apartado 2 párrafo segundo se establece que «Con carácter general el alumnado con necesidades educativas especiales se escolarizará en centros ordinarios, en los términos previstos en la legislación vigente.

Solo cuando las necesidades educativas de los alumnos no puedan atenderse convenientemente en los citados centros y teniendo en cuenta el interés superior del menor, previa emisión del dictamen correspondiente y el acuerdo favorable de la familia, la escolarización se determinará en centros de educación especial o en unidades de educación especial en centros ordinarios, o se acordará la modalidad de escolarización de educación combinada, al objeto de garantizar la inclusión adecuada del alumnado, en los términos previstos en la legislación vigente en materia de educación.

En el apartado 3 del mismo artículo se recoge que «Se asegurará, en colaboración con los servicios de atención social y las administraciones locales, que los niños puedan participar de actividades escolares dentro y fuera del aula en condiciones de igualdad de oportunidades.»

Vuelve a reiterarse lo ya dicho en normas educativas, en el apartado 5, sobre que «Se promoverá la formación del profesorado que atienda al alumnado con necesidades educativas especiales».

El artículo 20 se refiere al derecho de asociación y reunión.

En el apartado 1 se señala que «La Comunidad de Madrid promoverá la constitución de asociaciones y organizaciones sociales de infancia y adolescencia y adoptará las medidas oportunas para posibilitar el ejercicio de los derechos de reunión y asociación por parte de los niños con las garantías y respetando las limitaciones previstas en la legislación vigente, y con especial atención a las necesidades de los niños con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social, colaborando para ello con el movimiento asociativo y entidades del tercer sector de acción social que intervengan en estos contextos.»

En el apartado 2 se señala que en las iniciativas de participación ciudadana que lleven a cabo la Comunidad de Madrid y las entidades locales deben incluir, cuando afecten a los derechos de la infancia y la adolescencia, las adaptaciones necesarias, en la información ofertada y en los canales de comunicación, adoptando formatos accesibles para que niños puedan participar.

En el artículo 21, sobre el derecho a la participación en el apartado 1 se establece que «Los niños tienen derecho a participar plenamente, de forma adecuada a su desarrollo evolutivo y adaptada a la diversidad funcional o discapacidad, en la vida social, política, económica, cultural, artística, deportiva y recreativa de su entorno en la Comunidad de Madrid, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa, en los términos que establece la legislación estatal básica.»

En el artículo 22, sobre el derecho a la cultura, en el apartado 1 se recoge lo siguiente:

«1. La Comunidad de Madrid garantizará el derecho a la cultura de todos los niños, con atención especial a aquellos que, por razón de, [entre otros],  discapacidad, requieran medidas inclusivas.»

En el apartado 2, letras c) y e) se preocupa de garantizar la accesibilidad en los museos y en los servicios de información y documentación.

En el artículo 23, sobre el derecho a jugar, al ocio, al esparcimiento y al deporte, en el apartado 1 se establece que la Comunidad de Madrid adoptará las medidas precisas para garantizar que el ejercicio del derecho de los niños a jugar, al descanso, al ocio y al esparcimiento y a participar en actividades deportivas y recreativas propias de su edad, se disfrute en condiciones de igualdad y respeto, evitando cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física o psicológica, independientemente de su discapacidad, entre otros. Se tendrán en cuenta las actividades deportivas y el ocio educativo como mecanismos para la prevención de las violencias.

En el apartado 7 del mismo artículo 23 se establece que los espacios de ocio, juego y deporte deberán contar con todas las medidas para que sean espacios inclusivos y accesibles para los niños con discapacidad.

En el artículo 24, sobre el derecho a un medio ambiente saludable y a un entorno urbano adecuado, en el apartado 2 se recoge que la Comunidad de Madrid y las entidades locales procurarán desarrollar sus planeamientos urbanísticos como espacios seguros, adecuados y adaptados a los niños.

