Vidas desprotegidas

Hay temas cuyo tratamiento exige sensibilidad, tacto y mesura. Pero con el máximo respeto a los sentimientos y conductas de las personas que piensan de modo diferente, no podemos ocultar las más profundas convicciones que nacen de la reflexión, el conocimiento y el cabal ejercicio de discernimiento. Nos referimos a un tema cada vez más candente como es el aborto de un feto con síndrome de Down, y a nuestra posición ante el esfuerzo extraordinario que las sociedades científicas, las empresas industriales, los gobiernos y la sociedad en general están aplicando para difundir y promover el diagnóstico prenatal de diversas alteraciones en los fetos, del que se está derivando de forma imparable y en muchísimas ocasiones la imposibilidad de su nacimiento mediante la eliminación de su vida. Las estadísticas en el caso del síndrome de Down son realmente impresionantes: hasta un 85% de fetos diagnosticados con síndrome de Down son abortados. Cada vez es más frecuente oír en la calle una conversación tan simple como ésta:

- María ha tenido un bebé con síndrome de Down.
- Qué barbaridad. ¿Es que no se hizo la prueba?

Las sociedades científicas han empezado a recomendar a todos los ginecólogos y obstetras que apliquen tempranamente las técnicas diagnósticas –ecografía y pruebas bioquímicas– en las primeras semanas del embarazo. Esas técnicas no aseguran el diagnóstico de que el feto vaya a tener síndrome de Down pero proporcionan datos de presunción o sospecha lo suficientemente precisos como para que el ginecólogo ofrezca entonces a la pareja la realización de una amniocentesis o de una biopsia de vellosidades coriales, que darán el diagnóstico exacto. Si éste es positivo, el dilema del aborto queda planteado con toda su crudeza e inmediatez. Y es en esos momentos cuando la presión social (ginecólogos, matronas, genetistas, y, sobre todo, la familia y los amigos) es tal que, en los países en donde el aborto está legalmente permitido o despenalizado, se alcanzan las cifras de aborto antes indicadas. La información que se ofrece sobre el síndrome de Down en esos momentos suele carecer de rigor, objetividad y profesionalidad. Con el agravante de que si un médico no ofrece a la pareja desde el principio las posibilidades diagnósticas y sus consecuencias, puede ser después demandado y condenado por los tribunales por ocultación de información.

Podemos utilizar todos los términos eufemísticos que queramos; ninguno de ellos oculta la cruda realidad de que, en el momento actual, se está imponiendo una política sistemática de desprotección de la vida de los fetos con síndrome de Down que está conduciendo a la extinción de su presencia en la sociedad. Sencillamente, carecen de derechos y no hay ley alguna que los proteja. A pesar de que son las mismas personas con síndrome de Down quienes proclaman y reclaman su derecho a la vida. Y esto en un momento histórico en que la vida de cualquier animal recibe la máxima consideración.

De nada sirven los éxitos conseguidos para mejorar la salud de las personas con síndrome de Down, para prolongar una vida plena de realizaciones y de calidad, para conseguir que aporten su trabajo a la sociedad, para comprobar que su presencia ofrece a esta sociedad cada vez más dura en la que vivimos, sus inconmensurables servicios de amabilidad, afecto, delicadeza, inocencia, tenacidad, lealtad. Su destino parece estar firmado por una decisión que se está imponiendo de manera implacable.

Si alguien tiene que rebelarse contra esta realidad injusta hemos de ser los individuos e instituciones que más y mejor conocemos a las personas con síndrome de Down. No para condenar, sino para ofrecer soluciones humanas y humanizadoras, para mostrar ante el mundo, con sencillez pero con decisión, la realidad que vivimos diariamente, que no suele ser ni mejor ni peor que la que nos deparan nuestros demás hijos, para dar opciones positivas.