Se incluirán en los mismos equipamientos que permitan el ejercicio de actividades lúdicas, incluyendo instalaciones adaptadas a las necesidades según su edad y capacidades, y velarán por su adecuado mantenimiento, conforme a la legislación sectorial.

En el apartado 3, último párrafo del mismo artículo 23 se señala que se atenderá de forma prioritaria a las necesidades de accesibilidad de los niños con discapacidad.

En relación con el empleo, el artículo 26, que se refiere a los derechos en esta materia, en el apartado 1 establece que la Comunidad de Madrid promoverá acciones formativas favorecedoras de la inserción socio laboral de los adolescentes a partir de 16 años, mediante programas de formación y capacitación dirigidos específicamente a ellos. Y en el apartado 2 señala que los programas destinados a mejorar la empleabilidad y favorecer la inserción en el mundo laboral al amparo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid deberán garantizar el acceso al mismo de todos los jóvenes en igualdad de condiciones, dando prioridad a los que la legislación nacional prevea y en particular: d) A los jóvenes y adolescentes con discapacidad.

Dentro del capítulo II del Título I que se refiere a la protección frente a la violencia, nos encontramos con varias disposiciones interesantes:

En el artículo 30 sobre sensibilización sobre los derechos de la infancia en materia de protección frente a la violencia, en el apartado 4 se establece que se hagan accesibles de manera que se garantice el acceso a las mismas y el conocimiento de sus contenidos a todas las personas y, especialmente, a aquellas que, por razones de entre otros, discapacidad necesiten de adaptaciones o apoyos específicos.

En el artículo 36 sobre medidas específicas en el ámbito sanitario, para la protección frente a la violencia, el apartado 1 señala que la Comunidad de Madrid promoverá la elaboración y actualización de protocolos específicos de actuación en el ámbito sanitario que faciliten la promoción del buen trato, la identificación de factores de riesgo y la prevención y detección precoz de la violencia sobre los niños, así como las medidas a adoptar para la adecuada asistencia y recuperación de las víctimas. Dichos protocolos deberán tener en cuenta las especificidades de las actuaciones a desarrollar cuando la víctima de violencia sea una persona con discapacidad. Se promoverá, así mismo, la coordinación con todos los agentes implicados en la protección del menor.

En cuanto a deberes de los niños, el artículo 45, en su apartado 1 establece que la Comunidad de Madrid promoverá en condiciones de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal, el conocimiento y cumplimiento por parte de los niños, de los deberes y responsabilidades de acuerdo a su edad y madurez, que establece la legislación nacional e internacional. Asimismo, de manera especial:

c) El respeto a los profesores y trabajadores de los centros educativos y a sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar, en cualquiera de sus formas, incluido el ciberacoso.

e) El respeto a la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionan con independencia de su discapacidad.

En el Título III, que se refiere al sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, en el artículo 71, que se refiere a actuaciones de prevención, establece que la Comunidad de Madrid y las entidades locales, directamente o en colaboración con las entidades del tercer sector de acción social, priorizarán la prevención en sus políticas y planes de actuación en relación con la infancia y adolescencia, especialmente en los ámbitos familiar, sanitario, educativo y de deporte, ocio y tiempo libre, entre otros, a través de las siguientes medidas:

a) En el ámbito familiar:

3.ª El apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o con otro tipo de necesidades especiales mediante programas de apoyo y respiro.

b) En el ámbito educativo:

2.ª La apuesta por una educación inclusiva mediante el desarrollo de programas de integración social y escolar de los niños con necesidades educativas especiales.

4.ª El desarrollo de recursos educativos especializados en la atención a niños con necesidades educativas especiales, necesidades sociosanitarias y discapacidad.

6.ª El apoyo a los padres en la educación y crianza de sus hijos mediante las escuelas de padres y madres u otros recursos de formación y acompañamiento desde el ámbito escolar.

c) En el ámbito sanitario y socio sanitario:

 2.ª Las actuaciones para la prevención de situaciones de discapacidad en la infancia y la adolescencia, a través del desarrollo de programas que garanticen su carácter universal, integral y reparador.

En el artículo 74, que se refiere a la Valoración de la situación de riesgo y proyecto de apoyo familiar es de interés el apartado 4:

«4. Siempre que la madurez del niño lo permita, independientemente de su edad, discapacidad o de cualquier otra condición personal o social, los niños serán informados de las decisiones que se adopten, se deberá contar con su participación en la elaboración del proyecto de intervención social y educativo familiar, así como durante su aplicación y en las revisiones que, en su caso, pudieran realizarse. De dicha participación deberá quedar constancia en el correspondiente expediente.

Asimismo, en la elaboración consensuada del proyecto de intervención social y educativo familiar serán oídos y participarán los padres, tutores o guardadores, a los que se informará de su contenido, objetivos y plazos de manera comprensible y en formato accesible.»

El artículo 78, que se refiere a Medidas incluidas en el proyecto de intervención social y educativo familiar y en la resolución administrativa de riesgo, se dispone en el apartado 1 que en el proyecto de intervención social y educativo familiar y en la resolución de declaración de riesgo podrán incluirse una o varias de las siguientes medidas:

h) La asistencia personal para los padres tutores y guardadores con discapacidad que les permita asumir sus obligaciones de atención y cuidado de los niños.

i) La asistencia personal para niños con discapacidad que les permita superar la situación de riesgo.

En el capítulo VI sección tercera que se refiere al acogimiento residencial, en el artículo 104, que se refiere a Principios de actuación de los centros, se recoge en el apartado 1 los siguientes:

a) Desinstitucionalización, con el objetivo de reducir los tiempos de estancia en recursos residenciales y promover el cuidado en núcleos de convivencia reducidos, en los que los niños vivan en condiciones similares a las familiares.

h) Integración inclusiva de los niños con discapacidad, siempre que sea posible, en las unidades de convivencia que existan. En tales casos, la administración seleccionará de entre los existentes el recurso más adecuado para cubrir sus necesidades. La aplicación de la integración inclusiva debe valorar que esa medida es beneficiosa para el desarrollo personal físico, psíquico del menor velando siempre por su interés superior.

En el artículo 106 que se refiere a la Tipología de los centros de acogimiento residencial, se distingue entre centros de primera acogida (en los que la estancia no puede superar los tres meses) y centros de acogida general.

Dentro de los primeros en el apartado 5.f) se incluyen las residencias para menores con discapacidad, destinadas a niños y adolescentes de cero a dieciocho años acogen a niños con discapacidad física, intelectual, sensorial que por necesitar una atención muy individualizada y especializada requieren de un marco de atención profesional muy específico.

En relación con la adopción, el artículo 114, sobre recepción y tramitación de ofrecimientos para la adopción de niños tutelados por la Comunidad de Madrid, en el apartado 1 se establece que la entidad pública de protección clasificará los ofrecimientos para la adopción teniendo en cuenta la circunstancia de niños con especiales necesidades por razón de enfermedad, discapacidad o condiciones de vida.

Ley 1/2023, de 15 de febrero, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (BOE 9 junio 2023)

Esta ley sustituye y deroga a la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos fue creada mediante la Ley 4/1995, de 21 de marzo, como Ente de Derecho Público con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, con vocación de complementariedad y garantía. Se establecieron como fines de la Agencia el ejercicio de la tutela y curatela de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente y residentes en la Comunidad de Madrid, cuando así lo determinara la autoridad judicial competente, la defensa judicial de quienes estuvieran inmersos en un proceso de incapacitación, y, en general, el ejercicio de cuantas otras funciones determinase la autoridad judicial en defensa de las personas con discapacidad en situación de desamparo. Junto a estas funciones se encomendó también a la Agencia la realización de acciones encaminadas a la integración y normalización de las personas, la gestión de las rentas y patrimonios de las personas cuya tutela o curatela se les hubiera confiado y el fomento del respeto a las personas mayores de edad incapacitadas legalmente o en proceso de ser así declaradas.

Posteriormente, mediante la Ley 8/2019, de 10 de abril, se reformó la Ley de creación de la Agencia con el fin de actualizar y adaptar su funcionamiento a la nueva perspectiva en la consideración de la discapacidad que introdujo la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Nueva York de 2006, tomando como eje central el artículo 3 de la Convención que establece como prioritario «el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas». En tal sentido, mediante esta ley se añadieron como principios rectores de la Agencia los principios de transparencia, de coordinación, de neutralidad patrimonial y de información y participación. Y, a fin de favorecer el trato personalizado, determinó la obligación de realizar un plan individualizado de atención para cada persona tutelada, así como el establecimiento de mecanismos que garantizaran la prestación de atención permanente de la Agencia ante situaciones de emergencia.

Al tiempo de aprobarse esta ley, son más de 3.500 las personas que están amparadas por la tutela o curatela que desempeña la Agencia.

La Ley 8/2021, de 2 de junio, establece en varios de sus artículos nuevas obligaciones para la Agencia, en los que se refiere de forma expresa y directa a la entidad pública que en cada territorio tenga encomendada la función de prestar apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica a las personas que lo necesiten. Queda incluida, en particular, la prestación de las medidas de apoyo para cuya provisión sea designada la Agencia de forma voluntaria por la propia persona, en previsión o apreciación por esta de la concurrencia de circunstancias que puedan dificultarle el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Igualmente, las desempeñará en cumplimiento de las resoluciones judiciales que así lo establezcan, y, de forma provisional, dentro de su ámbito territorial, cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo de forma urgente para el ejercicio de su capacidad jurídica y carezca de guardador de hecho. Ello, no obstante, sin perjuicio del carácter de complementariedad de la intervención de la Agencia en relación con el papel que corresponde a las familias, de modo que, si estas no aparecen, o no lo desempeñan respetando la voluntad, deseos y preferencias de dichas personas, es cuando se pone de manifiesto el papel de la Agencia como garante última de que no quedarán desasistidas.

Siguiendo las directrices de la Ley 8/2021, de 2 de junio, esta propuesta legislativa de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad, recoge explícitamente, como eje fundamental de la actuación del nuevo ente, la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, el respeto a su voluntad y preferencias, y la defensa de sus derechos y de la dignidad que les es inherente. Se ratifica el carácter social de la Agencia, y se incorporan a los fines que ya estaban recogidos en la ley anterior, el fomento de las aptitudes de la persona de modo que en el futuro pueda ejercer su capacidad con menos apoyo, y contribuyendo a que pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones. También se quiere que estas participen activamente en la adopción de los acuerdos de la Agencia mediante la incorporación al Consejo de Administración de sus representantes, así como a través de la creación de una comisión para la participación de personas apoyadas por la Agencia para identificar sus inquietudes y necesidades.

En esta misma línea, se incluye en el organigrama de la Agencia el Comité de Ética, antes mencionado, del que pueden formar parte profesionales externos especialistas en los distintos ámbitos en los que se desarrollan las actividades del ente, y asimismo la posibilidad de crear comisiones de expertos que aconsejen e informen sobre la evolución de las medidas de apoyo que resulten idóneas en cada caso. Igualmente, se establecen sistemas para la atención de situaciones de emergencia, y para la coordinación con los departamentos de la Comunidad de Madrid que ostentan competencias en ámbitos relacionados con la atención a la discapacidad de las personas, como servicios sociales, salud, mayores, dependencia, empleo o educación. Para garantizar la transparencia del funcionamiento de la Agencia en la prestación de los apoyos, se establecen diferentes mecanismos de control externo mediante sistemas que resulten flexibles, confiables y efectivos. En general, la ley se propone mejorar la organización de la Agencia, haciéndola más ágil para atender con eficiencia y eficacia a las situaciones que puedan plantearse en el ejercicio de sus funciones, atendiendo a las necesidades y la voluntad y preferencias de la persona a la que se presten los apoyos.

Ley 2/2023, de 24 de febrero, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid (BOE 9 junio 2023).

Esta Ley sustituye y deroga a la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

Las disposiciones que se refieren a las personas con discapacidad son las siguientes:

«Artículo 37. El consejo rector y los administradores. Carácter, competencia, prohibiciones e incompatibilidades.

3. No podrán ser miembros del órgano de administración:

c) Las personas judicialmente incapacitadas, de conformidad con la extensión y límites establecidos en la sentencia de incapacitación.

En las cooperativas integradas mayoritariamente o exclusivamente por personas con discapacidad intelectual, su falta de capacidad de obrar, en su caso, será suplida por sus tutores/representantes legales, con arreglo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes, a los que se aplicará el régimen de incompatibilidades, incapacidades y prohibiciones, así como el de responsabilidad, establecidos en esta ley.»

Es extraño que en una ley tan reciente aun se haga mención a la incapacitación y a la tutela y no a la ley 8/2021 y a la curatela y a las medidas voluntarias de apoyo.

«Artículo 103. Trabajo asalariado y trabajo societario.

1. El número de horas por año realizadas por los trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido que no sean socios no podrá ser superior al cuarenta y nueve por ciento del total de horas por año realizadas por los socios trabajadores.

Si las características o necesidades objetivas de la actividad empresarial obligaran a superar estos porcentajes deberán comunicarse al Registro de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

No obstante, para el cómputo del mencionado límite no se tendrán en cuenta los siguientes supuestos:

d) Cuando se trate de trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento.»

«Artículo 104. Cooperativas de iniciativa social.

1. Son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto principal la prestación de servicios relacionados con: la educación especial y la asistencia a personas con discapacidad, entre otras.»

«Artículo 117. Régimen de las cooperativas de viviendas.

2. Las viviendas y locales promovidos por la cooperativa podrán, mediante cualquier título admitido en derecho, ser adjudicados en propiedad, arrendados o cedidos a los socios para su uso y disfrute, ya sea de forma habitual, ya sea para descanso o vacaciones, ya sea como residencia de personas mayores o con discapacidad. En la publicidad del proyecto deberá indicarse la modalidad de uso de vivienda prevista para cada promoción.»

«Artículo 125. Cooperativas de integración social.

1. Son cooperativas de integración social aquéllas que procuran a sus miembros atención o integración social por uno de estos medios:

a) Proporcionándoles medios y servicios, tanto de consumo general como específico, para su subsistencia y desarrollo.

b) Organizando la producción y comercialización de los productos que elaboran en régimen de empresa en común.

c) Coordinando ambas funciones mediante una estructura cooperativa adecuada. En el primer caso se aplicará básicamente la normativa sobre cooperativas de consumidores; en el segundo, la correspondiente a cooperativas de trabajo; y en el tercero, la relativa a las cooperativas integrales.

2. La mayoría de los socios de estas cooperativas deberán pertenecer a colectivos de: personas con discapacidad física, intelectual, sensorial o enfermedad mental; personas menores de edad en situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social y sus responsables parentales, tutores o guardadores; mayores con carencias familiares y económicas; y cualquier otro grupo o minoría en situación de exclusión social o riesgo de padecerla.»

Ley 12/2022, de 21 de diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid BOE 7 junio 2023).

Esta ley deroga la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la Orden 1311/2017, de 3 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Aunque es una ley que se autodefine como de tercera generación, y en su exposición de motivos dice que el nuevo modelo de atención se articula a partir de la noción de derecho subjetivo, en su concepción clásica, que reconoce a los madrileños, de manera personal e individual, la posibilidad de su ejercicio y reclamación, lo cierto es que ni siquiera a las personas con Grado III de dependencia se les garantiza el derecho de acceso a atención diurna y residencia sino tan solo a las prestaciones económicas de dependencia las cuales son muy inferiores en su cuantía máxima, al coste de los citados servicios. También esta garantizado el reconocimiento de grado de discapacidad y de la situación de dependencia.

En el artículo 91.7 se mantiene que la prestación del servicio público por estancia o atención en centros de atención social para personas con discapacidad tendrá carácter gratuito para los usuarios de los mismos. Pero no se garantiza el acceso a los mismos en un determinado plazo ni siquiera a personas con Grado III de dependencia.

Aunque se dice que la ley se centra en las personas y en la familia no se garantiza en su totalidad el derecho a la atención temprana, sino tan solo prevención, la detección precoz y el diagnóstico, pero no la terapia propiamente dicha.  

El título V regula, en dos capítulos, la provisión de las prestaciones por el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, así como la previsión de colaboración entre el sector público y la iniciativa privada para la prestación de los servicios sociales. Establece una distinción clara entre los conceptos de prestación directa, por las Administraciones públicas, e indirecta, es decir, realizada por actores privados, aunque siempre bajo responsabilidad pública. Esta fórmula indirecta se desarrollará principalmente mediante instrumentos como los previstos en la normativa sobre contratación pública y el concierto social. Esta modalidad –el concierto social– a la que se dedica el capítulo segundo, se introduce por primera vez en la normativa de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, al igual que se ha hecho ya en otras regulaciones autonómicas, al amparo de lo establecido en la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con el propósito de contar con un instrumento de colaboración que permita una mayor estabilidad en la prestación de los servicios, que redunde en la calidad del Sistema Público.

No obstante el desarrollo del concierto social, como también el catálogo de prestaciones y servicios destinados a las personas con discapacidad queda al desarrollo reglamentario que no se ha producido todavía.

País Vasco:

Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias (BOE 7 junio 2023).

«Artículo 13. Derechos objeto de especial protección.

1. La actuación de los poderes públicos se orientará preferentemente a proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias en las siguientes situaciones:

a) Cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

b) Cuando afecten a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

2. Con tal finalidad, se pondrá especial atención a:

c) La integración social como personas consumidoras y usuarias de las personas con discapacidad.»

«Artículo 33. Acceso sin discriminación a los bienes y servicios.

Las personas empresarias que suministren bienes o presten servicios tienen obligación de atender las demandas de las personas consumidoras o usuarias cuando su satisfacción esté dentro de sus disponibilidades. Queda prohibida cualquier discriminación por motivos de entre otros, discapacidad, sin perjuicio de la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.»

La Rioja:

Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOE 1 junio 2023)

Destaca como novedad el establecimiento de unos principios y fundamentos de actuación de la función pública riojana, que siguen el modelo implantado en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y que son ampliados para abarcar otros sumamente importantes, como la igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad universal en el empleo público de las personas con discapacidad.

El título V se dedica a la adquisición y pérdida de la relación de servicio, estructurándose en tres capítulos que contienen una detallada regulación de los principios y requisitos para el acceso al empleo público, destacando la regulación del acceso de personas con discapacidad.

«Artículo 42. Personas con discapacidad o diversidad funcional.

1. En las ofertas de empleo público de las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de modo que progresivamente se alcance el dos por cien de los efectivos totales de cada Administración, siempre que superen las pruebas selectivas, se declaren aptas y que, en su momento, acrediten el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes, según se determine reglamentariamente.

La reserva del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

2. La Administración adoptará, en su caso, medidas adecuadas en el procedimiento selectivo que garanticen la participación de las personas aspirantes con discapacidades en condiciones de igualdad mediante las adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios, pudiéndose prever en las ofertas de empleo público convocatorias independientes de procedimientos selectivos para el acceso de personas con discapacidad, con pruebas selectivas específicas que se adapten a las discapacidades concretas de las personas aspirantes.

3. Reglamentariamente se regulará el tipo de puestos y condiciones para que se lleve a cabo la cobertura de puestos de trabajo por personas con discapacidad.»

El artículo 55.j) regula el derecho a no ser discriminado por razón de discapacidad.»

El artículo 114.7 regula la excedencia por cuidado de familiares, incluido por razón de discapacidad:

«También tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de, entre otras, discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.»